MONTEVIDEO

Inmigrantes venezolanos y cubanos que viven en una pensión irregular de Pocitos fueron desalojados. En total se trata de 30 adultos y cuatro menores que vivían en el lugar desde hace un año y medio aproximadamente.

Un grupo de inmigrantes venezolanos y cubanos que vive en una pensión irregular de Pocitos recibió un cedulón de desalojo y a pesar de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) solicitó una prórroga de 15 días, la Justicia se negó.

Se trata de 30 adultos y cuatro menores que vivían en el lugar, ubicado en Gestido y Simón Bolívar (Pocitos) desde hace un año y medio aproximadamente. El plazo para retirarse del lugar era hasta las 13 horas de hoy viernes 7 de junio.

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La resolución de la Justicia señala que se negó al pedido de la INDDHH y entre los argumentos señala que las actuaciones para llegar al desalojo comenzaron con diligencias preparatorias en setiembre de 2016.

Más adelante, en marzo de 2017, se intimó el desalojo en un plazo de 20 días, pero no se fueron y en junio de ese año "las partes solicitan la suspensión del proceso por haber arribado a un convenio transaccional de pago".

Sucedió que en mayo de 2018 la dueña del lugar denunció que quien estaba a cargo de esta pensión no le estaba proporcionando los pagos correspondientes. Los inmigrantes que allí viven aseguran que ellos abonaban la mensualidad a la encargada, por eso se niegan a ser desalojados.

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El septiembre de 2018 los inmigrantes comenzaron a ser "asistidos por el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y la Sede concede el máximo de prórroga legal de 120 días", explica la resolución de la Justicia.

Y cuentan que unos días después, "las partes arriban a un nuevo acuerdo que fue homologado por la Sede", pero "dicho convenio fue incumplido decretándose nuevamente el lanzamiento en febrero de 2019".

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Fue así que se fijó el desalojo para el 7 de marzo, pero luego se dio una prórroga de 60 días, fijando una nueva fecha para el 3 de junio.

"Vencidos todos los plazos legales se continúa pidiendo prórrogas que no fueron concedidas hasta llegar a esta instancia en el que comparece el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo pidiendo una prórroga de 15 días más a fin de solucionar el problema de los involucrados", dice la resolución, pero se niega a darles más tiempo porque se considera que "es evidente que los solicitantes han gozado de nueve meses para solucionar su problema habitacional".

"La Sede comprende la situación de vulnerabilidad de los implicados pero a nuestro juicio el Juzgado adoptó las máximas garantías legales que estuvieron a su disposición", agrega el documento.