La entrevista del domingo

Jorge Díaz, fiscal General de la Nación.

Al titular de la Fiscalía, le llamó la atención el grado de organización y violencia utilizada por la banda que asaltó a la remesa al Banco Itaú, en una hora pico y en una avenida muy transitada. “La información de Inteligencia que estamos manejando es que hay extranjeros actuando en esas bandas”, expresó. Díaz consideró que la situación carcelaria “incide” en la seguridad y entendió que la cárcel “no puede ser un mero depósito de personas”.

—¿Le llamó la atención la violencia de los últimos asaltos?

—Estamos siguiendo con mucha atención eso. También si uno analiza en otras épocas del país ocurrieron cosas similares. En los años noventa estaban la ‘Polibanda’ y la ‘Tupabanda’. También hubo olas de asaltos violentos.

—Un fenómeno nuevo son los altos niveles de violencia utilizados en los atracos, con tiroteos en lugares públicos y en horas pico.

—Ese es un elemento que hay que tener en cuenta y seguir investigando. Tenemos fiscales que están investigando esos delitos codo con codo con la Policía. Tenemos sectores de la Policía Nacional que están preparados, que están trabajando. Hay que hilar muy fino.

—¿Por qué?

—Porque hay que saber qué es lo que pasó. Hay que ir al fondo de la situación. Responsabilizando a uno o a dos de los que cometieron un asalto estamos haciendo justicia y combatiendo la impunidad. Pero lo importante es ver atrás de eso lo que hay.

—¿Cree que hay bandas organizadas detrás de esos asaltos?

—El nivel de organización que se vio en el asalto a la remesa del Banco Itaú demuestra que éste es importante. El nivel de organización de las bandas que están asaltando cajeros también es alto. Son experticias que desarrollan los delincuentes en determinada modalidad delictiva que muestran un grado de experiencia y conocimiento que preocupa.

—¿Hay participación de extranjeros en esas bandas?

—Esa es la información de Inteligencia que estamos manejando. Que es así. El caso de los cajeros es sin duda que el know how es chileno.

—En tres casos con el nuevo CPP, la Fiscalía logró incautaciones superiores a los US$ 16 millones. Abogados defensores señalaron en audiencias que a la Fiscalía solo le interesa la plata. ¿Qué dice al respecto?

—Para nosotros, eso no es peyorativo. Es la aplicación práctica de una política criminal que se ha extendido a nivel mundial. Esa política ha sido impulsada por organismos como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), Naciones Unidas y OEA.

—¿Al delincuente le duele más sacarle el dinero que la prisión?

—Sí. Esa es la premisa práctica que están llevando adelante los fiscales uruguayos. Eso no significa que también pueda haber pena privativa de libertad para esos imputados. Eso no es lo mismo que el acuerdo reparatorio que busca satisfacer a la víctima. Acá es otra cosa: el Estado va por los bienes producto de un ilícito para sacárselos al delincuente. Antes se aplicaba una pena de prisión para el delincuente y éste seguía siendo rico. Mantenía sus bienes y seguía manejando su imperio desde la cárcel. Quiero aclarar que el dinero que se decomisa (a los imputados) no va a la Fiscalía. Va a un fondo de bienes decomisados. Y eventualmente podemos recibir una parte de eso para un proyecto concreto. Pero los fiscales no reciben un beneficio directo.

—¿Cree que la interceptación telefónica es ineficaz porque los traficantes no hablan más por teléfono y ello redundó en una disminución de los operativos?

—Es posible sí. En Uruguay teníamos mucha experiencia en la interceptación telefónica y en el análisis de la misma que hoy prácticamente ya no da tantos resultados.

—Antes había grandes decomisos de drogas mediante este sistema.

—No me lo cuente a mí que yo era juez especializado en Crimen Organizado. Trabajaba con (el entonces director de la Brigada Antidrogas, Julio) Guarteche y con Mario Layera (hoy director Nacional de Policía). Hay que implementar nuevos mecanismos de investigación.

—¿El crimen organizado está utilizando tecnología de punta o evolucionó?

—El desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación (por ejemplo, WhatsApp) ha generado este tipo de dolores de cabeza. Tenemos que entender que la tecnología avanza muy rápidamente.

—En un principio, con el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), el número de presos descendió abruptamente. ¿Cuál es la situación actual?

—Al 4 de octubre de este año, hay 10.265 personas privadas de libertad. Esta es una cifra más o menos igual al cierre del año 2016. Para que usted pueda comparar, en octubre de 2017, mientras rigió el sistema antiguo, la cantidad de personas encarceladas era 10.993. Y hoy estamos en 10.265. Quiere decir que estamos en unos 700 presos por debajo cuando, luego de un descenso, hasta 9.900, hoy volvemos a crecer.

—¿A qué se debe esa suba de presos?

—Se debe a los ajustes del funcionamiento, metodología de trabajo y conocimiento entre la Policía y los fiscales. Eso ha permitido mejorar muchísimo los rendimientos. Primero, estamos convencidos que esta curva de la tasa de personas encarceladas seguirá ascendiendo. Y, segundo, consideramos que, con los cambios incorporados en la Rendición de Cuentas, estaremos en mejores condiciones para enfrentar el año que viene.

—¿Por qué dice eso?

—Por ejemplo, una de las cuestiones que mucho se discutió en los primeros meses del nuevo Código del Proceso Penal fue: los fiscales tenemos muchos casos en carpeta y por eso no podemos trabajar. Hoy, estadísticamente, la gran mayoría de los fiscales no tienen ningún caso sin leer y están todos en investigación. Sí reconozco que existen problemas en algunos lugares. Pero los tenemos identificados y sabemos el motivo.

—¿En qué áreas tiene problemas?

—Por ejemplo, tenemos dificultades en delitos sexuales donde hay un volumen muy importante de casos. Con la aprobación de la Rendición de Cuentas, vamos a crear más fiscalías en esa área. Pasarán de dos a cinco en Montevideo a partir del 15 de noviembre próximo. También se creará una segunda fiscalía de Homicidios; otra de Delitos Económicos y otra especializada en Drogas en la capital. Tenemos dificultades por volumen en Canelones. Básicamente en Atlántida y en Ciudad de la Costa. Hoy queremos crear una nueva fiscalía. Queremos crear otra en Las Piedras. En Maldonado no vamos a crear fiscalías pero vamos a reforzarlas. En Salto, Paysandú y Rivera instalaremos una cuarta fiscalía que probablemente se dedique al sistema antiguo para poder liberar a las otras tres del sistema nuevo. Aceitado el engranaje, estoy convencido que los números van a mejorar sustancialmente. Que ya son buenos hoy para el poco tiempo que llevamos de trabajo.

—¿Cree que es suficiente una fiscalía más para Homicidios y otra para Delitos Económicos?

—Pedimos más recursos al Parlamento. Pedimos una cifra de $ 300 millones para el sistema acusatorio. Finalmente nos votaron $ 65 millones. Está claro que no es lo que estábamos reclamando. De todas maneras hay un crecimiento por la vía de transformación al suprimir la intervención de las fiscalías en los procesos preventivos. Y esas fiscalías se transformaron en penales. Ahí también obtuvimos recursos. Hay que ser justos y no pensar solo en los $ 65 millones.

"Para delitos leves, si no hay cárcel y faltan medidas alternativas a la prisión, no hay nada"

Jorge DíazFiscal General de la Nación

—El comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, señaló que el nuevo CPP es un avance, pero faltan medidas alternativas a la prisión para delitos leves. ¿Coincide con esa visión?

—Sí. Si no existen las medidas alternativas a la prisión, es la nada mismo. Entonces es necesario regular un mecanismo y tener los recursos como para poder instrumentar este tipo de salidas alternativas. Esa es una de las cosas que nos está faltando en este momento para que funcionen los institutos que la ley prevé en esa línea, porque si no hay medidas alternativas y no hay cárcel, no hay nada. Y es claro que algo tiene que haber o sino es la impunidad. Insisto, eso está faltando. Comparto también otra afirmación que ha hecho Petit que falta trabajo carcelario que apunte a la rehabilitación de personas privadas a la libertad.

—¿Cuánto incide en la seguridad la mala calidad de las cárceles o que no se haya completado la reforma penitencia?

—Voy a ser muy honesto. Creo que se ha hecho mucho en cárceles. El ingreso de ASSE al sistema carcelario ha sido fundamental. Antes no había asistencia médica y ahora hay. La medicación llega a los presos enfermos. Todo lo que se ha hecho en la construcción de nuevas cárceles. Se ha hecho mucho. Respecto al vaso medio vacío, evidentemente tenemos cárceles llenas de jóvenes, adictos, analfabetos funcionales y pobres. Ese es el 99% de la composición carcelaria del Uruguay. Ahí hay que trabajar. Para que cumplamos con la Constitución y las cárceles no sirvan como castigo, sino para la profilaxis del delito, no deben ser un mero lugar de depósito de seres humanos mientras cumplen la pena. Deberíamos tener políticas de rehabilitación.

—¿Qué tipo de políticas?

—Y las políticas de rehabilitación con esa composición de la población carcelaria pasan por la educación, los tratamientos de las adicciones y por la posibilidad de trabajar para que efectivamente podamos recuperar. En caso contrario, el primario de hoy va a ser el reincidente de mañana.

—¿Entonces inciden en la seguridad estos problemas carcelarios?

—Sin duda que sí. Yo diría que la cárcel hoy más que parte de la solución es parte del problema. Teniendo presente que se ha avanzado muchísimo.

—Pero la reforma penitenciaria no se ha completado.

—Yo creo que hay que completarla, que falta todo ese proceso. Falta trabajo con educadores, sicólogos, deportes. Hay un montón de cosas que hacen al ser humano. Una persona que es capturada por robar con el síndrome de abstinencia, lo que más necesita, además de cumplir la pena que se le imponga, es un tratamiento contra sus adicciones.

—Se llegó a casi un año del nuevo proceso penal. ¿Cuál es su evaluación?

—Nos da una valoración muy positiva. En primer lugar, por la transparencia y por los datos generados por el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau). Superadas las dificultades iniciales, hoy tenemos un sistema de información que funciona, los fiscales lo utilizan y que permite realizar todo el trabajo en esa estructura. Tuvimos un arranque complejo, en noviembre y diciembre de 2017. En el mes de mayo de 2018, la suma de las formalizaciones (de investigación) del sistema nuevo y los procesamientos del sistema viejo, que todavía hoy coexisten, ya era igual al promedio de procesamientos de enero-octubre del 2017. Y en el mes de agosto de 2018, solo tomando en cuenta las formalizaciones y no los procesamientos con el sistema antiguo, porque ese dato no lo tenemos todavía, ya se habían superado los promedios de procesamientos del año anterior. En la medida que fuimos corrigiendo algunas cosas, los fiscales y la Policía fueron agarrando la mano al sistema. A menos de un año estamos con estos niveles de rendimiento que para nosotros es un dato significativo.