ALTA TENSIÓN POR OBRA ELÉCTRICA

Los vecinos de José Ignacio que se oponen a la construcción de un tendido de alta tensión y a una nueva usina transformadora de UTE presentaron un pedido de conciliación en la Justicia, intentando llegar a un acuerdo con el ente. Y anticipan que de no lograrse, promoverán una demanda contra el Estado por un monto “no inferior a la suma de US$ 10.000.000”.

Como diera cuenta El País, un grupo de vecinos de la zona de Ruta 104, Camino Medellín y alrededores de la laguna José Ignacio, en el departamento de Maldonado, se han venido movilizando tras enterarse “de forma sorpresiva” de estas obras que el ente energético pretende hacer desde hace años en el territorio. Se trata de residentes uruguayos y de varias nacionalidades, que ya han interpuesto recursos administrativos y enviaron una carta a la Presidencia de la República.

En el pedido de conciliación, patrocinado por los abogados Gabriel Valentín y Gonzalo Ramírez, al cual accedió El País, se señala que la UTE acordó con una familia de la zona cambiar la ubicación de la estación y correr el trazado de la línea de alta tensión a cambio de la entrega de un predio a título de “donación”.

“Como consecuencia de ese acuerdo, celebrado a espaldas de todos los vecinos de la zona, se benefició a la familia y se perjudicó a otros vecinos. El trazado de la línea se corrió de lugar y también se modificó la ubicación de la subestación transformadora”, señala el documento.

“Más allá de la denominación de ‘donación modal’, se trató de un negocio simulado, puesto que no tuvo por ‘objeto’ el gravamen de una parte (la familia donante) y la utilidad de la otra (la UTE)”, agrega.

Según explicó el abogado Gonzalo Ramírez, el terreno donado tiene un valor de US$ 45.000 y el sobrecosto de la obra (por el cambio aprobado) será de US$ 2,5 millones. Jurídicamente, esto haría que no se tratara de una donación, por ser el valor de la servidumbre muchísimo mayor que el del bien donado. “Veremos que el valor de las obligaciones asumidas por la UTE en beneficio de la familia (que donó el terreno), valoradas entre 2 y 2,5 millones de dólares, superan en 52 veces el valor del inmueble donado a la UTE en 46 mil dólares”, indica el escrito.

Ramírez explicó que la familia donante comunicó al ente en 2011 que tenía aprobados diversos fraccionamientos para emprendimientos inmobiliarios (chacras marítimas, canchas de polo, golf, etcétera) que se verían afectados por la servidumbre de la línea. Pero el proyecto no se hizo.

El tendido de más de 7,5 kilómetros y 24 torres afectaría el horizonte de un tramo de la Ruta 104 donde un grupo de organizaciones culturales allí emplazadas, en las inmediaciones de la Fundación Pablo Atchugarry, buscan nombrarla “La ruta del arte”. Los vecinos movilizados son una treintena, y entre ellos hay franceses, españoles, norteamericanos y argentinos.

Entienden que la futura usina, que sería de 150 Kw, “parece desproporcionada” para la densidad actual y futura del área, de alto valor ambiental y refugio de numerosas especies amenazadas. Se encuentra dentro del 20% del territorio nacional con prioridad de conservación, según una carta que enviaron los vecinos al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.