La saga de las tarjetas de ALUR

El legislador considera que surgieron hechos nuevos que lo ameritan.

El diputado blanco Pablo Iturralde presentó un escrito al Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, en que el expresa que a su entender han surgido hechos que justifican que el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, desarchive la investigación sobre el uso de tarjetas corporativas de ALUR y se realice un careo entre el senador frenteamplista y expresidente de esa empresa privada, Leonardo de León, y autoridades de Ancap sobre el uso del avión de la empresa privada en viajes a Buenos Aires.

Iturralde dijo a El País que De León declaró en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado que el Directorio de Ancap era el encargado de decidir quién usaba o no el avión de ALUR, mientras que autoridades de la empresa estatal testificaron que ellos no daban directivas sobre los vuelos.

"Se realizaron 200 viajes en el avión de ALUR que están asociados a delitos investigados en Uruguay y en Argentina", dijo Iturralde.

Por otra parte, el parlamentario nacionalista señaló que convocará al Parlamento a la presidenta de Ancap, Marta Jara, y al Directorio de ALUR y analiza citar además a la ministra de Industria, Carolina Cosse, para que expliquen por qué el ente no presentó una denuncia penal contra De León por cobrar dos veces un mismo gasto.

En el escrito Iturralde solicita la reapertura de la investigación contra el actual senador frenteamplista. Iturralde explica: "Al percibir viáticos De León para pagar alojamiento y pagarlo con la tarjeta corporativa, ALUR S.A. pagó dos veces por el mismo servicio. Es decir, el hoy senador frenteamplista generó un grave perjuicio cobrando en forma indebida viáticos para pagar un alojamiento que ALUR S.A. pagó en el estado de cuenta de la tarjeta corporativa que tenía De León".

A juicio de Iturralde, los jerarcas de Ancap, como funcionarios públicos, están obligados a denunciar hechos delictivos o incurren en complicidad.

En el escrito presentado a Díaz, Iturralde expresó que surgieron nuevos elementos que hacen variar sustancialmente las conclusiones emitidas por el fiscal Pacheco el 18 de marzo de 2018 en la denuncia formulada contra De León en el período en que actuó como Presidente de ALUR, ameritando la reactivación del expediente.

Para Iturralde es medular la conclusión a la que arribara Pacheco en su resolución donde señala que la conducta de De León cae, según su criterio, dentro de la figura de la apropiación indebida pero, sin embargo, no requerirá el inicio de proceso penal por presuntos delitos de apropiación indebida por no existir reglamentación del uso de tarjetas corporativas, la no exigibilidad de comprobantes y el tiempo transcurrido.

Pacheco advirtió, además, que faltaba la denuncia de la presunta damnificada, que es Ancap, para iniciar una acción penal contra De León.

"La invocación de esos principios en ese caso ponen en evidencia que el Fiscal Pacheco entendió que estaba actuando en una causa en la que el único bien vulnerado por la conducta era el derecho de propiedad y no la honradez en el manejo de la cosa pública. Yerro cuya magnitud solo puede equipararse al error de la conclusión a la que arribó al no requerir el inicio del proceso", sostuvo Iturralde en su escrito. Y agregó: "Constituye, en opinión del suscrito, también un grave error que el fiscal aluda al pasaje del tiempo, dándole un contenido asimilado en los hechos a la prescripción, sin que ningún texto legal lo consagre".

Según el parlamentario blanco, la referencia a la inexistencia de la denuncia de Ancap, aun cuando reconoce que se trata de delito perseguible de oficio, carece de explicación lógica.

Recordó que las leyes prevén la existencia de delitos perseguibles de oficio y otros únicamente a instancia de parte.

"No puede en forma alguna el Fiscal interpretar que la inexistencia de la instancia de parte en aquellos delitos perseguibles de oficio tiene algún tipo de efecto", dijo el documento de Iturralde presentando ante el fiscal de Corte.

Ese razonamiento termina por hacer desaparecer la actuación de oficio, pues solo se iniciarían procesos si hay instancia de parte. "No solo carece de inteligencia sino que termina por derogar, en los hechos, la distinción realizada por el codificador", agregó el diputado.