MÁS MUJERES AFECTADAS

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Se estima que unas 130 mujeres uruguayas fueron explotadas sexualmente en España por una banda recientemente desarticulada en Uruguay y en España.

La elevada magnitud del tráfico de personas, cuyas víctimas eran jóvenes uruguayas con carencias sociales, consta en el decreto de la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, al que accedió ayer El País.

El miércoles 24, fecha del “Operativo Don Quijote” realizado en forma coordinada entre la Policía uruguaya y la española, trascendió que el número de víctimas no superaba una treintena. Sin embargo, en su decreto, la jueza Chamsarian advierte que las damnificadas superan el centenar.

En una audiencia realizada el miércoles 24, Chamsarian hizo lugar al pedido de la fiscal de Delitos Sexuales, Silvia Lovesio, y procesó a dos hombres -entre ellos el dueño de una agencia de viajes- y a una mujer por incurrir en un presunto delito de trata de personas.

En España fueron detenidas otras cinco personas, cuatro de ellas uruguayas y una española. La Justicia de ese país procesó con prisión a dos uruguayas por cuatro delitos: trata de seres humanos, lucro sobre la prostitución, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a una organización criminal.

En la audiencia realizada en el juzgado especializado en Crimen Organizado, Chamsarian también hizo lugar al pedido de la fiscal Lovesio y resolvió la prisión preventiva de los tres procesados.

En su decreto, la magistrada dice que dicha solicitud de Lovesio resulta “ajustada y proporcional” al tenor de la investigación que dio lugar a los procesamientos de los detenidos.

Chamsarian también coincide con la fiscal sobre que los tres encausados podrían entorpecer la investigación en caso de quedar en libertad, dado que en la misma está pendiente la recolección de varias pruebas. Parte de esas evidencias, agrega la jueza, deberán ser recolectadas en coordinación con las autoridades fiscales de España.

Con respecto al peligro de fuga, Chamsarian sostiene que, aunque los procesados son primarios y con domicilio y trabajo constituido, del relato de la Fiscalía en la audiencia surge que poseen medios que facilitarían sus escapes, ya que poseen contactos para el transporte de personas (billetes, pasajes aéreos) y posibles vínculos en el extranjero.

También señala que el dinero en efectivo -unos US$ 56.000- que se incautó en el allanamiento realizado en la casa de uno de los procesados, ubicada en el barrio Pocitos, prueba que este tiene capacidad económica como para fugarse y evitar el juicio penal.

La jueza argumenta, además, la necesidad de proteger a las damnificadas cuyas declaraciones ya tiene Fiscalía, y a aquellas que están pendientes de ubicar, que “podrían llegar a ser unas 130 víctimas”.

Por esos fundamentos (peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y eventuales daños a las víctimas), la magistrada dispuso para los tres detenidos una prisión preventiva por 150 días, cuyo vencimiento será el 24 de julio de este año.

El ministro del Interior,Jorge Larrañaga, dijo a El País que la “Operación Don Quijote” fue un procedimiento “espejo” de las policías uruguaya y española en el combate al tráfico de personas.

Agregó que, tras recibir la denuncia, la fiscal Lovesio y la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol hicieron un trabajo investigativo en conjunto que duró tres meses e incluyó escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia y recolección de pruebas.

Ese operativo, señaló el titular de Interior, “demuestra” el compromiso del país en el combate a la trata de personas y explotación sexual.

Y advirtió: “A nivel internacional, Uruguay queda muy bien parado en el combate de un delito que es extremadamente preocupante para una gran cantidad de personas. La mayoría de las víctimas de estas bandas sufren condiciones muy inhumanas”.

Reclutaban a jovenes carenciadas

En Uruguay, la banda tenía por lo menos a una pareja de “reclutadores”. Estos se desplazaban hacia barrios periféricos de Montevideo y se contactaban con mujeres jóvenes, que tenían hijos y enfrentaban problemas laborales. Estas personas estaban en un contexto de total vulnerabilidad, dijo una fuente del caso a El País.

Luego de convencerlas sobre que en España lograrían un buen empleo que les permitiría mantener a sus familias, la banda preparaba los pasajes y las estadías de las víctimas en el país europeo. Sin embargo, el “nuevo trabajo” se transformaba en una actividad esclava ni bien las uruguayas pisaban tierra española. Allí, otro integrante de la banda les transmitía que adeudaban más de 2.000 euros en pasajes, estadía y alimentación.

“Las víctimas ejercían (la prostitución) de 11:00 a 20:00 horas”, dijo la fiscal del caso, Silvia Lovesio, quien agregó que las llevaban a un “descampado” ubicado al lado de un polígono industrial en Alcalá de Henares, donde eran controladas “en todo momento”. A los tres meses, cuando vencían las visas de turistas de las víctimas, la banda las regresaba a Uruguay.