JUSTICIA

Se manejó en el juzgado el posible desafuero de De León

Se supo que la jueza abriría otro expediente para no trancar el caso ALUR.

De León dijo que adquisición de aeronave permitió a directores hacer largos viajes. Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

El expresidente de ALUR, Leonardo de León —hoy senador de la Lista 711— enfrenta varios frentes. Ayer trascendió en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado la posibilidad de que la jueza de dicha materia, Beatriz Larrieu, solicite su desafuero si el fiscal Luis Pacheco pide su procesamiento por los gastos con las tarjetas corporativas de ALUR.

Las audiencias de ayer en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado fueron cortas. Declararon los exdirectores de Ancap, Juan Justo Amaro y Juan Máspoli (Partido Colorado) y el ex gerente general de ALUR, Manuel González.

Los temas de las citaciones fueron los negocios de intermediación entre la compañía Trafigura, Ancap y Petroecuador; la renegociación de las deudas con Petróleos de Venezuela y las seis modificaciones del contrato entre ALUR y Teyma para la construcción de la planta de etanol en la ciudad de Paysandú.

Entre una citación y otra se dio un intercambio entre la jueza Larrieu y los abogados sobre las posibles próximas etapas del expediente.

La jueza transmitió que, en caso de darse esa posibilidad, deberá abrir una pieza aparte para no trancar las investigaciones sobre las denuncias de supuestas irregularidades en la gestión de ALUR.

Los profesionales presentes en las audiencias también se interesaron ayer sobre cuándo Pacheco dictaminará sobre los gastos de las tarjetas corporativas de ALUR.

Trascendió en la sede que la vista fiscal quedará para la próxima semana o para más tarde, ya que el abogado del director Juan Justo Amaro solicitó a la magistrada un plazo de 10 días para realizar sus descargos.

Una fuente del entorno de De León dijo a El País que el legislador de la Lista 711 concurrirá a declarar cada vez que sea citado por la Justicia como lo ha hecho hasta ahora.

El 19 de marzo pasado, Pacheco solicitó el procesamiento de nueve exjerarcas de Ancap, entre ellos el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic.

Con relación al uso de tarjetas corporativas de ALUR por parte de De León, la Fiscalía "diferirá su pronunciamiento" hasta tanto se expida la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que ha resuelto intervenir de oficio en el estudio del caso.

Como lo informó El País, el informe de la Jutep concluyó que De León utilizó la tarjeta de crédito corporativa de ALUR en viajes al exterior que la empresa no informa como realizados en ejercicio de sus funciones, y agregó que efectuó 130 gastos por un total de US$ 22.000.

Preguntado sobre los cuestionamientos de la Jutep, De León dijo a El País que el organismo no tomó en cuenta la información que presentó sobre los gastos con las tarjetas corporativas de dicha empresa, y advirtió que las erogaciones están justificadas, tiene documentación que las respalda y hubo reintegros de su parte a ALUR.

Contactos.

Otro frente que afrontará De León tiene relación con sus contactos en Buenos Aires con Daniel Mercado, representante de la empresa Griñó en América Latina.

Ayer, el programa "Así nos va" de Radio Carve, informó que Mercado, cuyo segundo apellido es Lozano, es un publicista argentino que en el año 2012 testificó como arrepentido en España por haber blanqueado dinero negro del Partido Popular (PP) de ese país. En Twitter, el fiscal de Corte Jorge Díaz dijo que envió a Pacheco el audio del programa.

De León también deberá brindar explicaciones en el Frente Amplio sobre sus gastos con tarjetas corporativas.

El miércoles 11, el Tribunal de Conducta del Frente Amplio tomó de oficio el caso de las compras que el senador realizó con las tarjetas corporativas de ALUR.

El parlamentario deberá dar explicaciones por haber realizado gastos con la tarjeta corporativa de la empresa, pese a que había percibido viáticos.

La decisión fue adoptada por el Tribunal presidido por Enio Martínez e integrado por los dirigentes Jorge Brovetto, Nicolás Grab, María Elena Martínez, Jaime Igorra y Juan Carlos Ferreira.

Asamblea Uruguay, la Liga Federal y la Vertiente Artiguista se habían mostrado dispuestos a analizar un posible pedido al Tribunal de Conducta.

Sendic declaró ayer que todos los gastos que realizó De León estaban justificados. "Los gastos con la tarjeta corporativa están todos relacionados con su tarea en ALUR. Él lo va a explicar a la sede judicial a través de un escrito", agregó.

El presidente del FA, Javier Miranda, dijo al portal de noticias Ecos que le preocupaba que a De León "se lo condene de antemano". Agregó que el objetivo del Tribunal de Cuentas es "reubicar" y "marcar" el debate público sobre el tema y que se respete el principio de inocencia que debe regir en todos los casos judiciales.

Amaro: "Yo integré un bloque opositor"

En las audiencias de ayer declararon en calidad de indagados los ex directores colorados de Ancap, Juan Justo Amaro y Juan Máspoli, y el ex gerente general de ALUR, Manuel González.

El 19 de marzo pasado, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó a la jueza Beatriz Larrieu el procesamiento de Amaro por incurrir en un delito de abuso de funciones y el de González por estafa. Sobre Máspoli no hubo solicitud.

Amaro declaró ayer que durante el período en que fue director de Ancap se opuso a los negocios de intermediación con la empresa holandesa Trafigura y Petroecuador. "En Ancap yo integraba un bloque opositor y mi defensa va a presentar elementos que reflejan la tarea de ese bloque opositor como el pedir auditorías", expresó.

Amaro solicitó "igualdad ante la ley", ya que su entonces compañero de directorio, el blanco Carlos Camy, no enfrenta ninguna solicitud de Fiscalía. "Pido que se cite a Camy para que diga que yo también integré el bloque opositor en Ancap", dijo Amaro.

Máspoli agregó que votó en contra del acuerdo de servicios entre Ancap y la multinacional EXOR, por el que se proponía al ente una ingeniería financiera para la refinanciación de deudas por crudo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Sostuvo que también se opuso a un acuerdo entre Ancap y EXOR referido a un eventual incumplimiento de la empresa estatal en los negocios con Venezuela. Ello derivó en reclamos judiciales por parte de la multinacional a Ancap por US$ 34 millones.

Máspoli señaló que dialogó con el entonces presidente José Coya sobre el informe favorable de Jurídica. "Le expliqué que estábamos en contra de todo lo relacionado con Pdvsa", dijo.

Por su parte, González solo ratificó declaraciones realizadas el 28 de abril de este año.

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