INVESTIGAN VÍNCULO CON NARCOS

Avionetas, intermediarios y combustible: la teoría fiscal sobre el caso de los militares

De los cuatro militares, dos eran los que tenían mayor participación en la maniobra. Coordinaban cómo sustraer y retirar el combustible así como su distribución y conexión con los clientes externos

Mientras se investiga, tres militares irán a prisión. Un cuarto cumplirá arresto domiciliario. Foto: Ricardo Figueredo
Mientras se investiga, tres militares irán a prisión. Un cuarto cumplirá arresto domiciliario. Foto: Ricardo Figueredo

La avioneta ingresa a territorio uruguayo, tira la droga en lugares estratégicos y abandona el país. La particularidad de estos vuelos clandestinos es que los aviones tienen un tanque de combustible suplementario para alargar la autonomía de vuelo y así regresar a su origen. Esta es una de las modalidades que utilizan los grupos criminales que se dedican al narcotráfico, pero no es la única.

La otra, según indicaron fuentes policiales a El País, consiste en que la avioneta no solo ingresa al espacio aéreo, sino que además aterriza en el territorio nacional. En un punto pactado es esperada por intermediarios que se encargan de descargar la droga, distribuirla y abastecer de combustible al avión para que pueda regresar.

En esta última modalidad se basa la teoría de investigación de la Fiscalía de Maldonado de 4° Turno, a cargo de Ana Dean, sobre el caso del robo de combustible en el que hay cuatro militares de la Armada Nacional y un civil imputados.

Esto quiere decir que hay tres escalones en la maniobra: Por un lado la avioneta que aterriza con la droga, por el otro los grupos intermediarios que se encargan de la logística del producto y abastecen a la aeronave, y por último los que se encargan de comercializar ese combustible. En este escalón se encontrarían los militares que fueron acusados por robar combustible de la Armada Nacional para después venderlo a terceros.

Robo de combustible.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) recibió, en junio de 2019, información de que funcionarios de la Armada Nacional estarían realizando la logística y facilitando acceso al combustible “a una organización criminal de transporte y comercialización de sustancias estupefacientes”, según indica dictamen fiscal.

A raíz de eso se intervinieron los teléfonos de funcionarios de la Base Aeronaval Número 2 Capitán Curbello, ubicada en Laguna del Sauce. Según la investigación, “no se logró establecer conexión directa entre los funcionarios militares y las organizaciones”, pero sí se pudo demostrar que se estaban comercializando “miles de litros de combustible (fundamentalmente nafta de avión) a particulares presuntamente intermediarios”. La Fiscalía y la Dgrtid investigan ahora si esos intermediarios, que compraban combustible a los militares, así como las personas imputadas, tienen vínculo directo con estas organizaciones.

De los cuatro militares, dos eran los que tenían mayor participación en la maniobra delictiva: un marino y un suboficial.

Ambos se encargaban de coordinar cómo sustraer y retirar el combustible así como su distribución y conexión con los clientes externos. El otro militar involucrado se desempeñaba como chofer del sector. Los tres fueron acusados de un delito de asociación para delinquir y un delito continuado de peculado.

El cuarto militar reconoció que en cuatro oportunidades compró gasoil para su vehículo a $ 25 el litro. El particular fue acusado de un delito de receptación. Según aclaró la fiscal Dean a El País “los jerarcas (de la Armada) no tienen ninguna conexión” con el caso.

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