CRÍMENES EN DICTADURA

Material incautado a Gavazzo podría ser clave, según fiscal

Perciballe dijo que documentación podría ayudar a esclarecer otras causas.

José Nino Gavazzo. Foto: Paula Barquet
José Nino Gavazzo. Foto: Paula Barquet

A las 18:30 horas del jueves 9, varias cajas con biblioratos y libros llegaron al Juzgado Penal, cuya titular es la jueza Julia Staricco. El juzgado estaba cerrado a esa hora. El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, no quiso tocar el material.

Staricco investiga denuncias de presas políticas sobre que sufrieron torturas y abusos sexuales por parte de militares entre 1972 y 1983, entre ellos José Nino Gavazzo.

El caso se tramita por el viejo Código del Proceso Penal (CPP). Es decir, es la jueza Staricco la que dirige la investigación y no la Fiscalía como ocurre con los expedientes regidos por el CPP, que comenzó a implementarse el 1° de noviembre de 2017.

Staricco y Perciballe aún no saben qué contienen las carpetas y los biblioratos incautados en la casa donde reside Gavazzo, en Parque Miramar. Por una cuestión de jurisdicción, Perciballe le pidió el allanamiento a la jueza de la Ciudad de la Costa, Elena Iriarte.

Perciballe dijo a El País que los biblioratos, cajas con documentos, fotografías y cassettes con información relacionada a crímenes durante la dictadura deberán ser analizados por un historiador.

“Es posible que sirva para esa causa (una denuncia de torturas y abusos sexuales entre 1972 y 1983) presentadas por presas políticas contra Gavazzo u otras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. “Yo presenté ahí el pedido de allanamiento (que derivó a Iriarte), porque esa es una causa muy abarcativa” de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, dijo el fiscal Perciballe.

El allanamiento se efectuó luego que Gavazzo, en una entrevista concedida a Qué Pasa de El País el pasado fin de semana, reconociera la validez de la tortura en tiempos de guerra.

“No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura", expresó el exmilitar.

En otro pasaje de la entrevista, Gavazzo sostuvo: "No es que yo esté defendiendo la tortura y esté diciendo ‘qué bien la tortura, cada vez que tenga un ratito voy a torturar a alguien’. No, no es ese mi pensamiento. Pero sí, si mañana me dicen que tienen secuestrada a su hija, ¿verdad? Y me dicen que son los tupamaros, y me dicen que lo que quieren es una respuesta política suya para no matar a su hija, ¿sabe una cosa? Yo voy a defender a su hija".

Críticas

Rosanna Gavazzo, hija y abogada defensora del exmilitar, dijo a El País que no fue notificada del allanamiento a la casa donde reside el exmilitar y agregó que, en varias oportunidades, trató de comunicarse con la jueza Iriarte para trasmitirle que la Policía se había llevado material que constituían pruebas a favor de la defensa.

“Estaban violando el derecho de defensa (de Gavazzo). Al allanamiento no fue la jueza (Iriarte) ni el fiscal (Perciballe), dijo.

Y anunció que presentará las acciones que correspondan contra el allanamiento.

Para la abogada penalista, en Uruguay “no existe” la libertad de expresión, ya que después que Gavazzo otorgara una entrevista a El País se realiza el allanamiento.

“No les gusta nada lo que él dice a la prensa. Si bien mi padre está preso, puede expresarse libremente”, afirmó la abogada penalista.

Hace dos semanas, la abogada de Gavazzo presentó ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la ley que creó la fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Por ello, dijo, el fiscal Perciballe no es competente para solicitar un allanamiento a la casa donde residente el exmilitar.

En el momento del allanamiento, Gavazzo no estaba en la casa. Era intervenido por una insuficiencia renal.

Perciballe replicó dichos de la defensa de Gavazzo señalando que ningún fiscal notifica los allanamiento y recordó que, día a día, fiscales de otras materias ordenan allanamientos sin comunicar a la parte afectada.

Con respecto a que no puede actuar hasta que la Suprema Corte de Justicia dilucide la acción de inconstitucionalidad, Perciballe la calificó de “disparate” y de medida “dilatoria”.

Según el representante del Ministerio Público, la ley debe ser aplicada hasta que la Corte resuelva que la norma no puede ser instrumentada para ese caso concreto. 

(Producción: Paula Barquet).

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