JUSTICIA

Técnicos de organismos evaluarán funcionamiento del sistema informático.

La Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior analizaron ayer “aspectos funcionales” de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Así lo señaló a El País el vocero del encuentro, el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Enseguida agregó: “Nos llevamos los tres organismos tareas asignadas. Nos volveremos a reunir en 30 días”.

Se trata de la primera reunión de la comisión de seguimiento del nuevo CPP establecida por ley. El 1° de febrero de 2019, durante la asunción del ministro Eduardo Turell como integrante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), jerarcas de los tres organismos agendaron la fecha de la reunión.

En el encuentro participaron por la Suprema Corte, Bernardette Minvielle, el director de los Servicios Administrativos de dicho organismo, Marcelo Pesce, y un magistrado cuyo nombre no trascendió. El fiscal Jorge Díaz por la Fiscalía General de la Nación y por el Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi y el director Nacional de Policía, Mario Layera.

En el encuentro, que duró dos horas y media, se acordó que técnicos de los tres organismos analizaran aspectos funcionales e informáticos de juzgados, fiscalías y unidades policiales. Se descartó que en el encuentro se analizaran problemas de coordinación entre los distintos operadores judiciales.

Fuentes judiciales descartaron que en el encuentro se discutieran eventuales modificaciones al contenido del nuevo Código del Proceso Penal.

En las últimas semanas, el fiscal Díaz realizó varias giras por el interior del país para dialogar con fiscales sobre la marcha del Código.

El jueves pasado, Díaz recorrió las ciudades de San Carlos y Maldonado donde se entrevistó con los fiscales letrados y recorrió las instalaciones de las fiscalías.

En la ciudad de Maldonado, el titular de la Fiscalía General de la Nación reconoció que la actual redacción del artículo del Código del Proceso Penal que regula la actuación de la Policía con los detenidos es “compleja” y aseguró que los efectivos que en las últimas semanas mataron a cuatro delincuentes actuaron conforme a las normas legales vigentes.

“Creo que el artículo más complejo del Código es el N° 61 que es la posibilidad de interrogar con autorización fiscal al imputado. Esa puede ser la madre del borrego, la piedra que esté debajo del cangrejo”, reconoció Díaz que se mostró partidario de modificar el citado artículo del CPP.

“Ese artículo es el que yo sé que hay algún tipo de dificultades. Habrá que encararlas”, enfatizó al mostrarse partidario de modificarlo. “Sí”, respondió el jefe de los fiscales cuando se le preguntó si era partidario de cambiarlo.

“Después la Policía tiene absolutamente para trabajar libremente. De hecho, se nos planteó que la Policía tenía las manos atadas. La semana pasada hubo dos procedimientos en Canelones donde un efectivo policial repeliendo una rapiña en un comercio ultimó a dos delincuentes. Hasta donde nosotros sabemos no ha tenido ningún tipo de responsabilidad penal. Actuó en el marco que establece la Constitución y la Ley. Tiene todo el respaldo para hacerlo. Lo mismo ocurrió en el caso de Suárez donde un funcionario policial que iba a su trabajo repelió una rapiña ultimando a uno de los delincuentes. La policía tiene su respaldo”, sostuvo Díaz.

En un artículo escrito para la revista de la Facultad de Derecho, el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, concluyó que el nuevo proceso penal no otorga garantías a los acusados, no resultó un modelo protector de la víctima, no es transparente y su aplicación aumentó los delitos.

El fiscal dijo que la aplicación abrumadoramente mayoritaria del proceso abreviado significó en los hechos una “disminución” de las penas en un 95% de los delitos en Uruguay, pues el juicio abreviado implica necesariamente una reducción de las mismas.

El jueves 14, la presidenta del gremio de fiscales, Mirta Morales, dijo que el funcionamiento del nuevo código “se ha sustentado en importante medida en el denodado esfuerzo del cuerpo de fiscales y funcionarios” del organismo.