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Investigan a tres organizaciones por vender lotes con títulos falsos

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Canelones: las bandas venden terrenos con títulos falsos por precios que superan US$ 50.000. Foto: Fernando Ponzetto

MANIOBRAS CON TERRENOS COSTEROS

La Fiscalía de Atlántida y la Policía de Canelones investigan a por lo menos tres organizaciones que se dedican a vender terrenos mediante títulos falsos en balnearios.

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El sueño del terrenito propio se transformó en una pesadilla para propietarios uruguayos y argentinos. Por lo menos tres organizaciones se apropiaron de más de medio centenar de terrenos ubicados al este de la costa canaria y los venden utilizando títulos falsos.

Estos terrenos se ubican a poca distancia de la rambla. Muchos ya fueron vendidos por sumas que oscilan entre los US$ 20.000 y US$ 50.000, según indicaron a El País fuentes del caso.

El miércoles 28, la Fiscalía Departamental de Atlántida de 2º turno, a cargo de la fiscal Mirna Busich, imputó a tres personas por la venta ilegal de terrenos situados en Las Toscas, dos de ellas profesionales escribanos

Terrenos costeros.

En las dos fiscalías de Atlántida hay varias investigaciones paralelas por ventas de terrenos con títulos apócrifos. En por lo menos dos de esos casos, los investigadores constataron que hay profesionales involucrados. Su tarea consiste en elaborar los documentos apócrifos de los terrenos (títulos y poderes, entre otros).

Otros integrantes de las organizaciones se encargan de las ventas de los inmuebles a través de clasificados en internet y de “peinar” balnearios buscando lotes cuyos dueños no concurren a verlos desde hace tiempo. Esta situación ocurre en el este de la costa canaria.

La fiscal Busich dijo a El País que los dos casos que le tocó investigar son las ventas de terrenos ubicados en dos manzanas de Las Toscas y en otro balneario cuyo nombre no quiso divulgar porque la indagatoria está en curso. También hay denuncias de situaciones similares en otros balnearios que ingresaron en la otra Fiscalía de Atlántida, expresó Busich.

Según la fiscal, en las ventas ilegales de terrenos en ese otro balneario “también hay profesionales” involucrados.

La también fiscal de Atlántida, María Falcomer, dijo a El País que recibió denuncias presentadas por la intendencia de Canelones y de particulares que están siendo investigadas.

Falcomer explicó que algunos terrenos fueron ocupados durante más de 30 años por privados que nunca pagaron la contribución inmobiliaria. Pese a ello, agregó, no fueron ejecutados por la comuna canaria.

Según la fiscal, aquellos casos donde hay buena fe de los poseedores, que construyeron sus viviendas en el lugar, deberán ser tramitados por la vía civil. Y agregó que, en otros casos donde hay denuncias de venta de terrenos ajenos, habrá citación en la próxima semana.

Falcomer señaló que el Estado debe afrontar el problema de las ocupaciones ilegales, ya que luego del ingreso de los terrenos, la UTE suministra energía eléctrica y OSE coloca una conexión de agua a esos predios.

La fiscal de Atlántida investiga, además, cientos de ocupaciones ilegales de terrenos cercanos al peaje Pando, en Neptunia Norte. Por esos hechos, dijo, ya hubo procesamientos. “También hay personas citadas por esa situación para los próximos días. En ese lugar hay un gran asentamiento. Allí viven personas con antecedentes y otras que no los tienen”, dijo.

Falcomer explicó que todas las denuncias de ocupaciones ilegales realizadas en su fiscalía están en trámite.

Otro fenómeno que ha generado varias investigaciones y procesamientos de personas es la venta de derechos posesorios de terrenos costeros.

Profesional elaboró una escritura de un fallecido

La fiscal de Atlántida, Mirna Busich, afirmó que la investigación surgió tras una denuncia de un uruguayo que tiene un vínculo con dueños argentinos de terrenos en Las Toscas. “Usamos un sistema de cooperación internacional para interrogar a las víctimas. Dijeron que no habían vendido ni habían firmado un poder para hacerlo”, relató.

En la Fiscalía se presentaron tres uruguayos afectados, lo que generó procesamientos de personas. “Las víctimas no sabían que estaban pagando por algo que nunca iba a ser de ellos”, dijo la fiscal.

Martín Frustaci, abogado de uno de los escribanos formalizados, solicitó pericias caligráficas para determinar si su cliente elaboró los documentos o no. Otra fuente del caso dijo que un escribano elaboró una escritura de una persona ya fallecida.

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