TACUAREMBÓ

Este miércoles se inició una investigación a 11 funcionarios de la Intendencia de Tacuarembó, tras ser acusados de apropiarse de una donación para "personas carenciadas y de bajos recursos" que fue realizada a la comuna, informo Subrayado y confirmó a El País Valentina Sánchez, fiscal del caso.

Los empleados municipales fueron acusados por un delito de peculado, que implica la apropiación indebida por parte de funcionarios públicos. El jueves se realizará una audiencia de formalización contra "dos trabajadores del ejecutivo municipal", indicó Sánchez.

El hecho se conoció luego de que un funcionario municipal realizara una denuncia, tras constatar que varios de los elementos que habían sido donados se estaban vendiendo.

La fiscal explicó que la donación fue realizada por dos empresas de la Zona Franca del departamento de Florida y consistía básicamente en prendas de vestir como camperas, capas de lluvia y botas de goma.

"Se trató de una donación muy grande, pero en ningún momento se hizo el inventario. Ni cuando salió el camión con las cosas ni cuando se descargó en el Estadio Goyenola, donde fueron dejadas", indico la fiscal.

Sánchez expresó que mientras estaban descargando los objetos, "dos funcionarios del ejecutivo les dijeron a los que descargaban que se podían llevar un par de botas de goma y unas herramientas. Por eso se va a pedir su formalización, para investigar el por qué de esa orden, que puede estar bien o mal dada", indicó.

A todos los municipales a los que se les encontró las botas y las herramientas no se les inició una investigación, ya que se entendió que estaban cumpliendo órdenes. "Pero, después de una investigación ocular, a algunos les encontraron más de 30 cosas en su casa", dijo.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Jhon Saravia, explicó a Radio Tacuarembó que luego de que se recibió la denuncia se desencadenó "una operación policial" mediante la que se identificó a una "serie de funcionarios de la intendencia". "Concurrimos a 27 domicilios, que fue donde se nos proporcionó la mercadería", indicó.

"Nos recibieron con amabilidad y respeto. No fueron necesarias órdenes de allanamiento ni ninguna medida de esa naturaleza. Se prestaron para que pudiéramos trabajar en su domicilio y nos entregaron la mercadería", agregó.

Por su parte, la fiscal explicó que "el legislador lo que quiere en este caso es que se entienda que no se pueden tocar las cosas públicas", dijo y ejemplificó: "A uno por ejemplo le encontramos la tapa de un wáter, capaz que una persona roba una tapa de un wáter y es menor, pero en este caso es un funcionario público tomando cosas públicas".

A los 11 funcionarios se les impuso la medida cautelar de prisión domiciliaria durante 45 días.