AUDITORÍA

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió ayer por unanimidad presentar una denuncia penal contra una organización social con la que firmó tres convenios, por no rendir cuentas al organismo durante 16 meses, a pesar de que siguió cobrando las partidas correspondientes. El presidente del INAU, Pablo Abdala, informó a El País que “hay un faltante por concepto de estos tres proyectos de $ 16.300.000”.

La organización denunciada es Servicios y Acciones para la Infancia (SAI), que estaba a cargo de dos centros juveniles, uno en Montevideo y otro en San José, y de un proyecto ETAF (Equipos Técnico de Apoyo a la Familia). Entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, cuando INAU rescindió el contrato con SAI, la asociación no rindió cuentas al organismo. “Son dineros que el INAU pagó, que no se sabe qué pasó con ellos y no hay comprobante de su utilización o destino”, explicó Abdala. El reglamento del INAU establece que las organizaciones que tienen este tipo de convenios están obligadas a rendir cuentas cada dos meses.

La denuncia penal será presentada además contra un funcionario de INAU que actuaba como representante de SAI, organización en la que tenía un cargo rentado, a pesar de que no desempeñaba ninguna tarea concreta. El trabajador llegó a ocupar un cargo de jerarquía en INAU: durante un tiempo fue director de un centro de ingreso de adolescentes.

“Frente a esa situación tan grave dispusimos instruir un sumario con separación del cargo y retención de medio sueldo de este funcionario en forma inmediata. Al mismo tiempo, resolvimos presentar una denuncia penal contra él y contra la asociación civil. Además, dispusimos una investigación administrativa de carácter general en el instituto a los efectos de determinar los procedimientos, porque lo que no se explica es cómo pudo transcurrir tanto tiempo, casi un año y medio, en condiciones irregulares como esta”, explicó Abdala.

La irregularidad fue detectada por la auditoría interna del INAU. Luego, el departamento de Jurídica del instituto recomendó hacer la denuncia penal. Abdala, que es abogado, considera que “podría existir una conjunción de interés”, pero advierte que “eso lo catalogará la justicia”.

El directorio aún no tomó conocimiento de la evaluación de los supervisores del programa de adolescencia, que son quienes controlan y verifican el cumplimiento de los convenios. “Formalmente los centros juveniles seguían funcionando. A cuántos adolescentes atendían y qué características tuvo la atención es parte de lo que vamos a develar a partir de la investigación administrativa que está en marcha”, agregó el presidente del INAU.

INAU tiene 900 convenios vigentes con organizaciones civiles como el que mantuvo con SAI. Uno de esos convenios fue rescindido ayer por el directorio también por unanimidad, con votos del oficialismo y de la directora por la oposición, Natalia Argenzio, representante del PAR, el sector que lidera la diputada Cristina Lustemberg. Se trata del convenio firmado con “Gianella por la vida”, asociación que gestionaba un centro juvenil en Cerro Largo y que durante un año, en 2017, no rindió cuentas a INAU. De todas maneras, a pesar del incumplimiento, esta organización siguió recibiendo los pagos durante ese lapso por un monto de $ 12 millones.

“Resolvimos iniciar la investigación administrativa, rescindir el convenio y solicitarle a Jurídica que se pronuncie sobre la eventualidad de formular una denuncia penal con relación a estos hechos”, explicó Abdala, quien supone que probablemente en las próximas semanas presentarán otras denuncias penales.