EN JUNIO DE ESTE AÑO

A comienzos de 2019 una pareja que vivía en Montevideo se divorció y acordó latenencia compartida de sus dos hijos, que actualmente tienen 11 y 8 años. En julio de ese año la mujer, de 33 años, viajó a Alemania para participar en un coro de ese país, pero un viaje que sería temporal culminó con su intención de quedarse a vivir allí. Mientras, el padre, de 44 años, se hizo cargo de los niños.

La mujer contrajo matrimonio con un hombre de nacionalidad húngara, según se detalla en la sentencia interlocutoria del Juzgado de Familia de 22° turno, Al regresar a Uruguay, en octubre de 2020, la mujer se reencontró con sus hijos y desde ese entonces se negó a que su padre los siguiera criando.

La madre lo denunció por violencia y acoso sexual a los niños y argumentó ante la Justicia que su madre -la abuela de los menores-fue quien le relató que se estaría dando esta situación. También, dijo que ella había percibido síntomas que indicaba que sus hijos fueron violentados.

El caso llegó al Juzgado de Familia Especializada de 8° turno, a cargo de la jueza Julia Staricco, quien determinó la medida cautelar de restricción para el padre. La madre decidió cambiar a los dos niños de escuela y les prohibió el contacto con cualquier persona de la familia paterna.

“Desde el Juzgado se hicieron determinados informes que fueron muy parciales e incompletos con sesgos marcados”, indicó a El País el abogado del padre, Juan Pablo Decia. Luego añadió que uno de los técnicos reconoció que hizo sus informes avalando la teoría de que existían signos de violencia para “cubrirse por la sensibilidad del tema”.

Pese a que desde el juzgado remitieron los antecedentes a la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, se señaló que la denuncia no tenía sustento como para siquiera iniciar una investigación, puntualizó la defensa.

En el marco de este proceso judicial, en noviembre de 2021 la madre solicitó al Juzgado de Familia la autorización para viajar con sus hijos a Alemania porque el menor debía atenderse con un médico otorrinolaringólogo dado que padecía una cuestión de fonoaudiología. Dijo que allí lo intervendría quirúrgicamente y le harían un tratamiento.

Por otro lado, argumentó que el viaje sería bueno para su hija mayor porque la alejaría del entorno de su padre, del cual, afirmó, sufría violencia psicológica.

El abogado defensor de los niños, por su parte, informó a la jueza que de las entrevistas personales mantenidas con los menores surge que “éstos no manifiestan su voluntad en forma clara”, aunque sí dijeron que sentían miedo de su padre y estaban ansiosos por viajar con su madre. Contaron que el padre les gritó y los insultó desde que la madre se fue a Alemania, aunque la relación mejoró cuando ella retornó al país.

Sin embargo, la defensa destacó que “ninguno de los niños ha demostrado capacidad de comprensión en relación al objeto del proceso” y acentuó el derecho de los niños a “preservar las relaciones familiares como elemento en el derecho a la identidad” y a no discontinuar el año lectivo.

Por su parte, la jueza de Familia de 22° turno, Iris Vega, remarcó que la madre se ausentó en una etapa de “pleno desarrollo físico, psíquico y emocional de los hijos”, momento en el cual el padre se hizo plenamente cargo. También destacó que el tratamiento fonoaudiológico del niño se puede realizar en Uruguay.

“En cuanto a la situación de violencia psicológica, es un cúmulo de denuncias infundadas, planeadas y orquestadas para generar hostilidad hacia el compareciente, para ocultar su clara y manifiesta intención original de llevarse a los niños a Alemania, donde reside y tiene su matrimonio”, apuntó la jueza.

Vega señaló, asimismo, que se formularon denuncias desde la llegada de la mujer al país “con la intención de quitarle la tenencia de sus hijos, generando un escenario judicial favorable para obtener la autorización de llevarse a sus hijos a Alemania, sin pensar en los intereses de los niños”.

La respuesta definitiva de la defensa de los menores determinó que no era un “momento propicio” para el viaje porque los niños se estaban realizando tratamientos y no se acreditó su atención médica en Alemania. A su vez, indicó que tampoco quedan claros los motivos de los niños para no querer estar con su padre.

Por lo tanto, la jueza decidió denegar la solicitud del viaje de la madre porque no se evidenció el interés superior del niño según la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño.

El abogado Decia narró que días después del fallo, las funcionarias del Instituto Nacional de la Mujer (InMujeres) que la estaban patrocinando fueron hasta la casa de la madre y, dado que no contestaba, preguntaron a los vecinos, quienes. Ellos les comentaron que no la veían hacía días.

Esto provocó que se hiciera la denuncia en la oficina de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, que emitió una alerta amarilla. Esto implica qu si la persona presenta sus documentos o registra su huella dactilar en algún lugar a nivel internacional, Interpol recibirá el aviso.

Según supo El País, la mujer se fue de Uruguay con los niños por la frontera seca con Brasil y viajó desde el aeropuerto de San Pablo hacia Europa; utilizó pasaportes italianos porque los niños no tenían uruguayos. A fines de junio, Personas Ausentes recibió una alerta de Interpol que notificaba que los tres se encontraban en Alemania.

La investigación continúa para determina si la mujer utilizó pasaportes falsos para sus hijos porque, según dijo el abogado del padre, este nunca habría firmado la autorización para que se emitieran los pasaportes ni para que viajaran al exterior. La defensa ya solicitó la información a la embajada de Italia en Uruguay para conocer si se emitieron pasaportes, pero aún no tuvo respuestas.

“Vamos a pedir el levantamiento de las medidas cautelares y una vez que se levanten vamos a pedir a través de la Autoridad Central la resolución de los menores”, expresó el abogado del padre.