HOGARES DE AMPARO Y FALLAS DE CONTENCIÓN

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Un equipo de INAU se aparece en su casa. Ella sabe el motivo y no opone resistencia. Al revés: está desesperada y se desahoga. Les cuenta que sus hijos, los tres menores de edad, consumen drogas. Que han destruido gran parte de su vivienda y de sus pertenencias. Que se encuentran hasta altas horas de la noche circulando por el barrio. Que robaron una boca de pasta base. Que apedrean las casas de los vecinos y los agreden.

“Estoy desbordada”, les dice, y les suplica que internen a sus tres pequeños en un hogar de amparo. Teme por ellos porque sabe el riesgo que corren. Admite que los niños delinquen.

Mientras ella habla, los educadores del INAU ven a J, en ese entonces de 10 años, asomarse a la ventana y pasar una cuchilla por su garganta para “captar la atención del equipo y de su madre”, dice un informe técnico al que accedió El País.

Es 21 de mayo de 2020. Ese equipo vuelve a su oficina, un centro de referencia territorial, y redacta lo sucedido. El encargado del lugar estampa su firma en el informe y ese mismo día agrega una nota dirigida a un Juzgado de Familia, en la que deja registro de que piden a la Unidad de Derivaciones y Urgencias del INAU la internación de los tres niños, J y dos de sus hermanas, de 11 y 12 años. El motivo: “situación de riesgo por consumo problemático de sustancias psicoactivas y realización de actos delictivos”.

El más pequeño de cinco, de padre diferente de sus hermanos, J se crió en un hogar endeble y en un entorno presumiblemente violento. En su barrio, el apellido de sus hermanos es mala palabra y sinónimo de un clan familiar delictivo. Su padre ha estado preso en reiteradas oportunidades; en este momento está recluido.

De pequeño J fue a un centro CAIF. Cuando tenía 9 años su casa fue incendiada y por eso vivió un tiempo junto a su familia en un hogar del Mides. En aquel momento INAU tomó contacto con ellos.

Pero luego se perdió el rastro de su mamá y no se retomó el vínculo hasta varios años después, cuando recibieron una denuncia policial y otra en Línea Azul.

Intervinieron. Se encontraron con “una referente que no ha podido desplegar estrategias de cuidado y protección” con sus hijos.

Hablaron con familiares. La hija mayor y una tía contaron que los niños delinquían y consumían, y que eran agresivos con ellas.

Hablaron con tres vecinos. Todos relataron haber sufrido agresiones de J y sus hermanas. Además, confirmaron que los tres consumían alcohol, marihuana y cocaína.

Finalmente visitaron a la mamá. Concluyeron que carecía de “capacidades de cuidado, puesta de límites y protección para revertir la situación”.

La internación del niño y sus hermanas no fue inmediata; se concretó recién cuatro meses después, el 1 de octubre. J ingresó al centro Andariegos, un hogar de amparo común para varones de entre 10 y 14 años. Estuvo 16 días allí y lo cambiaron a otro hogar, un centro de ingreso temporal en el que permaneció una semana. Le encontraron sitio en otro centro, Bilu, donde vivió un mes. No se atendió su consumo de drogas. A fines de noviembre se desvinculó del sistema de protección y volvió a su casa. Los motivos no surgen de la información disponible.

Lo que sí se pudo saber en base a fuentes del organismo es que a J “le costaba adaptarse”.

El 27 de noviembre de 2020 empezaron a tratar con él en un club de niños del barrio para llenar su tiempo libre de actividades. Sin embargo, las buenas intenciones de los educadores no fueron suficientes, y sus redes de contacto lo llevaron de vuelta a la delincuencia.

Pasó casi un año de aquella visita del INAU a su casa. Hace una semana, J fue registrado por cámaras de dos comercios rapiñando con un arma de fuego, en compañía de dos adultos que la Policía aún busca. Ahora, por decisión del juez Juvenal Javier, el niño será institucionalizado nuevamente y deberá recibir tratamiento para desintoxicarse.