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Heritage: fiscal acordó prisión para empleada

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Después de ocho meses de investigación, el fiscal Enrique Rodríguez llegó a un acuerdo con la defensa de la bancaria acusada. Foto: Marcelo Bonjour

INVESTIGACIÓN

Recibirá pena de dos años y medio por estafa y falsificación.

La empleada infiel del Banco Heritage entregará todos sus bienes a la empresa con el propósito de llegar a un acuerdo con el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, de reducción de pena. Es acusada de falsificación de documentación privada y estafa. Para el banco, el ilícito superó los US$ 20 millones, supo El País.

La empleada bancaria falsificó documentos para ocultar los retiros de dinero de 50 cuentas de clientes argentinos y, de esa forma, engañar al banco y a los ahorristas. En otras ocasiones, la funcionaria falseó instrucciones y firmas de clientes referidas a transferencias de dinero de sus cuentas.

Después de ocho meses de investigación, el fiscal Rodríguez presentará entre hoy y mañana a la Justicia la comunicación de la formalización del juicio contra la empleada bancaria. La audiencia será fijada la próxima semana por la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu.

Rodríguez y los abogados defensores de la acusada, Javier Simonetti y Carlos Peña, llegaron un acuerdo el miércoles 12, según informó TNU.

Fuentes del caso dijeron a El País que la Fiscalía solicitó una pena de prisión efectiva contra la ejecutiva de cuentas del banco Heritage de dos años y medio. Al tratarse de un juicio abreviado, la exbancaria no podrá contar con beneficios de reducción de pena por trabajo o estudio. A cambio, la acusada y una familiar directa entregaron al banco las propiedades situadas en Maldonado que estaban a su nombre y de las sociedades Cerros Azules, Los Charrúas, Punto Austral y Ricompensa. El valor de los bienes entregados por la ejecutiva aún no fue establecido. Además confesó detalles de la maniobra.

Según fuentes del caso, el fiscal Rodríguez ya indagó a diez personas, entre ellos, individuos que realizaban cambios de moneda o retiraban fondos de cuentas de argentinos y luego los entregaban en Buenos Aires sin declarar impuestos en el vecino país.

En su testimonio ante la Fiscalía, la exempleada bancaria dijo que contactó a una persona que tenía experiencia en el ramo y vínculos que le permitían tanto recibir como pagar partidas a residentes en Argentina que tuvieran fondos no declarados en el país.

Tras la formalización del proceso penal, Rodríguez continuará la investigación, lo que podría derivar en citaciones de funcionarios del Banco Heritage quienes tenían como función realizar controles a las tareas de la acusada.

La ejecutiva de cuentas era una persona con larga trayectoria en el Banco Heritage. Fue contratada en 1982 y renunció a su cargo en noviembre de 2017 tras descubrirse el ilícito.

En diciembre de ese año, la acusada recibió amenazas por Whatsapp de un familiar de uno de sus clientes argentinos. La acusada prefirió no presentar una denuncia penal para no agravar su situación.

Miguel (Nombre ficticio): Lindo el supermercado del finado (el esposo de la ejecutiva de cuentas se suicidó antes de que trascendiera la estafa contra el banco). Linda zona. Lo que es ser querida en el banco. Cuanta información le dan a uno. (...) Voy a ser tu peor pesadilla. Cuidado el supermercado". En otros mensajes, Miguel señaló: "Que quilombito tiene el banco por tu culpa. Cada denuncia en contra del banco ellos la trasladan a tu contra. Estafadora. El que mal anda mal acaba".

El 30 de enero de este año, el Banco Heritage difundió un comunicado en el que informó acerca de un "manejo irregular de fondos" llevado adelante por una empleada de la institución. El caso estuvo bajo la órbita de la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, quien dispuso un embargo genérico preventivo y el cierre de fronteras para la mujer. La institución, por su parte, asegura que esto afectó a un "reducido grupo de clientes no residentes de banca privada".

El banco informó, asimismo, que dio cuenta de esto "en forma inmediata" a los clientes afectados, así como también al Banco Central (BCU) y "se iniciaron los procesos legales correspondientes".

Sorpresa.

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El 6 de marzo de este año, El País informó que el caso generó un fuerte impacto entre vecinos del balneario Solís, donde la exejecutiva y su esposo eran propietarios de un supermercado, una parrillada y varios terrenos.

A la mayoría de los vecinos de ese balneario les sorprendió el suicidio del esposo de la entonces gerenta del banco, ocurrido en noviembre de 2017. Esta persona tenía una estrecha vinculación con un conocido club de básquetbol de Montevideo, al que aportaba elevados recursos económicos.

Una vecina del balneario Solís sostuvo que le sorprendió la acusación contra la mujer. "Ellos (la pareja) daban trabajo a gente de la zona. Atendían muy bien al público. Eran personas correctísimas y apreciadas en el balneario", dijo a El País.

Y agregó: "Golpeó fuerte la muerte del hombre. Él era adicto al juego. Tal vez ello llevó a su pareja a robar a sus clientes del banco".

Un vecino destacó que trabajar en el supermercado de la pareja era tener un puesto seguro.

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