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Hubo vueltas de tuerca en torno a los audios grabados a Valdez

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Comparecencia: Arturo del Campo llega a la sede de la Fiscalía a declarar como indagado. Foto: Francisco Flores

Los blancos llaman a Vázquez al Parlamento

Declaró Arturo del Campo y le incautaron el celular a Walter Alcántara.

La investigación en torno a las conversaciones grabadas sin autorización al expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, que desembocaron en su renuncia tuvo ayer varias vueltas de tuerca.

Primero, declaró ante la fiscal Silvia Pérez en calidad de indagado el candidato a presidir la AUF, Arturo del Campo; después un juez ordenó la incautación del teléfono móvil del responsable de las grabaciones, el empresario Walter Alcántara; y, por último, el Partido Nacional anunció que convocará al Parlamento al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

Del Campo debió testificar sobre contradicciones en su declaración anterior. Es que en su primera comparecencia le había dicho a la fiscal que no había pedido los audios grabados por Alcántara, pero luego este presentó una grabación donde constaba que sí lo había hecho.

Al salir, de la audiencia Del Campo indicó que la fiscal le preguntó "las cosas lógicas" y aseguró que "va a quedar todo claro (...) Le entregué todo lo que me pidió".

También dijo que ofreció entregar a la fiscalía su celular, pero su titular, Silvia Pérez, entendió que no era necesario incautarlo.

Minutos después de la partida de Del Campo se retiró Pablo Galain, el abogado de Valdez, quien también participó de la audiencia y tampoco quiso hacer declaraciones.

Mientras Del Campo declaraba se supo que el juez letrado de primera instancia en lo penal de 39° turno, Alejandro Asteggiante, dispuso la incautación del teléfono celular de Alcántara, el lobista que grabó por lo menos cinco horas de conversaciones con Wilmar Valdez relacionadas con diferentes negocios vinculados a la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El celular será ahora periciado por Policía Científica, en el marco de la denuncia que Valdez le hizo a Alcántara por extorsión, según informaron operadores judiciales a El País.

"Era previsible en el marco de la denuncia presentada por Valdez, donde se hablaba de llamadas, mensajes y una presunta extorsión. Era natural que se incautara el teléfono. Nosotros lo propusimos voluntariamente en la primera comparecencia, estamos muy tranquilos porque no tenemos nada que ocultar", dijo al portal Ecos su defensora, Silvia Echebarne.

"Tenemos una actitud proactiva y colaborativa en todo momento. Seguimos pensando que la investigación tiene dos caminos porque se sigue sin hablar del contenido de los audios. Un camino es intentar saber que se buscó hacer con los audios y otro es el contenido del material. Seguimos pensando lo mismo y confiando en que la justicia investigará el contenido en profundidad", dijo la abogada.

Convocatoria.

Finalmente, el Partido Nacional decidió convocar al subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, para que informe sobre su participación en el proceso de adjudicación de la compra de cámaras de reconocimiento facial para el Estadio Centenario, informó a El País el diputado blanco, Pablo Abdala. Explicó que en la medida en que Vázquez se puso a disposición del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, la Junta Anticorrupción y la Justicia, "no puede estar ausente del Parlamento dada la gravedad del tema".

La bancada blanca decidirá el próximo lunes a qué comisión convocará al funcionario que puede ser la de Deportes de la Cámara de Representantes o la de Seguridad y Convivencia.

Interior se deslindó de la licitación de las cámaras

El jueves, el Ministerio del Interior emitió un comunicado desmintiendo, como había trascendido en los audios grabados a Wilmar Valdez por Walter Alcántara, haber incidido en la elección de la empresa que vendió las cámaras de reconocimiento facial para el Estadio Centenario.

El comunicado expresó que el ministerio "jamás insinuó ni direccionó" la contratación de ninguna de las empresas que participaron del llamado. Esa decisión, indicó el documento, era de "absoluta y exclusiva competencia de la AUF, dueña del procedimiento de selección".

La participación del ministerio en este asunto "fue de asesoramiento a la AUF acerca de las condiciones técnicas necesarias para implementar un sistema de reconocimiento facial eficiente", aseguró el comunicado.

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