GASTO CUESTIONADO

Para el intendente Martínez, “no hay ninguna ilegalidad”.

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) donó este año más de 2,2 millones de dólares a la Sociedad de San Francisco Sales (Padres Salesianos) como pago por servicios de barrido de cordones, limpieza del entorno de contenedores y árboles; pero las transacciones ya fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) por apartarse de las normativas vigentes.

Sin embargo, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo a El País que "no hay ilegalidad y no se ha encontrado otra forma de hacer las cosas". En uno de los tres casos detectados este año por el TCR, se observaron los pagos porque contravienen varios artículos del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Por ejemplo, el 33 sobre el procedimiento, que establece que "las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro procedimiento competitivo" para determinados montos. En este caso, el convenio de donación modal entre el Municipio C y la organización salesiana asciende a más de 1,7 millones de dólares, superando lo establecido en la norma.

Para el intendente Martínez, las donaciones modales "son las formas de contrapartida de convenios, como con Tacurú. Hace mil siglos y pasa con todas las intendencias", apuntó. "Es un viejo debate que viene de 50 o 60 años. No hay ilegalidad y no se ha encontrado otra forma de hacer las cosas", consideró el intendente. De acuerdo a las resoluciones del TCR a las que accedió El País, las donaciones "no se encuadran en el Código Civil y por lo tanto no pueden ser calificadas como donación modal". El gasto fue reiterado por el Municipio C y por el propio intendente Martínez en marzo del año pasado. A su vez, el TCR señala que fue el intendente quien dispuso la renovación del convenio por el plazo de un año. El órgano de contralor del gasto en el Estado, consideró en el final de su resolución que la renovación de la donación está "afectada por vicios de procedimiento insubsanables de la contratación original, cuyo gasto fue observado".

En los otros dos casos, analizados, el TCR observó la renovación del convenio de donación modal con la organización de Padres Salesianos con el Movimiento Tacurú para el programa "Zona Limpia" por un monto de más de 211 mil dólares para realizar tareas de limpieza y levante de ferias domiciliarias, "como experiencia educativa laboral para los jóvenes mayores de 18 años en condiciones de riesgo social".

El Movimiento es una organización Salesiana de la Iglesia Católica que desde el año 1981, desarrolla su actividad socio educativa y pastoral en un contexto de la ciudad de Montevideo que presenta el mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de la población de la capital, según señala la propia web de la organización. "Nuestro trabajo se inscribe en un escenario de pobreza crítica que compromete, desde hace ya mucho tiempo, el crecimiento humano de la persona y de su comunidad", añade la descripción en su biografía institucional. La organización desarrolla varios proyectos: deportivos, laborales, pastorales y de formación de oficios. En otra resolución a la que accedió El País, también relacionada a la reiteración del gasto derivado de un convenio de donación modal y comodato con la organización San Francisco de Sales, la IMM donó 316 mil dólares. En este caso, también se determinó que el gasto contraviene los dispuesto por el artículo 33 del Tocaf, entre otras puntualizaciones.

El País se comunicó con los dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) pero allí se prefirió realizar comentarios ya que desconocían los casos. Por su parte, el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, informó que en los próximos meses analizará caso a caso, todos las donaciones observadas por el tribunal. Fuentes consultadas por El País, se preguntaron cuáles son los actuales vínculos que unen a Martínez con la comunidad salesiana. Consultado por los tres casos detectados por el TCR, el jefe comunal indicó que "lo mismo le pasa a los municipios incluidos el E y el CH". Si bien no tiene poder sancionatorio, el TCR es la entidad fiscalizadora superior que, con autonomía ejerce el contralor de la Hacienda Pública en beneficio de la sociedad.