INTERESES EN CONFLICTO

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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibió una denuncia de un particular por “hechos con apariencia de graves irregularidades” en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El escrito apunta a la Unidad de Reproducción Humana del Hospital Pereira Rossell, a cuatro de sus médicos y al presunto direccionamiento de pacientes a una clínica de reproducción asistida privada en las que ellos trabajan.

El País ya había informado en enero pasado sobre una investigación administrativa que aún está en curso en ASSE, por la cual se intenta constatar por qué el 97% de los tratamientos de fertilización asistida que se realizan las pacientes del Pereira Rossell, y que son financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), son derivados a esa única clínica, en la que trabajan cuatro médicos de la Unidad de Reproducción Humana.

La denuncia ante la Jutep sostiene que se puede estar ante un caso de “violaciones al principio de la buena administración, falta de probidad de funcionarios públicos, conflicto de intereses, preeminencia de intereses particulares sobre los colectivos y violaciones a la Ley 19.823”, la que establece el código de ética para servir en la administración pública.

Y continúa advirtiendo que estos cuatro médicos que trabajan en la Unidad de Reproducción Humana “evidencian un claro conflicto de intereses, al derivar a sus pacientes que atienden en el Hospital a la Clínica Privada Centro de Esterilidad Montevideo (CEM) en la cual trabajan en forma privada y remunerada, para realizar los tratamientos de alta complejidad de reproducción asistida, financiados por el FNR”.

Paso seguido insiste en que: “Los hechos son contundentes y acreditan que los médicos, funcionarios públicos del Pereira Rossell, se valen del cargo para influir sobre la paciente con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para la Clínica CEM en la que trabajan”.

Ana Marrero, la abogada que denunció el caso a la Jutep, fue la misma que presentó a inicios de este año el caso ante ASSE, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el propio hospital Pereira Rossell. Las tres denuncias se juntaron y se conformó una sola investigación que está en manos de la administración de hospitales.

La base de la denuncia está en los siguientes números: desde que estos tratamientos empezaron a ser financiados o cofinanciados por el FNR en el año 2015 y hasta octubre del año pasado, fueron más de 9.000 los procedimientos realizados en estas clínicas, la gran mayoría de ellos a pacientes de instituciones privadas. En el caso del Pereira Rossell se atendieron 1.093 pacientes y de estos 1.062 se terminaron haciendo el tratamiento en el CEM, lo que ha implicado un traspaso de $ 300 millones, equivalentes a más de US$ 8 millones, desde el Fondo a esta clínica. Esta información se desprende de un pedido de acceso a la información realizado por la misma denunciante, el que fue derivado a las autoridades del Pereira Rossell, ASSE, el MSP y ahora la Jutep.

El escrito presentado a este último organismo, incluso, aportó nuevos números. En agosto de 2020, advierte que se solicitó más información al FNR, y de lo contestado se desprende que “desde junio de 2019 hasta julio de 2020 se realizaron 1.624 tratamientos de alta complejidad a pacientes de ASSE, de los cuales 1.532 fueron realizados por los mismos médicos del Pereira Rossell en la Clínica CEM. El FNR pagó a CEM la suma de $ 75.036.587,48 (U$S 1.787.000) en un año de prestaciones solicitadas por los cuatro médicos”. Estos números confirman que el 97% de los derivados van a parar a la misma clínica.

En lo entregado a la Jutep se advierte, también, que el FNR opuso “resistencia a brindar” esta información, pero luego “se vio obligado a responder” ante una acción judicial de Habeas Data. También dice, y lo demuestra con documentación, que el organismo “se excusó” de tomar algún tipo de medida contra estos médicos, pues “como persona pública no estatal no revisten la calidad de funcionarios públicos y la denuncia excede su competencia”. La denunciante, sin embargo, sostiene que el FNR “se encuentra obligado a actuar”, pues desde la óptica de los porcentajes y montos totales abonados se llega fácilmente a la conclusión de que existe un servicio público que está en manos privadas de sus propios funcionarios, lo cual está prohibido por la normativa”.

El documento también sostiene que “esta problemática del funcionamiento del FNR, ya fue puesta “en evidencia” por la Auditoría General de la Nación, y cita un informe de setiembre de este año que advierte sobre la “falta de actividades efectivas de control para asegurar la ausencia de conflictos de intereses” en el organismo. También dice que ni ASSE ni el MSP han tomado medidas, y que a cambio se han excusado en la “realidad institucional del sistema”.