JUSTICIA

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) discrepan sobre la reglamentación de la Ley 19.830 que modificó la carrera judicial. Esta norma establece la realización de concursos como forma de ascenso para todas las categorías de jueces.

El sistema actual de ascensos de los magistrados “se ha prestado” para “situaciones injustas y sin fundamentos”, según sostiene un documentado manejado ayer por varios jueces al que accedió El País.

La Ley 19.830 “aporta transparencia” al sistema judicial caracterizado por la “opacidad” de la carrera de jueces y juezas, agrega.

En este momento, la Suprema Corte sigue sin reglamentar la Ley, que lleva más de un año de vigencia.

Esa es la razón por la que la Asociación de Magistrados del Uruguay convocó a una asamblea extraordinaria en noviembre del año pasado, y en ella se resolvió abrir una mesa de diálogo con la Corte a efectos de obtener la reglamentación correspondiente de la norma.

Sobre la mesa de diálogo, se mantuvieron reuniones a fines de 2019, donde solo se acordó la reglamentación del concurso de oposición para ministros en el Tribunal de Apelaciones. Esto es, solo para el final de la carrera de los jueces.

Según el documento, la mesa de diálogo fue concluida por decisión unilateral de la Corporación y sin fundamentación alguna.

Y agrega que en el seno de la Suprema Corte existen discrepancias en cuanto a la aplicación de la Ley 19.830.

Alguno de los miembros de la Corte apoya la aplicación, mientras que otros sostienen que es inaplicable por razones de inconstitucionalidad. Actualmente, la Corporación se encuentra desintegrada por el retiro del ministro Eduardo Turell, y se desconoce la posición de los futuros integrantes.

La Suprema Corte intimó a todos los jueces del país a constituir domicilio a fin de preparar el proceso de inconstitucionalidad, lo que se cumplió hace tiempo. Empero, hasta la actualidad no ha presentado la acción concreta.

La Comisión Directiva de la gremial de magistrados analizará hoy un documento enviado por la Corte. Este documento rechazaría la conformación de una mesa de diálogo sobre el tema entre ambas partes, según fuentes judiciales.