Justicia

Juicios por US$ 25 millones enfrenta la Comuna Canaria

Hay fallos favorables a la IMC y a funcionarios; la Corte aún no se expidió.

Unos 3.000 trabajadores no recibieron ajustes salariales entre 2002 y 2005. Foto: Archivo El País
Unos 3.000 trabajadores no recibieron ajustes salariales entre 2002 y 2005. Foto: Archivo El País

Unos 2.500 funcionarios activos y pasivos de la Intendencia de Canelones tramitan 70 demandas laborales ante el Poder Judicial donde reclaman US$ 25 millones. Algunos de esos juicios se encuentran trancados en las primeras instancias pese a que fueron iniciados hace más de una década, según señalaron a El País abogados de los demandantes. Por uno de los juzgados civiles de Canelones, donde se encuentra la mayoría de los expedientes, pasaron 14 jueces en 12 años.

En el Juzgado Civil de 2° Turno de Canelones, hay sentencias a favor de la Intendencia de Canelones. En cambio, en el Juzgado Civil de 3° Turno de ese departamento hay fallos que favorecen a los funcionarios. Algunos tribunales de Apelaciones dictaron sentencias favorables a la comuna canaria y otros todavía no se expidieron. Mientras que hay otras demandas laborales que están en la etapa de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En una de las sedes civiles, la Intendencia de Canelones no se presentó a una audiencia preliminar, lo cual representa un reconocimiento de la deuda, según los asesores legales de los demandantes.

Los funcionarios reclamantes solicitaron en varias ocasiones a la Intendencia de Canelones negociar las deudas. Sin embargo, ello no se concretó hasta ahora.

Los funcionarios y exfuncionarios se quejaron de que no fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo porque no eran un gremio. Presentaron allí 1.800 firmas. Nada pasó.

Millones.

Heber Amarillo es un abogado que representa a funcionarios de la Intendencia de Canelones. Inició los primeros juicios en 2006 reclamando incrementos salariales impagos por la comuna canaria luego de la crisis de 2002.

Se trata de demandas similares a las realizadas por municipales de Montevideo. La diferencia es que los trabajadores capitalinos ya cobraron sus indemnizaciones en 2013. Para la IMM significó, en aquel momento, una erogación que superó los US$ 40 millones.

Amarrillo dijo que el expediente con mayor cantidad de demandas aún se encuentra en la audiencia preliminar pese a que el juicio se inició hace 12 años.

Otro profesional, que prefirió el anonimato, explicó a El País que hay reclamos en la etapa de designación de peritos que es la segunda instancia del juicio.

Los abogados de los funcionarios reclamantes sostienen que las demoras se deben a dos razones: a la estrategia jurídica de la Intendencia de Canelones y a continuos cambios de jueces por parte del Poder Judicial.

Intimaciones.

Entre mayo de 2002 y setiembre de 2005, se generó una deuda salarial durante la administración de Tabaré Hackenbruch (Partido Colorado). La recaudación de la comuna había caído a niveles históricos a causa de la crisis, según señalaron entonces autoridades de la época.

En esos tres años, la intendencia no pagó las actualizaciones salariales que representaban el 100% del IPC del cuatrimestre anterior. Esos aumentos habían sido definidos por un decreto de la Junta de Canelones en 1992.

En 2004, Adeom intimó judicialmente a la Intendencia de Canelones al pago de la deuda. La Justicia determinó que la comuna debía pagar. Al no abonar esos incrementos por falta de recursos, la intendencia incurrió en un desacato, según Amarrillo.

El entonces juez de Canelones, Edgardo Eittlin —hoy integrante de un Tribunal de Apelaciones— dijo al gremio que debía seguir la vía civil.

Adeom concurrió a la Junta Departamental y le solicitó que se expresara sobre la deuda laboral generada en la crisis.

Por mayoría simple, la junta emitió un decreto señalando que efectivamente existía una deuda laboral. Es decir, que los funcionarios tenían una crédito a favor.

En el 2005, todos los candidatos a la Intendencia de Canelones se reunieron en un local de Las Piedras. Allí se comprometieron, en caso de ser electos, a cumplir con el reclamo de los funcionarios.

El intendente del Frente Amplio, Marcos Carámbula, asumió y resolvió no pagar la deuda. Posteriormente, firmó un convenio con Adeom con respecto al pago de los salarios.

Según Amarrillo, Carámbula dijo en aquel entonces que los funcionarios que no firmaban el acuerdo no cobraban los ajustes salariales.

El convenio firmado entre Carámbula y Adeom fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). El fallo sostuvo que el acuerdo violaba derechos de funcionarios de la comuna. Sin embargo, 200 funcionarios, que no lo firmaron, quedaron con los sueldos congelados hasta principios de 2017, dijo Amarrillo.

Con la administración frenteamplista, Adeom decidió en 2006 no realizar juicios. Ello obligó a los funcionarios municipales a contratar abogados particulares, porque los plazos de iniciar los reclamos vencían.

Los juicios llegaron a ser 3.000. La cifra disminuyó por fallecimientos de demandantes, según el profesional.

Expediente archivado en la Junta sin respuesta

En 2010, la dirigente del MPP, Orquídea Minetti asumió como presidenta de la Junta de Canelones. Ómnibus llenos de funcionarios municipales y retirados fueron a la Junta con el propósito de explicar en sala la deuda laboral de la Intendencia de Canelones. La Junta no los recibió por no usar los canales adecuados. Luego se les permitió exponer. Ese testimonio pasó a la Comisión de Hacienda. Se les trasmitió que los iban a llamar. Pasó el tiempo. Amarrillo fue a la Junta. "Me dijeron que el expediente fue archivado", relató el profesional.

El caso podría terminar en OIT

Como Adeom Canelones decidió en 2006 no iniciar juicios contra la Intendencia canaria, los funcionarios concluyeron que el gremio no los representaba. Por ello se creó la Asociación de Funcionarios y exFuncionarios de la Intendencia de Canelones. "Se estableció esa asociación civil porque Adeom Canelones decidió no tocar el tema", dijo el abogado reclamante, Diego Iglesias.

En caso de que la Intendencia de Canelones continúe sin negociar el pago de la deuda laboral, la asociación civil puede denunciar el incumplimiento ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La posición de la Intendencia de Canelones es que sus funcionarios no tienen una relación laboral porque se rigen por un reglamento estatutario, lo cual no les da derechos a concurrir a la OIT. "Es una posición de la Intendencia. Nosotros no estamos de acuerdo", dijo Iglesias. De todas formas, la Asociación Civil de Funcionarios y ExFuncionarios canarios posé personería jurídica, lo cual la habilita a denunciar el caso a la OIT.

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