HOGARES DE AMPARO Y FALLAS DE CONTENCIÓN

Madre desbordada, padre preso, delincuencia y consumo: la desprotección detrás del niño que rapiñaba

Con sus hermanas robó una boca de droga y consumían durante horas. Su madre pidió ayuda al INAU, que solicitó la internación urgente. Duró solo dos meses. Al regresar a su casa, todo empeoró.

Un informe técnico del INAU, al que accedió El País, cuenta cómo se definió su internación en 2020. Duró apenas unos meses. Foto: Leonardo Mainé
Un informe técnico del INAU, al que accedió El País, cuenta cómo se definió su internación en 2020. Duró apenas unos meses. Foto: Leonardo Mainé

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Un equipo de INAU se aparece en su casa. Ella sabe el motivo y no opone resistencia. Al revés: está desesperada y se desahoga. Les cuenta que sus hijos, los tres menores de edad, consumen drogas. Que han destruido gran parte de su vivienda y de sus pertenencias. Que se encuentran hasta altas horas de la noche circulando por el barrio. Que robaron una boca de pasta base. Que apedrean las casas de los vecinos y los agreden.

“Estoy desbordada”, les dice, y les suplica que internen a sus tres pequeños en un hogar de amparo. Teme por ellos porque sabe el riesgo que corren. Admite que los niños delinquen.

Mientras ella habla, los educadores del INAU ven a J, en ese entonces de 10 años, asomarse a la ventana y pasar una cuchilla por su garganta para “captar la atención del equipo y de su madre”, dice un informe técnico al que accedió El País.

Es 21 de mayo de 2020. Ese equipo vuelve a su oficina, un centro de referencia territorial, y redacta lo sucedido. El encargado del lugar estampa su firma en el informe y ese mismo día agrega una nota dirigida a un Juzgado de Familia, en la que deja registro de que piden a la Unidad de Derivaciones y Urgencias del INAU la internación de los tres niños, J y dos de sus hermanas, de 11 y 12 años. El motivo: “situación de riesgo por consumo problemático de sustancias psicoactivas y realización de actos delictivos”.

Su hogar.

El más pequeño de cinco, de padre diferente de sus hermanos, J se crió en un hogar endeble y en un entorno presumiblemente violento. En su barrio, el apellido de sus hermanos es mala palabra y sinónimo de un clan familiar delictivo. Su padre ha estado preso en reiteradas oportunidades; en este momento está recluido.

De pequeño J fue a un centro CAIF. Cuando tenía 9 años su casa fue incendiada y por eso vivió un tiempo junto a su familia en un hogar del Mides. En aquel momento INAU tomó contacto con ellos.

Pero luego se perdió el rastro de su mamá y no se retomó el vínculo hasta varios años después, cuando recibieron una denuncia policial y otra en Línea Azul.

Intervinieron. Se encontraron con “una referente que no ha podido desplegar estrategias de cuidado y protección” con sus hijos.

Hablaron con familiares. La hija mayor y una tía contaron que los niños delinquían y consumían, y que eran agresivos con ellas.

Hablaron con tres vecinos. Todos relataron haber sufrido agresiones de J y sus hermanas. Además, confirmaron que los tres consumían alcohol, marihuana y cocaína.

Finalmente visitaron a la mamá. Concluyeron que carecía de “capacidades de cuidado, puesta de límites y protección para revertir la situación”.

Patrullero. Foto: Estefania Leal
Patrullero. Foto: Estefania Leal

Tres hogares del INAU.

La internación del niño y sus hermanas no fue inmediata; se concretó recién cuatro meses después, el 1 de octubre. J ingresó al centro Andariegos, un hogar de amparo común para varones de entre 10 y 14 años. Estuvo 16 días allí y lo cambiaron a otro hogar, un centro de ingreso temporal en el que permaneció una semana. Le encontraron sitio en otro centro, Bilu, donde vivió un mes. No se atendió su consumo de drogas. A fines de noviembre se desvinculó del sistema de protección y volvió a su casa. Los motivos no surgen de la información disponible.

Lo que sí se pudo saber en base a fuentes del organismo es que a J “le costaba adaptarse”.

El 27 de noviembre de 2020 empezaron a tratar con él en un club de niños del barrio para llenar su tiempo libre de actividades. Sin embargo, las buenas intenciones de los educadores no fueron suficientes, y sus redes de contacto lo llevaron de vuelta a la delincuencia.

Pasó casi un año de aquella visita del INAU a su casa. Hace una semana, J fue registrado por cámaras de dos comercios rapiñando con un arma de fuego, en compañía de dos adultos que la Policía aún busca. Ahora, por decisión del juez Juvenal Javier, el niño será institucionalizado nuevamente y deberá recibir tratamiento para desintoxicarse.

INAU investigará denuncia de malos tratos

El domingo de noche, sabiendo que la Policía buscaba a su hijo, la madre lo entregó a la Policía. Cuando declaró ante el magistrado letrado de Familia Especializado de 6º Turno, Juvenal Javier, entre otras cosas el niño dijo que había sufrido malos tratos en uno de sus pasajes en el INAU. Ante esto el magistrado decidió remitir sus declaraciones a la Fiscalía para que investigue, en 48 horas, si hubo omisión de algún funcionario en denunciar un delito.

El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo ayer en Doble Click de FM Del Sol que mantuvo una “muy buena conversación” al respecto con el juez Javier, y que el INAU hará sus propias indagatorias internas en paralelo a la que realice Fiscalía. Hasta ayer no había novedades sobre el asunto.

Según supo El País, el niño se encuentra en Tribal, un centro de ingreso para adolescentes (pese a que no tiene la edad acorde), por su perfil y su historial conflictivo. El juez definió, además de su internación en un hogar de amparo, que realice un tratamiento para atender su consumo problemático de drogas. Esto será coordinado entre el INAU y el Hospital Pereira Rossell.

A su vez, Javier determinó que el INAU tome contacto con los abuelos maternos del niño para determinar si podrían hacerse cargo de él. A propósito, Abdala dijo: “El juez habló de la presencia de sus abuelos e iremos por ahí. Iremos a buscar el apoyo familiar en los abuelos de este niño. Debe poder reinsertarse en un contexto familiar y comunitario”.

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