JUSTICIA

“No obedece a lo que es políticamente correcto”, dijo Ortega.

La jueza Rossana Ortega, quien concedió la prisión domiciliaria a Carol -una reclusa de 38 años con cárcel terminal- dejó en claro que su decisión “no obedece a lo políticamente correcto”.

Durante varios días diferentes colectivos solicitaron el traslado de Carol para que cumpliera la pena en su casa en vez de en la cárcel de mujeres, informó La Diaria. Posteriormente, la bancada del Frente Amplio manifestó su preocupación respecto de la situación de la reclusa y solicitó a la Justicia que se le suministrara un trato adecuado a sus condiciones.

“En el acierto o en el error, los fallos no obedecen a lo políticamente correcto, sino a lo jurídicamente correcto. Como todos los jueces, trabajamos -desde la soledad de nuestros despachos o de nuestro escritorio personal- con los códigos, con los tratados, con los libros arriba de la mesa”, dijo la jueza a El País.

Ortega dijo que se enteró posteriormente a su resolución del pedido de la bancada oficialista. El dictamen judicial data del 28 de mayo y se tomó tras la pericia del Instituto Técnico Forense. “La ley y los tratados internacionales son muy claros respecto a cuándo se debe, y no es que se puede, por parte del juez otorgar la prisión domiciliaria a un recluso”, afirmó.

En la opinión de Ortega, debe haber “pruebas” como las presentadas por el Instituto Técnico Forense de que era imposible para ella subir “rampas y escaleras”.

“Desde que ponemos un pie en la Facultad de Derecho tenemos absolutamente claro que rige un principio de separación de poderes que es esencial que todos los que tenemos una función pública tengamos presente”, afirmó.

La jueza agregó que desde 2010 tiene publicado un trabajo referido a prisión domiciliaria y ya en aquel momento “tenía una posición tomada en base al derecho internacional” que ante este tipo de situaciones se aplique el principio a la integridad física y a la integridad humana. “Mi resolución, como las resoluciones de todos los jueces de este país, están basados exclusivamente en normas de Derecho”, indicó.

La jueza evitó hacer comentarios políticos acerca de si era pertinente una declaración como la que aprobó el pasado lunes la bancada del Frente Amplio. “Son distintos poderes del Estado, el Poder Judicial tiene una función muy específica, el Poder Legislativo y el Ejecutivo también”, advirtió.

Ortega agregó que “cada uno dentro del Poder Judicial” sabe hasta dónde llega “el límite” de sus funciones. “Supongo que los representantes de los otros poderes del Estado tienen claro sus límites y atribuciones constitucionales”, afirmó la jueza.

Ortega indicó que el comisionado Juan Miguel Petit intervino en el caso “de forma impecable”. “Me consta que es una persona sumamente preocupada por la situación carcelaria y el Parlamento tiene a esta persona que actuó en este caso y dentro del marco legal reglamentario que le corresponde”, dijo.

De todos modos, la jueza consideró que “jamás” se sintió presionada por políticos en ningún momento de su carrera. “En nuestra lógica como jueces sabemos hasta dónde tenemos que llegar en el límite y respetamos fielmente la Constitución, las leyes y el ámbito de competencia de cada uno de los poderes”, señaló Ortega.

La magistrada consideró “normal” que los fallos generen aplausos y críticas. “En el acierto o en el error tenemos un órgano de alzada que puede rever nuestras resoluciones”, finalizó la jueza que entendió en el caso de Carol.