ESTE VIERNES

La Justicia imputó este viernes a la jueza Letrada de Rivera de 6º Turno, María Sánchez Ruiz, por un delito de peculado, reiterados delitos de abuso de funciones y un delito de violencia privada, todos ellos en régimen de reiteración real, indicó la fiscal del caso Stella Alciaturi en rueda de prensa consignada por el portal Sentinela 24H.

Se fijo la medida cautelar de privación de libertad por 120 días mientras continúa la investigación. En tanto, la magistrada debe fijar domicilio y no variarlo sin conocimiento de la sede judicial, tiene prohibido ausentarse del país, se le retuvieron documentos de viaje y se prohíbe la comunicación de "cualquier manera" con determinadas víctimas y testigos.

Tres hurtos de celulares y otros objetos entre febrero y marzo de este año cometidos por parte de la pareja de la magistrada, con siete antecedentes penales, condujeron la investigación hacia ella. El hombre fue formalizado por los hurtos y por “daños agravados” dentro del juzgado constatados durante el procedimiento policial.

La magistrada fue imputada por "intimidar" mediante "amenazas" a una mujer que denunció el robo de un celular y las llaves de su camioneta de una habitación de un hospital donde se encontraba internada la pareja de la magistrada, de acuerdo a la formalización que tuvo acceso El País. Invocó "su cargo y sus presuntas influencias".

El País informó el 10 de mayo que la magistrada se comunicó con la mujer y se presentó como la madre del delincuente que le había robado el celular. Había señalado que tenía “influencia” sobre la Policía, ya que trabajaba en el Poder Judicial. Además del robo, la víctima denunció una amenaza. Efectivos lograron determinar que la llamada había sido realizada desde el celular de la magistrada y así se inició la investigación.

Otro de los casos fue la denuncia que, a fines de marzo, la pareja de la magistrada robó el celular de un comercio y fue grabado por las cámaras del local. La víctima publicó en redes sociales el video y tomó "estado público el hecho" donde se comentaba que el autor era la pareja de la jueza.

Cuando Fiscalía consultó al respecto, el comisario que por entonces era el encargado informó que “ya estaba todo arreglado, ya que la esposa del imputado pagaría el celular”.

Una vez que comenzó la investigación en la Unidad de Delitos Complejos, se citó a la víctima que declaró que la jueza solicitó que "retirara el video de las redes sociales, cosa que no dudó en hacer, ya que se trataba de una jueza". Además, la convocó a su domicilio "donde la convenció de aceptar un celular de menos valor como compensación por el celular hurtado". La víctima "decidió no efectuar mas reclamos" porque, "temió que por su calidad de jueza pudiera perjudicarla".

Si bien en este caso "no utilizó amenazas", fue imputada por "abuso de su cargo de magistrada, a efectos de convencerlos de tolerar un perjuicio patrimonial, y asimismo pretendió influenciar a funcionarios de menor jerarquía para que omitieran denunciar hechos de apariencia delictiva".

Además, "se comunicó en forma personal y directa con funcionarios policiales en investigaciones que no correspondían a su competencia, ya que, de ninguna otra forma se puede explicar que, en forma inusual, se omitiera por parte de la autoridad comunicar hechos delictivos y omitir el cumplimiento de órdenes impartidas por la Fiscalía y que expresara al respecto el oficial del caso que ya “estaba todo arreglado”.

Fue imputada por el delito de peculado porque "se apropió de una laptop perteneciente al organismo Poder Judicial, de la que estaba en posesión en razón de su cargo, la que hasta ahora no fue recuperada".

El tercer caso refiere al robo de un celular en un hospital de Rivera a fines de febrero. Se solicitó que se "recabaran las cámaras de videovigilancia de los pasillos de la institución médica y, además, que se realizara una inspección voluntaria en el domicilio del paciente". No obstante, "ninguna de las dos órdenes fueron cumplidas por la policía", por lo que está siendo investigado por Fiscalía.

A fines de abril, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió iniciar un procedimiento disciplinario a la jueza Letrada de Rivera de 6º Turno "suspendiéndola en el ejercicio de su cargo y ordenando la retención de la mitad de su sueldo por el plazo de seis meses", había informado en un comunicado.