ENTREVISTA
Con 30 años de ejercicio de la profesión, fue electo el 15 de diciembre pasado como presidente de la recién inaugurada Asociación de Penalistas del Uruguay.
Al contrario de lo que considera la mayoría de las personas, Juan Fagúndez advirtió que las pericias del Instituto Técnico Forense (ITF) son “parciales”, se realizan en base a pedidos dirigidos por la Fiscalía y son “demasiados escuetas”. Afirma que personas con “malas intenciones” realizan denuncias sobre delitos sexuales que obligan al abogado defensor y a la familia a “remarla”, porque el acusado termina preso y a ello se suma el estigma que ese delito tiene dentro de las cárceles.
-¿Qué llevó a los abogados penalistas a crear una asociación?
-La Asociación de Abogados Penalistas era un anhelo de generaciones desde por lo menos hace cuarenta años. El actual Código de Proceso Penal revolucionó no solo la forma sino el propio ejercicio de la profesión. Cambió las reglas de juego en un sentido positivo. Se pasó del sistema penal inquisitivo donde el juez hacía todo, al sistema acusatorio donde el fiscal y la defensa preparan sus argumentos y se enfrentan ante un magistrado que no conoce el asunto. Y también cambió la perspectiva de política criminal de la Fiscalía. Además, existen problemas a nivel laboral sobre todo cuando el abogado es denunciante.
-¿Qué tipo de problemas enfrentan los penalistas?
-Las denuncias cuestan mucho que salgan adelante por el sistema y por la acumulación de las mismas. Ello conlleva a la imposibilidad de que las investigaciones y las resoluciones de esas denuncias avancen en tiempos prudentes. Esos son los dos aspectos básicos que provocaron la necesidad de juntarnos y de procurar estudiar el Código del Proceso Penal para proponer y anticipar un cambio en lo que haya que modificar (en el sistema penal), que no es poco. Y lo otro, tratar de influir con gestión positiva en la mecánica de los tiempos de respuesta de la Fiscalía a los abogados denunciantes y defensores. De un lado o del otro, son problemáticas diferentes.
-Desde afuera se vio como que los penalistas se abroquelan en una asociación contra el corporativismo de los fiscales.
-El único corporativismo que veo en la Fiscalía es que tienen un gremio y sus propias necesidades. Sus enfrentamientos son con el fiscal general (Jorge Díaz) en el sentido de que es quien manda o hace y deshace en el trabajo (fiscal) de todos los días. Respecto a los abogados, cada fiscalía tiene sus particularidades. Por ejemplo, hay fiscalías que están bien (en materia de casos), pero no atienden con celeridad los problemas de los abogados penalistas. Explico: los abogados presentan una denuncia, pasan seis meses y éstos no saben nada sobre lo que pasó en la Fiscalía.
-En el juicio, ¿el abogado enfrenta un desequilibrio con respecto a la figura del fiscal?
-Si. Lo explico de esta manera. Primero, el conocimiento. Ellos (los fiscales) están muy preparados.
-¿Y los abogados penalistas no lo están?
-No tan bien. Estoy generalizando. Y lo segundo, es que la Fiscalía ha tomado un perfil combativo. La Fiscalía viene a imponer su verdad, su relato, sus razones y a tratar de que el abogado quede rezagado o apabullado. O, inclusive, cuando va a juicio en la famosa audiencia de control de acusación, la Fiscalía pelea cualquier tipo de prueba con tal de menospreciarla y que la defensa vaya con menor cantidad de armas. Está bien. Hay un juez que decide eso. Hoy el juicio es argumental. El que sabe más, argumenta mejor. Creo que hay una inclinación en el resultado de las tareas (por parte del juez) más a favor de la Fiscalía que de la defensa. Pero le atribuyo al conocimiento y a la capacidad argumental de la Fiscalía.
-En las audiencias percibí que hay jueces más condescendientes con la Fiscalía que con la defensa.
- Contemplan más los argumentos de los fiscales que los planteados por los defensores. (Los jueces) tienen una contemplación mayor hacia lo oficial.
-¿Es un resabio histórico?
-Es un resabio histórico. Que viene desde que se creó el Poder Judicial y los juicios penales. Se le cree a la Fiscalía y se duda del abogado privado e inclusive del defensor de oficio. El pensamiento (de los jueces) es: “Los abogados defienden cualquier cosa y esa es la función de ellos”. Yo creo que tendrían que parar la oreja equitativamente. Ellos nos escuchan. Pero deberían ser más equitativos en el razonamiento sobre la argumentación (de un caso). También sobre los peritos. Los jueces dicen: “Es el perito de parte” o “es el perito de la defensa”. La primera pregunta que hacen los fiscales a nuestros peritos es: “¿A usted le pagaron por esa pericia?”.
-¿Y qué dicen los abogados sobre este punto?
-Que también es una pericia de parte la que presenta la Fiscalía. Y la pagamos todos nosotros, porque en el 100% de las veces son peritos del Instituto Técnico Forense (ITF).
-Pero se supone que los peritos del ITF son imparciales.
-El 95% de las pericias (del ITF) no son imparciales.
-¿Por qué?
-Porque la Fiscalía no pide una pericia general sino que pide una pericia que constate determinados rasgos (informaciones sobre una persona). Y las pericias señalan el rasgo tal, positivo. Y el otro rasgo, positivo. Las que he visto fueron así. Y he visto muchas. He utilizado peritos privados ni siquiera para periciar a la persona sino para que hagan una contra pericia. Y la gran mayoría de las veces, y esta es una opinión personalísima, las pericias del ITF son demasiados escuetas.
-¿Demasiado cortas o muy elementales?
-Por ejemplo, en una sesión de cuarenta minutos, no sé si se puede determinar que una persona es pirómana o no. Se necesitan por lo menos siete sesiones para establecer aspectos de una persona sobre sexo, la ley y la familia, entre otros aspectos. Hago esa observación por lo que yo he visto y considero que está pasando. Es común también que los abogados, cada vez más, estén consultando peritos particulares para rever la pericia del ITF o periciar al sujeto para determinar si confirman los rasgos establecidos por dicho instituto. Y hay casos en que el abogado no permite que su cliente sea estudiado por un perito que será contratado por su contraparte (Fiscalía).
-Pero no todos los abogados actúan así. En el 90% de los casos hay peritajes del ITF.
-Por eso se formó la Asociación de Penalistas. Es un tema de no ser egoísta y hay que repartir el conocimiento. Cuando los abogados estemos preparados, es la única manera que ganaremos prestigio. No podemos ser ni “saca presos” ni hacer arreglos de compraventa (acuerdos de disminución de penas con el fiscal del caso). Eso es muy digno. Pero no es nuestra profesión.
-La población cree que los abogados no deberían defender a psicópatas o asesinos seriales. ¿Qué opina?
-Esa es una pregunta muy popular. En mis primeros 15 años de ejercicio, cuando iba a un cumpleaños o a un casamiento, me preguntaban: “Juan, a una persona que destripa a un tipo y está toda la prueba en su contra, ¿la defenderías?” Los delitos sangrientos siempre ponen a la persona -y es natural- del lado de la víctima. Yo personalmente puedo elegir defender una cosa u otra. Por mi manera de ver determinadas cosas en la vida sé que no voy a estar el 100% dedicado al trabajo. Si me plantean algo que yo no haría, le digo a la persona que vino a verme: “Se merece un mejor abogado. Yo a eso no me dedico”.
-¿Qué casos no patrocinaría?
-Hay temas que, si están comprobados y pueden afectar mi compromiso profesional, yo no los tomaría. No depende del tipo de delito, sino de si yo tengo la capacidad de aportar algo en la defensa del sujeto.
-Hay fiscales que se quejan de exceso de trabajo. ¿Es por un problema de ellos o el sistema está recargado?
-El sistema está recargado.
-¿Por qué?
-Porque se abrió una política criminal de atención a las víctimas de delitos sexuales que trajo una cantidad de denuncias por varias razones. Primero, porque se creó el ambiente para ir a la Fiscalía y no a una comisaría. Después, se han preparado fiscalías especiales para eso. Ello logra llevar adelante esa política criminal. Y genera que gente que antes no denunciaba, ahora sí lo haga. Y lo que logra también es que se provoquen muchas denuncias muy dudosas. Pero hay que investigarlas igualmente.
-Los juzgados tratan un promedio de cinco denuncias diarias referidas a temas sexuales.
-Mi opinión personal es que se ha contemplado, a través de la ley 19.580, a la víctima de derecho sexual de una manera tal que los filtros probatorios son muy escasos. Lamentablemente esa posibilidad es utilizada por personas con malas intenciones y mala fe, para hacer denuncias que a la fiscal le ocupan el mismo interés. No sabe si las mismas son verdaderas o falsas. Y las formalizaciones son las mismas. Y ahora son con prisión. Entonces, la persona acusada, su familia y el abogado tienen que salir a remar con una persona presa, vinculada a delitos relacionados con lo sexual -se sabe cómo juega ese estigma dentro y fuera de la cárcel- y buscando una prueba de que lo que dice la víctima no es verdad. En este caso se tiene el relato de la víctima de un supuesto abuso sexual. En tanto, la prueba forense dice que la víctima no tiene ningún tipo de síntoma. Además, la víctima conoce al supuesto agresor. Entonces, vamos a la pericia para saber si el investigado tiene algún rasgo que califique para una imputación del relato. Y ahí volvemos a lo que ya hablamos sobre las pericias.
-¿Usted alude a la simulación del delito sexual?
-Si. Pero también debo advertir que el delito sexual existe en una gran proporción en nuestra sociedad. También ocurre de forma intrafamiliar. Está delatando un corte psicosocial de nuestra idiosincracia. Hay que prestarle mucha atención.