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Heritage: empleada usó empresa falsa y cambios para girar dinero

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Estafa: la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, citará a audiencia sobre el caso. Foto: Marcelo Bonjour

Múltiples damnificados

Maniobra se inició en 2006 y fue denunciada por un damnificado en 2017.

La exejecutiva de cuentas del Banco Heritage acusada de un desfalco de unos US$ 20 millones declaró dos veces ante el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. Una de las audiencias duró cuatro horas y la otra tres horas y 40 minutos.

Allí dio detalles de la maniobras fraudulenta que comenzó en 2006 y fue detectada a fines de 2017 tras una denuncia de un ciudadano argentino poseedor de una cuenta en dicha institución bancaria.

Fuentes del caso dijeron a El País que la empleada realizó transferencias de dinero y valores desde cuantas de clientes argentinos sin conocimiento de estos; no cumplió con las inversiones ordenadas por sus clientes; retiró dinero en efectivo desde cuentas de clientes sin su autorización, y falsificó instrucciones y estados de cuentas.

Para jerarcas del Banco Heritage, la empleada infiel actuó con la colaboración de otras personas, lo cual le permitió desviar fondos desde el banco hacia el exterior.

La exejecutiva también hizo transferencias de dinero a otras cuentas e instituciones a través de retiros por caja. En forma simultánea, mostraba a los clientes del banco documentación falsa para conseguir que se cumplieran las instrucciones y mantener engañados tanto al banco como a los clientes, según señalaron las fuentes.

El fiscal Rodríguez indagó a diez personas con el propósito de desentrañar la maniobra. El perjuicio causado a unos 50 clientes del banco se estima en unos US$ 20 millones. La acusada llegó a un acuerdo con el banco para entregar todos sus bienes, cuyo valor se estima en alrededor de US$ 3 millones. Aún resta su tasación.

Ayer el fiscal Rodríguez presentó en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado la solicitud de formalización de la investigación penal que, por el momento, tiene como única acusada a la exempleada del Banco Heritage. En la próxima semana, la jueza especializada Beatriz Larrieu ordenará la realización de una audiencia.

Rodríguez acordó con la defensa de la imputada, Javier Simonetti y Carlos Peña, una pena de prisión efectiva de dos años y medio por estafa y falsificación de documento privado a cambio de la entrega de sus bienes. La acusada no recibirá beneficios de reducción de penas por trabajo o estudio.

Compañía fantasma.

La ejecutiva de cuentas creó una empresa fantasma con el propósito de sortear los controles del Banco Heritage y engañar a sus clientes. La empresa falsa se denomina "AES Private Banking".

Según las fuentes, la funcionaria hacia creer a sus clientes que tenían sus fondos en esa compañía. Las investigaciones realizadas por el fiscal Rodríguez y por efectivos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol establecieron que el esposo de la ejecutiva de cuentas y su hija participaron activamente en el ocultamiento y apropiación de fondos de los clientes y del Banco Heritage. Fueron detectados bienes inmuebles en el departamento de Maldonado. La familia de la funcionaria acusada poseía un supermercado y una parrillada en el balneario Solís. Las investigaciones también constataron que la funcionaria contrató a una persona vinculada al ramo bancario que tenía vínculos con, por lo menos, tres cambios uruguayos. Esos cambios transferían fondos para empresas similares en Argentina, lo cual permitía a clientes retirar dinero vivo en Buenos Aires.

El "señor L", un hombre clave en las transferencias

La ejecutiva de cuentas del Banco Heritage armó una pequeña organización que le permitía sustraer dinero de las cuentas de sus clientes, apoderarse de parte de los mismos y hacer que otra parte llegara a Argentina sin dificultades. Para ello se asoció a D.L., una persona presentada por una excompañera de trabajo cuando los cambios argentinos comenzaron a tener dificultades para recibir giros y transferencias en sus cuentas en bancos del exterior, cuyos ordenantes fueran personas físicas y no empresas que pudieran acreditar una actividad comercial. El "señor L" tenía vínculos que le permitían tanto recibir como pagar partidas a residentes en Argentina que tuvieran fondos no declarados en su país. Esta persona cobraba una comisión por los giros que realizaba.

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