DIFAMACION E INJURIAS

José Coya acusó al diario por una nota sobre Gas Sayago.

A instancias del sobreseimiento dispuesto por la fiscal Gabriela Fossati, el juez subrogante de 23er Turno, Hugo Rundie, decretó la clausura de la denuncia por difamación e injurias realizada por el expresidente de Ancap, José Coya, contra el editorialista de El País, Washington Beltrán Storace y el periodista Daniel Isgleas.

Asistido por el penalista, Gumer Pérez, Coya señaló, en la audiencia de ayer, que nunca tuvo la intención de coartar la libertad de expresión de nadie, mucho menos de un periodista y tampoco de un medio de comunicación.

"Pero es para mi y también para los profesionales que me acompañan irrenunciable el derecho que tengo de defender mi honor personal, el de mi familia, el de mi entorno y de mis amigos y también el de mi trayectoria laboral de casi 40 años en la empresa", dijo.

El representante de El País, Javier Beltrán, asistido por el Dr. Juan Moretti, afirmó que la denuncia de Coya debería ser desestimada, ya que quedó demostrado que no se configuró ninguna figura penal, que no hubo delito de difamación e injurias.

Beltrán argumentó que la noticia publicada por El País informaba sobre asuntos de gran interés del público, como sin dudas lo constituyen los temas de la regasificadora de Gas Sayago y Ancap, y refería a un funcionario que ocupó cargos de destacada jerarquía dentro del ámbito público como lo es el denunciante.

"Además se encuentra plenamente identificada la fuente a través de la cual se obtuvo la información, fuente fidedigna como lo es el señor representante Pablo Abdala", dijo Beltrán Storace.

El juez Rundie preguntó a las dos partes si había posibilidad de una conciliación.

Beltrán Storace dijo que ya habían pasado las instancias conciliatorias y que El País esperaría que la Justicia se expidiese sobre el tema.

La fiscal Fossati, al fundamentar el sobreseimiento, entendió que sí había un interés público por la noticia publicada por El País, no hubo malicia, se investigó de acuerdo a un estándar razonable porque la fuente era un diputado nacional y que los funcionarios públicos tienen "un umbral de protección" diferente al de un ciudadano común.