JUSTICIA

INAU: juicio del gremio por 1.500.000 dólares

Joselo López será uno de los demandantes. Sumarios por golpiza no piden sanciones.

Los sumarios contra Joselo López y otros gremialistas concluyeron que no hubo responsabilidad. Foto: Darwin Borrelli.
Los sumarios contra Joselo López y otros gremialistas concluyeron que no hubo responsabilidad. Foto: Darwin Borrelli.

El video se viralizó enseguida en 2015. También fue reproducido en múltiples ocasiones por programas de televisión. La filmación mostraba el interior del Centro de Privación de Libertad (Ceprili) al finalizar una asamblea. Un grupo de funcionarios redujo a dos menores que intentaron amotinarse.

Al fondo, recostado contra una pared, observaba la escena el presidente del sindicato del INAU y secretario general del gremio de los funcionarios públicos (COFE), José Lorenzo López. En ese momento, el sindicalista también era vicepresidente del Pit-Cnt.

Incidentes en el Ceprili
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El 21 de agosto de 2015, la Justicia procesó a 26 funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por los delitos de torturas y complicidad en torturas. Entre ellos se encontraba López. Poco después, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er Turno absolvió a 15 funcionarios, incluyendo a López. La fiscal Silvia Porteiro presentó un recurso de casación y el caso derivó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La Corporación ratificó el fallo del Tribunal de Apelaciones y los funcionarios fueron absueltos.

El abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman, dijo a El País que 11 de los 19 sumarios iniciados por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) salieron favorables a los funcionarios. Y agregó que, en la próxima semana, finalizarán en forma positiva para los trabajadores otros seis sumarios ordenados por el Instituto del Menor del Uruguay (INAU).

Consultado sobre qué implica para los acusados la finalización de estos procedimientos internos, Williman respondió que para 15 funcionarios se terminó el tema en la esfera judicial con la revocación de su procesamiento y en la administrativa con la finalización de los sumarios que señalan que no incurrieron en una falta.

El docente de Técnica Forense de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) y de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa (UDE) recordó que muchos de esos 15 trabajadores estuvieron privados de libertad hasta seis meses en centros penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación y posteriormente la Justicia les dictaminó prisión domiciliaria. Según Williman, esos funcionarios absueltos por la Justicia y que no fueron sancionados por los sumarios presentarán en breve un reclamo por prisión indebida.

Consultado sobre el monto de esa demanda, Williman respondió que es difícil brindar un dato exacto. No obstante, dijo que "estamos hablando de 15 personas. Si cada uno de ellos reclama un promedio de US$ 100.000, hablamos de un total de US$ 1,5 millones. Algunos funcionarios reclamarán más y otros menos, porque el daño moral no es igual para todos".

Williman dijo que, en cambio, otros cinco funcionarios —de un total de 26 acusados en primera instancia— tendrán sumarios en contra. "Esos resultados son lógicos. Estas resoluciones están saliendo en los próximos días. Es posible que en esta lista se encuentren directores del Ceprili", expresó.

Otro juicio.

El abogado defensor de un jerarca procesado, José Antonio Maldonado dijo que elabora una demanda reparatoria contra el Estado y recordó que su cliente fue injustamente procesado con prisión y probada su inocencia absoluta en el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte.

"Los daños y perjuicios que se le ocasionaron a nivel funcional, profesional y familiar son cuantiosos", dijo Maldonado.

CEPRILI

De una "operación política" a los "matones"

El 24 de julio de 2015 se realizó una asamblea de funcionarios en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili), uno de los institutos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Dos menores comenzaron a romper la tapa de una alcantarilla. Apartaron cascotes y escondieron fierros en sus celdas. Después fueron reducidos. Todo fue filmado por las cámaras de seguridad. Entre los funcionarios se encontraba José Lorenzo López, que no participó en la agresión a los menores, pero observó todo. López dijo que él y su sindicato son objeto de una "operación política" de la directora del Inisa, Gabriela Ful- co. "No debe haber matones trabajando para el Estado", reaccionó la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, en respaldo a Fulco.

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