MALDONADO

La Fiscalía interviene cuando hay un posible delito de desacato. Es decir que, para que comience a investigar, las autoridades municipales, la Policía o el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) que sea deben constatar la existencia de un riesgo sanitario.

Si las autoridades confirman que hubo violación de las normas para contener el COVID-19, se intima. Y si de todas maneras se siguen incumpliendo estas normas, se da paso a la Fiscalía. En este contexto es que la Fiscalía de 1° Turno de Maldonado, cuyo titular es Sebastián Robles, indaga responsabilidades en dos casos.

En la noche del pasado miércoles efectivos de la seccional 12° de Punta del Este, en apoyo a personal municipal, concurrieron a un local comercial ubicado en La Barra. La Policía constató que en la parte posterior al comercio se estaba realizando una fogata y estaba tocando, además, una cuerda de tambores.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado a través de un comunicado, los efectivos contabilizaron un total de 40 personas, excluyendo a los que estaban frente al local. Según el texto, los presentes “no estaban respetando el distanciamiento ni el uso de tababocas y no se tomaba temperatura a los clientes”.

Las autoridades municipales de Maldonado, agrega el comunicado, noticiaron al encargado del local “ya que no estaban cumpliendo con las medidas sanitarias ni estaban habilitados para ese tipo de espectáculos”. Además, se avisó al fiscal Robles.

Ayer el representante del Ministerio Público le tomó declaración al encargado del local, según indicaron fuentes del caso a El País. La Fiscalía ahora seguirá tomando declaraciones a quienes intervinieron en el lugar para determinar si se configura un delito de desacato y si fueron violentadas las normas sanitarias. Según agregaron las fuentes, la intendencia de Maldonado ya había constatado otra situación similar en ese comercio.

El otro caso que está en la carpeta del fiscal implica a un local gastronómico también de La Barra. El coordinador del Cecoed de Maldonado, Mauricio Souza, informó a Robles sobre las actuaciones en ese lugar, que fue clausurado días atrás al constatar más de 150 personas en el lugar que incumplían los protocolos sanitarios. El fiscal tomó conocimiento y solicitó elevar todas las actuaciones a efectos de determinar responsabilidades.

Según explicó a El País una fuente judicial, la ley 19.932, que limita el derecho de reunión y que se encuentra vigente, “no crea un delito en sí, sino que habilita a la Policía a deshacer la aglomeración”. El posible delito se configuraría, agregó, si se ignorara la intimación de la Policía.

En tanto, el martes 5 la Prefectura y la Policía debieron intervenir para disolver una aglomeración masiva en el balneario La Pedrera. Al caer la tarde la Policía recibió un llamado que alertaba sobre unas 300 personas reunidas en la Playa del Barco.

La Prefectura acudió al lugar y no hubo inconvenientes para que la gente se dispersara. Según informó Subrayado, se trató de un evento en la playa donde había música y era organizado, presuntamente, por una marca de bebida alcohólica. Fuentes del caso informaron a El País que se había colocado una pantalla gigante y que en el parador se vendía agua a los presentes.

A raíz de esta intervención y del evento que reunió a unas 300 personas, el parador donde se realizó el evento será clausurado hoy. Así lo confirmó a El País el alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo. Según destacó Perdomo, se trata de una medida “ejemplarizante” para que no vuelven a ocurrir situaciones similares.

El miércoles se clausuró un resto Pub en Cabo Polonio por reiterados incumplimientos a los protocolos sanitarios. El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, indicó a La Paloma Diario Digital que la clausura del local se dio “en la estricta aplicación de lo que son las normas nacionales” y que el lugar ya había sido “amonestado” por el Ministerio de Salud Pública. “La gente tiene que entender que en Rocha también se está acabando el recreo”, declaró Umpiérrez.