JUSTICIA

El 11 de diciembre de 2019, la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, dispuso las prisiones preventivas de Fernando Otilio Fabrasil por asociación para delinquir especialmente agravada, y dos mujeres, de iniciales L.N.B. y E.C.C., por asistencia a la asociación para delinquir. Al día siguiente Larrieu ordenó la prisión preventiva de Mario Bentancor Caches, quien contaba con antecedentes penales, por el delito de asociación para delinquir.

En este momento, la Policía investiga todos los contactos de Fabrasil en Uruguay por si alguno de ellos también tiene alguna vinculación con la banda criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC). Se trata de una lista de una decena de nombres, todos ellos con antecedentes penales por rapiñas y hurtos.

En junio de 2019, la Policía brasileña informó a dos oficiales uruguayos, uno de ellos perteneciente a una agencia de Inteligencia y el otro al Departamento de Investigaciones Penitenciaria (DIAP), que un recluso de nombre Fernando estaba realizando contactos con el PCC para crear una “filial” en cárceles de Uruguay.

La información de la Policía norteña agregaba un par de datos más acerca del delincuente. El caso pasó a la Dirección de Inteligencia y de Investigaciones de la Policía. Se conformó un equipo de trabajo. Otros datos similares llegaron a Inteligencia del Estado por otras vías.

Un grupo de investigadores dieron con el nombre de Fabrasil. Se supo que el delincuente uruguayo, con antecedentes por homicidio y rapiñas, entre otros delitos, pretendió ser “bautizado” para ingresar a banda. Ello le otorgaría poder, contactos, armas y respeto,

El delincuente, que en el pasado dijo ser agente de la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) había planeado una serie de atracos a estaciones de servicios antes de ser remitido por la Justicia, según dijeron a El País fuentes policiales.

Fabrasil había intentado ingresar a la poderosa banda brasileña a fines de 2018 o principios de 2019, fue capturado en su casa por la Policía cuando esperaba ser rescatado por una moto de gran cilindrada y trasladado a la frontera con Brasil.

El 11 de septiembre de 2018, la cadena brasileña Bandeirantes informó que la Policía uruguaya pidió información a su par brasileña sobre la organización criminal conocida como Primeiro Comando da Capital (PCC), debido a que los métodos utilizados en un asalto a un transporte de caudales frente al Palacio Legislativo eran similares a los que aplican los criminales de ese país.

En mayo de 2017, la Jefatura de Policía de Rivera envió un mail dirigido a las correspondientes jefaturas de Artigas, Cerro Largo, Tacuarembó y Rocha, en el que se daba cuenta de una comunicación con las fuerzas de seguridad brasileña, quienes alertaron que el PCC estaba planificando un asalto en Uruguay, aunque no se especificó día ni hora para el robo.

En la administración anterior, jerarcas de la Policía de Rivera consideraban que el Primer Comando de la Capital, así como otras bandas organizadas, operaban trasladando drogas en camiones entre las ciudades norteñas de Pelotas y San Pablo.

Según las fuentes, los jerarcas de la Policía riverense tenía información de que esas otras bandas eran conocidas en Brasil como los “Bala en la Cara”, “Los Monos” y Los Gordos”.

El PCC surgió en San Pablo en 1993, entre presos de la cárcel de Taubaté como respuesta a lo que se conoce como la “masacre de Carandirú” ocurrida en 1992, cuando la Policía militarizada de ese estado reprimió un motín asesinando a 111 reclusos.

A principios del siglo XXI, comenzaron a operar para tener el control del narcotráfico en Brasil. Se estima que este grupo criminal está integrado por más de 20.000 personas y tiene presencia en el 90% de las cárceles de ese país.

La Policía uruguaya cree que en Uruguay no se estableció ninguna célula del PCC porque no tiene registro que algún “barón” (como se autodenominan los jefes de la banda) viajara a Uruguay a contactarse con delincuentes uruguayos.