Reforma del CPP

El Instituto de Derecho Penal en contra de mayor poder a Policía

El ministro Bonomi culpó a jueces de afectar la política de seguridad.

Foto: Francisco Flores
Foto: Francisco Flores

El Instituto de Derecho Penal y Criminología de la UdelaR cuestionó las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo al Código del Proceso Penal que "empoderan a la Policía minimizando al Ministerio Público".

El informe que fue entregado a la Comisión de Constitución del Senado —y al que tuvo acceso El País— fue realizado por el profesor adjunto Carlos Uriarte. Se concluye que con la reforma proyectada, la Policía cobra mayor autonomía al suprimirse el pasaje que sujetaba su actividad procesal penal a "las instrucciones que les impartan los fiscales".

Esta opinión llega en momentos en que el Ministerio del Interior se enfrenta al sistema judicial por la puesta en marcha del nuevo CPP y el aumento de delitos. "Con decisiones judiciales se está afectando la política pública de seguridad y eso no corresponde, el juez no puede cambiar las políticas públicas", aseguró el ministro Eduardo Bonomi, sobre la designación de custodias policiales en casos de violencia doméstica que desafecta a unos 500 efectivos del patrullaje en Montevideo. Y dijo estar seguro de que "existe resistencia" al nuevo CPP de parte de los operadores judiciales, entre jueces, fiscales y también la policía.

Desde el punto de vista del Instituto de Derecho Penal y Criminología, el problema más grave es que con las modificaciones propuestas por Interior "se profundiza de hecho la vieja detención en averiguación", de "indudable inconstitucionalidad", ya que se entiende vulnera el artículo 15 de la Constitución, que refiere a la orden judicial y existencia de flagrancia.

De acuerdo al texto original del Código del Proceso Penal, la posibilidad de consignar las declaraciones de testigos quedaba limitada a la detención en caso de flagrancia o fuga o a la tarea de resguardar el lugar del hecho y conservar objetos de prueba. Con la modificación, se advierte que la Policía podría obtener datos de testigos y recibir declaraciones en cualquier fase de la investigación, "en solitario" y sin instrucciones de los fiscales. El hecho de que se permita la detención de una persona "que se disponga a cometer un delito" —con el amplio margen de apreciación que conlleva— "está en las antípodas de la flagrancia", asegura.

Por otra parte, se advierte que junto con la incorporación de la Ley de Procedimiento Policial se deja abierta la posibilidad de aumentar las facultades de los efectivos por vía reglamentaria, en una suerte de "ley procesal en blanco". Por el artículo 54 del CPP, la Policía, una vez recibida la denuncia o conocido el hecho, "informará inmediatamente" al fiscal.

Con los cambios propuestos, esas actuaciones quedan asociadas a la evaluación de la gravedad del hecho que haga la Policía. El nuevo texto habilita a los efectivos a realizar las diligencias que correspondan a la investigación, suprimiendo la obligación de informar de inmediato. "Cabe la posibilidad de interpretar esta disposición concluyendo que la Policía no tiene por qué informar de los delitos que considera graves, y que se deja a su criterio la evaluación correspondiente", sostiene el informe entregado al Parlamento. La Policía podría no introducir el caso en el sistema informático, no informar de inmediato e investigar, para informar con posterioridad. Si sucediera esto, "la situación tendría una gravedad inusitada y un retroceso en orden a las facultades de los fiscales y las garantías procesales".

En tanto, el mismo informe de Uriarte señala que el establecimiento de la prisión preventiva preceptiva (como regla y en determinados casos de reincidencia y reiterantes) "es ostensiblemente inconstitucional e inconvencional". Se sostiene que la disposición vulnera la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, el principio de igualdad (al discriminar según autores) y el principio de inocencia, porque se autoriza la reclusión cuando no hay sentencia firme condenatoria.

Asimismo se opina en contra de la limitación de la libertad anticipada para los delitos de lesiones graves y gravísimas. Se entiende que la misma "no es un beneficio, es un derecho". En conjunto, las medidas que se denominan "contrarreforma" generarán un "inusitado aumento de la tasa de prisionización", finaliza el informe. "El empoderamiento policial no es bueno cuando se hace en desmedro de garantías; tampoco es bueno que sea desde el Ministerio del Interior que se urdan estos proyectos panpunitivos, que nos empujan hacia el irracional aumento de la prisionización con la vieja receta de administrar la reiteración y la reincidencia, sea para ampliar el ingreso a la cárcel", concluye Uriarte.

Sanciones.

Marcelo Domínguez, otro docente grado tres del Instituto de Criminología, fustigó los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código del Proceso Penal. Consideró que establecer la prisión preventiva como preceptiva es inconstitucional, además de colisionar con todas las Convenciones, Tratados y Pactos de los Derechos Humanos ratificados por Uruguay, con el inminente riesgo de traer aparejadas sanciones internacionales.

Asimismo se subraya que "no es para nada recomendable" la restricción de la libertad anticipada ni de las libertades vigiladas en los procesos abreviados, puesto que de esa forma se saturaría el sistema, sería menos eficaz y se volvería a contar con una cantidad importante de presos sin condena, tal como sucedía con el viejo CPP. Al final de su informe, Domínguez manifiesta su más absoluto rechazo a los cambios propuestos por el Ejecutivo y pide no aprobarlos, al entender que "atentan contra el Estado de Derecho".

CPP: Constanza no votaría el proyecto de ley del Ejecutivo

Son varios sectores dentro del Frente Amplio que se oponen a los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código del Proceso Penal. El Partido Comunista ya advirtió que si no se modifica el texto no votará, y Casa Grande, sector de la senadora Constanza Moreira, va por el mismo camino.

"Es demasiado poco tiempo como para hacerle una modificación sustantiva al Código. No es el momento de poner la prisión preventiva preceptiva desde el hurto a las lesiones graves", opinó Moreira en el programa Quién es Quién que se emite por Diamante FM.

Además, la senadora oficialista aseguró que la medida propuesta no tiene el apoyo de ningún operador judicial.

"No puedo decir si se aprueban o no los cambios al Código del Proceso Penal. Esto es una ecuación de poder en la cual una parte del Frente Amplio y toda la oposición, a mi juicio de la manera más irresponsable posible, están promoviendo volver a poner la prisión preventiva preceptiva que es, como dijo una defensora pública, dispararle al corazón de la reforma", concluyó la senadora y líder de Casa Grande.

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