ETAPA DEFINITORIA

Entre lunes y martes jueza resuelve si procesa a Sendic

Corte analiza mañana varios recursos de inconstitucionalidad por CPP

Raúl Sendic se presentó ante la Justicia para declarar. Foto: Fernando Ponzetto
Foto: Fernando Ponzetto

Comienza una semana clave para la causa que investiga irregularidades en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015. La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, se expedirá sobre si procesa o no al exvicepresidente Raúl Sendic por los delitos de peculado (apropiación indebida cuando el perjudicado es el Estado), por mal uso de las tarjetas corporativas del ente, y abuso de funciones en los negocios de intermediación con Trafigura y la cancelación de deudas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

"Resolveré sobre ese expediente el lunes o martes", dijo a El País la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, luego del acto de nombramiento del ministro de Apelaciones, Ricardo Míguez, realizado en la sede del Poder Judicial.

Mañana también será un día relevante para la Suprema Corte de Corte de Justicia (SCJ). En el orden del día de la sesión se encuentran recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código de Proceso Penal (CPP).

Las iniciativas fueron presentadas por las defensas del abogado Juan José Ayala, acusado de amenazar de muerte al fiscal de Corte y de poseer en su casa dos armas en situación supuestamente irregular, y el de Néstor Correa Balladares, alias "Buñuelo", sindicado de traficar drogas.

Tarjetas.

El 19 de marzo pasado, el expresidente de Ancap fue acusado por el fiscal Luis Pacheco de incurrir en irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas de Ancap (peculado), y de impulsar en el Directorio del ente un acuerdo con la empresa Trafigura sin que se llamase a licitación. En este caso se actuó sin contrato por siete meses en negocios de compra de crudo a Ecuador que alcanzaron los US$ 4.900 millones.

En su dictamen, Pacheco dijo que en el Directorio de Ancap, presidido por Sendic, hubo un manejo discrecional y arbitrario de los fondos cuando el ente enfrentaba dificultades financieras. Y entendió que Sendic cometió un delito de peculado por gastar $ 550.000 y US$ 38.000 con las tarjetas corporativas de Ancap. Devolvió US$ 130.

Para Pacheco quedó semiplenamente probado que Sendic hizo uso de la tarjeta de Ancap en más de 300 oportunidades, y dentro de las compras realizadas, además de gastos en hoteles y restaurantes, figuran adquisiciones en tiendas de ropa, supermercados, locales de calzado deportivo, de electrónica, joyerías y librerías en Uruguay y el exterior, respecto de las cuales no figuran comprobantes justificatorios.

Según el representante del Ministerio Público, Sendic hizo un uso indebido de los dineros públicos "apropiándose" de sumas que no pudieron ser debidamente cuantificadas configurándose el delito de peculado. Además de Sendic, Pacheco pidió los procesamientos de cuatro exdirectores de Ancap por apoyar en el Directorio de Ancap los negocios de intermediación con Trafigura y las cancelaciones de deudas con Pdvsa. También fueron acusados por la Fiscalía cuatro gerentes de Ancap.

"Buñuelo".

La Corte deberá analizar casi una decena de recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en el orden del día del acuerdo previsto para mañana. Entre ellos se encuentra un expediente iniciado por los abogados Salles y Viana, los que defienden a su par Ayala quien es acusado de amenazar de muerte al fiscal de Corte.

Otro recurso fue presentado por el abogado de un homicida de Paysandú. En las últimas semanas, también generó polémica en Maldonado la impugnación contra el CPP presentada por las abogadas del "Buñuelo", Gabriela Gómez y Andrea Audifred. La Policía cree que el acusado es un traficante de drogas y la defensa entiende que no hay pruebas para sostener esa imputación.

Gómez dijo ayer a El País que impugnaron por inconstitucionales una veintena de artículos del Código del Proceso Penal. La intención del nuevo código era aggiornarse con los principios del Derecho internacional, dijo la penalista.

Y agregó que uno de ellos es el principio de inocencia hasta que por una sentencia firme se demuestre lo contrario. En Uruguay, sostuvo Gómez, funciona al revés: "Te meten preso y luego ven si te tenían que encarcelar. Por eso el Ministerio del Interior y el Poder Judicial tienen tantas demandas de presos inocentes".

En caso de que la Corte resuelva la constitucionalidad del nuevo Código, los acusados podrían ser obligados a esperar el juicio en prisión.

34 indagados en el expediente

El 19 de abril de 2016, la oposición presentó denuncia penal por supuestos ilícitos en la gestión de Ancap entre 2010 y 2015. La jueza de esa materia Beatriz Larrieu y el fiscal Pacheco indagaron a 34 personas, entre ellas a seis exdirectores de Ancap. Uno de ellos fue el exvicepresidente de la República, Raúl Sendic; el expresidente del ente, José Coya, y el director blanco en Ancap, Diego Labat. También declararon como indagados el expresidente de ALUR, Leonardo de León, y el ex gerente general de la firma, Manuel González.

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