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Lulukhy dejó la cárcel, pero cumplirá prisión domiciliaria

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Lulukhy (en primer plano) y a su derecha su amiga Leticia juntoa otros implicados en el asesinato del profesor Vaz. Foto: Ricardo Figueredo

CAMBIO DE PENAS

Los otros indagados por el crimen de Vaz también vuelven a sus casas.

La expropietaria de la mansión del sexo, Lulukhy Joselyn Moraes Mele, esperará ser enjuiciada por la muerte de su exesposo, Edwar Vaz Fascioli, cumpliendo un arresto domiciliario por noventa días en su casa del exclusivo fraccionamiento “La Alameda” de Punta del Este.

Su socia de la vida, María Leticia Giachino, hará lo propio en la casa de su hermana en Montevideo. En la misma ciudad cumplirá el arresto domiciliario otro de los detenidos por esta causa, Carlos Mauro Machado, expareja de Lulukhy.

Los tres se encontraban cumpliendo prisión preventiva en diversos establecimientos carcelarios del país imputados de un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación.

Franco Gustavo Silvera Herrera, el conductor del automóvil que llevó a los dos sicarios hasta la casa de Edwar Vaz Fascioli cumplirá el arresto domiciliario en un lugar no revelado. Mathias Emmanuel Guarteche Viera, el chofer del auto que llevó y trajo desde Montevideo a los dos sicarios, continuará con su arresto domiciliario dispuesto tiempo atrás por la justicia.

Los cuatro que en las próximas horas abandonarán los lugares de reclusión para pasar a cumplir arresto domiciliario, participaron junto a Guarteche de la audiencia cumplida en el juzgado penal de 4º turno de Maldonado.

El juez penal Diego González Camejo determinó en la tarde de ayer que cuatro de los cinco acusados de haber matado al profesor de inglés Edward Vaz Fascioli que se encontraban recluidos pasen a arresto domiciliario por un plazo de 90 días.

Divergencias

La decisión fue adoptada por el magistrado al cumplirse el plazo solicitado por la Fiscalía para mantener en prisión a estas cuatro personas, que están en distintos establecimientos carcelarios del país. La fiscal Sylvia Andrea Naupp había solicitado previamente la prórroga de la prisión preventiva de este grupo por un plazo de 45 días más a partir de hoy. Sin embargo, el juez entendió que estas personas estuvieron recluidas por más de 250 días solo con un pedido de la Fiscalía.

El magistrado ordenó que sea un arresto domiciliario total, con custodia personal permanente y tobilleras electrónicas. Los cuatro detenidos no ocultaron su satisfacción apenas el juez anunció que dejaría sin efecto la detención en establecimientos carcelarios. Leticia Giachino, quien en todo este tiempo encubrió su estado de ánimo, ayer dio rienda suelta a su alegría al enterarse de que pasará a residir en la casa de su hermana.

El chalet de Punta del Este, que pasó a ser conocido a nivel público como la mansión del sexo. Foto: Ricardo Figueredo
El chalet de Punta del Este, que pasó a ser conocido a nivel público como la mansión del sexo. Foto: Ricardo Figueredo

Sin embargo, el juez les advirtió a los cuatro imputados que cualquier violación al arresto domiciliario modificará su situación. Durante la audiencia, la Fiscalía había revelado al juez la existencia de una serie de amenazas entre varios de los involucrados. Hay un quinto involucrado en el asesinato del profesor -quien ofició de conductor de los sicarios- que ya cumplía arresto domiciliario en su casa de Montevideo. El arresto domiciliario se extenderá hasta el 16 julio a la espera de que la Fiscalía proceda a llevar adelante la audiencia de control de la acusación. Al conocer el fallo, la fiscal anunció que va a interponer un recurso de apelación contra la decisión del juez.

Amenazas

En la audiencia de la víspera, la fiscalía advirtió al juez de la causa sobre la existencia de varias denuncias de amenazas que involucraron a los detenidos.

La relación de pareja de Lulukhy y de Carlos Mauro quedó atrás. Ahora, una y otro cruzaron amenazas de muerte.

Silvera, quien cumplía funciones en la mansión del sexo y ofició de conductor de los sicarios, también denunció haber sido amenazado. La situación no fue tomada en cuenta por el juez, para quien el cruce de amenazas fue una suerte de “dimes y diretes”.

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