Rendición de Cuentas

Las denuncias eran 7.000 por año en 2005, y pasaron a ser 39.000 en 2017.

Es un problema que atañe a los tres poderes del Estado. El Judicial insiste en pedir casi $ 1.000 millones para poner a marchar "mínimamente" la ley de violencia basada en género, el Ejecutivo no tiene recursos de esa magnitud, y el Legislativo tiene las manos atadas a la hora de determinar de dónde obtener aunque sea una parte de ese dinero.

Mientras, la ley se viene aplicando de forma "parcial" y en el interior del país algunos magistrados imparten justicia "por teléfono". Son víctimas de un crecimiento exorbitante de las denuncias de violencia de género, que pasaron de 7.000 por año en 2005 a 39.000 en 2017, casi un 600% más.

Por eso, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Elena Martínez alertó en el Parlamento que podría haber un "colapso" en el sistema judicial por lo desbordados que están el personal y los juzgados, según dijeron a El País participantes de la reunión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

En la comisión se manejó que muchos magistrados reciben entre 60 y 70 denuncias de violencia de género por día y que dan atención a unos 20 casos porque no pueden con todo el trabajo. Por eso, hay algunas resoluciones que se toman de forma no convencional. Por ejemplo, por teléfono.

En el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, a estudio del Parlamento, se pide un total de $ 948 millones para implementar lo que resta del Código del Proceso Penal (CPP) y las modificaciones que se están votando en el Parlamento. El Poder Judicial informó al Parlamento que para poner en marcha la ley deben crearse más de 500 cargos, para personas que trabajarían en 33 juzgados nuevos que precisan jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios administrativos y equipos técnicos para tomar decisiones en plazos acotados.

"No tenemos $ 1.000 millones para ellos", admitió el diputado frenteamplista Jorge Pozzi, en línea con lo que había señalado el ministro de Economía Danilo Astori el pasado lunes ante el gabinete y el presidente Tabaré Vázquez: "¡No hay plata!. ¡No hay de dónde sacar!".

Marcelo Pesce, director general del Poder Judicial, explicó a los legisladores que se necesitan los "recursos mínimos imprescindibles" para poder implementar la ley de género "de forma digna".

Lo único que parece estar asegurado para el Poder Judicial es una partida de $ 80 millones para comprar tobilleras, se le informó a la delegación de la Suprema Corte.

De los $ 948 millones que pidió la corporación, que son US$ 31 millones, unos $ 200 millones se asignan por única vez. "Esto es para establecer un funcionamiento mínimo para todo el país", insistió Pesce. El problema mayor es la infraestructura en el interior del país, donde casi no la hay. Se necesitan por ejemplo nuevas sedes en todos los departamentos porque los locales existentes se destinaron al CPP y al Código Aduanero.

Pesce informó que ya se están haciendo procedimientos con esta ley vigente, pero que lo están haciendo los jueces con los recursos que tienen hoy. "Podría llegar un momento en que no se pueda cumplir esa demanda", alertó.

"Lo que nosotros prevemos es un aumento de las denuncias con más juicios orales. El gran costo de esta norma es en el interior del país", afirmó luego de la reunión.

Para legisladores de la oposición, que en su momento acompañaron la sanción de la ley basada en violencia de género, la misma "está fuera de la realidad" porque "no se compadece con la realidad económica del país", indicó el diputado nacionalista Pablo Abdala. "Esto no es negociable. No es lo ideal sino lo mínimo para aplicar la ley. O a la Corte le damos los $ 948 millones o la ley no se podrá aplicar a cabalidad", dijo.

Indicó que si la ley no se aplica de forma plena "se estará tratando de forma desigual a situaciones similares porque no hay mujeres de primera y de segunda". Si se concretaran esas diferencias, agregó, el Estado se expondría a juicios por parte de las víctimas.

Para Abdala, "es bastante difícil" que aparezcan los recursos. Lo que se puede hacer es revisar la vigencia de la ley, como ya lo propuso y el Frente Amplio lo rechazó. "Para las medidas de protección que tienen que dar los jueces no hay dinero. El capítulo 5 de la ley es letra muerta", sostuvo.

"La ley está vigente y no se va a postergar, ni se va a detener", aclaró Pozzi. "No hay de dónde sacar $ 1.000 millones en esta Rendición de Cuentas", insistió el legislador.

Algunos de los contenidos de la ley de violencia basada en género fueron comentados en la reunión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

Por ejemplo, se analizó que esta ley atiende varios tipos de violencia contra las mujeres: la física, la sexual, la sicológica, la originada en prejuicios sobre la orientación sexual o la situación económica, la simbólica, la obstétrica, la laboral, el acoso sexual callejero, la política, la mediática, la violencia doméstica, la femicida, la comunitaria y la institucional.

Por ejemplo, cuando se habla de violencia sexual, la ley la describe como toda acción que implique la vulneración del derecho de una mujer a decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, a través de las amenazas, la coerción, el uso de la fuerza o la intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio.

La ley crea organismos para la atención de género, fija medidas de protección para las denunciantes y reforma el Código Penal creando el delito de "abuso sexual", que es el abuso especialmente agravado. A su vez, también deroga un artículo que permite que los jueces eximan de culpa a un homicida que mata a su pareja al encontrarla siéndole infiel.

También en la ley de violencia basada en género se apunta con la nueva norma "a combatir la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual".