POR ABUSOS DE FUNCIONES

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El juez penal Fernando Islas fijó para el 8 de marzo la audiencia solicitada por la Fiscalía para decidir el procesamiento del exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) por el Frente Amplio, Nicolás Cendoya, por incurrir en tres delitos de abusos de funciones.

Cendoya es investigado por el fiscal Diego Pérez por la destrucción de documentos del organismo por parte de un funcionario allegado a él, por la filtración de una denuncia penal elaborada por el penalista Jorge Barrera, y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmitas, Soriano, y Bemba FM de Salto.

El 8 de junio de 2021, estaba prevista la audiencia de formalización contra Cendoya en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, cuya titular es la jueza Adriana Chamsarián.

En esa instancia, el fiscal Pérez también iba a pedir a la Justicia el procesamiento por abuso de funciones del expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, del exsecretario del organismo, Oscar Mecol, y de la secretaria de Cendoya.

Pero dicha audiencia no se realizó porque una de las defensas solicitó una prórroga a la Justicia.

Poco después, Martín Sbrocca y Martín Fernández, abogados de Cendoya, presentaron un recurso de nulidad por competencia ante un Tribunal de Apelaciones argumentando que no le correspondía actuar en la causa al Juzgado Especializado en Crimen Organizado, ya que este interviene en asuntos que implican un perjuicio al erario público por más de US$ 20.000.

Según los profesionales, en este caso, el fiscal Pérez no estableció un monto de un supuesto daño económico. Pérez pretendía que el expediente sea analizado por la jueza Chamsarián, puesto que entendía que se trataba de un supuesto caso de corrupción pública.

El 22 de diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones de 3er Turno hizo lugar al pedido de los defensores de Cendoya en cuanto a que el expediente debía ser tramitado en un juzgado penal común y no en una sede especializada que falla sobre casos vinculados a crimen organizado.

La sentencia del Tribunal, redactada por el ministro Pedro Salazar y firmada por los ministros Julio Olivera Negrín y José María Gómez, determinó que, después de la feria judicial de enero de 2022, un juez tuviera un plazo de 20 días para fijar una audiencia donde se analizaría la formalización de la investigación contra Cendoya y de los otros tres imputados en la causa. Al haber fijado Islas la audiencia, los abogados de los imputados ya no podrán presentar más recursos para dilatar su realización.

El martes 1° se reanudó la actividad judicial. Trece días más tarde, en un oficio fechado el 14 de febrero pasado, la jueza Chamsarián envió el expediente sobre el caso Cendoya a la Oficina Penal Reguladora (OPEC) del Poder Judicial cumpliendo con el fallo del Tribunal de Apelaciones.

La OPEC, según el escrito de Chamsarián, debía remitir el asunto a un juzgado ordinario. A partir del martes 15, el caso quedó a estudio de la OPEC. El viernes 18 la oficina determinó que el expediente recayera en la sede penal cuyo titular es el juez Islas.

El caso se inició en junio de 2020 tras una denuncia penal presentada por la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, y el abogado Barrera, sobre la destrucción de documentos oficiales por un exsecretario de Cendoya, hoy también imputado en la causa.

Entre agosto y octubre del año pasado, Cendoya declaró en tres oportunidades ante el fiscal Pérez. En esas ocasiones, testificó sobre el ingreso de un exsecretario suyo, que había renunciado a su puesto dos meses antes, a la Ursec. Cendoya negó que ese funcionario, de profesión abogado, integraba su secretaría. Sin embargo, el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, ratificó que esa persona sí dependía de Cendoya. Ese exsecretario es investigado por la Fiscalía por haberse apropiado de una carpeta verde y haber hecho desaparecer documentos en una trituradora.

Cendoya declaró que la carpeta verde quedó en la Ursec y agregó que todos los documentos del organismo están digitalizados. Sí reconoció que fue incorrecto el ingreso de ese exfuncionario a la oficina.

En la mañana del 3 de junio de 2021, Aramendía, Cendoya -aún estaba en funciones- y el entonces secretario de la Ursec, Oscar Mecol, intercambiaron e-mails procurando realizar una reunión extraordinaria del Directorio de la Ursec con el propósito de aprobar una investigación administrativa de urgencia por el ingreso y la destrucción de documentos en el organismo.

Cendoya se pronunció en contra de esa investigación por motivos formales.

En la noche de ese 3 de junio, Cendoya se reunió primero con Mecol, y luego con el exfuncionario. Estos encuentros se realizaron dentro de un auto según la Fiscalía.

El fiscal especializado en Delitos Económicos, Ricardo Lackner, investiga la filtración de la denuncia presentada por la presidenta de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), Mercedes Aramendía (Partido Nacional) por empleados de la Fiscalía y una mujer policía vinculada al exdirector frenteamplista, Nicolás Cendoya. El funcionario de la Fiscalía, que era investigado por dicha filtración, se subió a la azotea de la Facultad de Ciencias y amenazó con tirarse al vacío cuando supo que era buscado por la Policía. Poco después fue procesado por un delito innominado de funciones y la Justicia decretó su prisión domiciliaria.

También fue formalizado por abuso de funciones otro funcionario de Fiscalía que tenía un cargo relevante. Supuestamente utilizaron sus contraseñas para obtener la denuncia de Aramendía.

También es investigada una agente policial vinculada al exfuncionario que ingresó a la Ursec supuestamente a destruir documentos y llevarse una carpeta verde. Esa mujer envió la denuncia al celular de Cendoya.