UNA FACTURA INCOBRABLE

Intendencia de Maldonado: Corte alerta maniobra en gestión del FA

La SCJ alertó sobre la existencia de una maniobra delictiva en el cobro pretendido de una factura por $ 5,4 millones presentada por un empresario durante la administración frenteamplista.

Vista nocturna de la Intendencia de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo (Archivo)
Vista nocturna de la Intendencia de Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo (Archivo)

En 2015 la administración frenteamplista de la Intendencia de Maldonado inició un programa ambicioso de realojo de asentamientos. Para ello, compró un padrón de más de 30 hectáreas en Cañada Aparicio, al norte de la ciudad de Maldonado. Allí la comuna fernandina construiría viviendas de interés social.

Una empresa realizó en 2015 trabajos de electrificación en Cañada Aparicio en el marco de un contrato con la Intendencia de Maldonado, cuya intendente era Susana Hernández (tras la renuncia de Óscar de los Santos para hacer campaña). La firma cobró parte del trabajo y quedó un saldo de $ 5,4 millones.

El dueño de la empresa declaró ante la Justicia que un funcionario municipal, a pedido de dos exdirectores frenteamplistas, le dijo que la intendencia no tenía rubros para pagarle.

“La intendencia adujo que no tenía rubros y que facturemos por otro trabajo”, dijo el empresario. Ese “otro trabajo” era una obra de construcción en Piriápolis realizada en el marco de otra licitación. Y agregó: “Yo no dudé en hacer esa factura (que no corresponde con la realidad). La persona que me lo pidió fue C. X.”, un funcionario municipal.

Ante el juez, el funcionario C. X. testificó que la directiva para que intercediera con la empresa sobre la factura “trucha” la recibió del entonces director y de la exsubdirectora de Vivienda.

Un día antes de finalizar la gestión frenteamplista en el departamento, el empresario presentó el cobro de la factura en la intendencia. En contaduría, ya en la administración del intendente blanco Enrique Antía (2015-2020), se detectó que la factura pertenecía a una obra de Piriápolis y no a la de Cañada Aparicio, y por eso se decidió no habilitar el pago de la cifra reclamada. Poco después, Antía hizo un llamado a acreedores para ver a quiénes la intendencia debía dinero y el empresario no se presentó.

A fines de 2016, el empresario inició un juicio civil a la comuna reclamando el saldo y en primera instancia lo ganó. La Justicia Civil entendió que la intendencia había incurrido en un incumplimiento. La comuna, entonces, apeló.

El fallo del Tribunal de Apelaciones Civil, fechado el 17 de junio de 2020, es lapidario. “No se puede hablar de un simple error en la factura, ya que existió dolo en el accionar de la empresa, quien se prestó para la maniobra de transposición de fondos de origen internacional, a sabiendas de que lo que consignó en la factura era falso”, expresó el Tribunal.

Descontento con la sentencia, el empresario presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

El 9 de agosto pasado, la Corte rechazó la casación interpuesta por el empresario en todos sus términos y destacó perfiles delictivos en la pretendida maniobra de cobro.

“Surge con claridad que la base del reclamo (del empresario) fue la factura impaga (por la Intendencia de Maldonado), que fue cuestionada en sede civil y penal por falsedad ideológica”, dice el fallo de la Corte.

El caso penal.

En forma paralela al caso civil, el abogado Enrique Moller, en representación de la Intendencia de Maldonado, presentó en mayo de 2016 una denuncia penal pidiendo que se investigara un supuesto fraude por parte de dos exjerarcas de la administración frentista y el empresario.

Consultado por El País, Moller señaló que el empresario solo no podría cobrar nunca esa factura por $ 5,4 millones.

“Fue expresamente llevado a esa situación. Por ello, el empresario nombró en su declaración a determinados jerarcas de la Intendencia de Maldonado en la época de los Santos. Ese tema queda por resolver”, dijo Moller.

Y concluyó: “En definitiva, este fraude que se le quería hacer a la Intendencia de Maldonado quedó al descubierto. La comuna no pagará esa cifra. Y por otro lado los presuntos autores de la maniobra deberán responder penalmente. Uno de ellos está más que claro (el empresario) y falta el resto, que son los funcionarios de la intendencia de aquella época que permitieron o se prestaron para esta maniobra”.

El 13 de agosto pasado, Moller entregó en la Justicia Penal el fallo de la Suprema Corte en la vía civil. Restan declarar tres funcionarios municipales. Luego se expedirá la Fiscalía.

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