JUSTICIA

Fue trasladado esposado de sede en sede por 20.000 km.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El año pasado, el exrecluso Héctor L. presentó una demanda por daños y perjuicios contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Argumentó que fue juzgado varias veces por el mismo delito por los juzgados de Tacuarembó, Paysandú, Mercedes, Canelones, Montevideo y Florida.

Héctor L. tenía una cédula de identidad falsa a nombre de Daniel Adán Suárez González y fue procesado y penado por tres sedes por el mismo delito violando el principio “non bis in ídem” (no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).

Fue procesado por única vez en el Juzgado de Tacuarembó por el delito de estafa o libramiento de cheques sin fondos, confesando Héctor L. donde había librado los otros cheques. Pero fue llevado a otras sedes -Salto y Durazno- donde se entendió que ya había sido procesado y se archivaron las actuaciones judiciales.

La sentencia del juez de lo Contencioso Administrativo Pablo Eguren, a la que accedió El País, expresa que el demandante afirma que estuvo preso y sin ninguna salida transitoria.

“Fue trasladado de sede en sede conducido y esposado por más de 20.000 kilómetros: Salto, Paysandú, Mercedes, Canelones, Montevideo, Durazno y Florida y alguna de ellas en varias oportunidades”, dice Héctor L. en su escrito.

El demandante estuvo privado de libertad desde el 20 de octubre de 2010 al 14 de marzo de 2016, por un total de cinco años, cuatro meses y 23 días.

En su respuesta a la demanda, la Suprema Corte de Justicia alega que no fue probado que el preso fuera juzgado varias veces por el mismo delito y agrega que la actuación de los magistrados actuantes fue adecuada, sin mediar culpa, error al juzgar o inexcusable y mucho menos dolo.

Respecto a los daños reclamados, el Poder Judicial considera que no ha existido un padecimiento moral más allá de la media, ya que se trata de una persona que fue condenada por los delitos que luego integraron la unificación de penas. Debía estar en prisión cuatro años y dos meses. Dos fallos, en primera instancia y un Tribunal de Apelaciones, confirmaron que el preso Héctor L. estuvo un año, dos meses y 25 meses preso de más. Por ello, Eguren condenó al Poder Judicial a pagar $ 315.000, más intereses y reajustes, por concepto de daño moral por la prisión indebida.