DEMANDA AL ESTADO

Guardia herido en súper por "Kiki" inicia un juicio a Interior

Abogado dice que será “abultado” y “ejemplarizante” para el Estado por no cumplir con servicios “eficientemente”.

Vecinos de La Blanqueada dejaron flores en memoria de Florencia Cabrera. Foto: F. Ponzetto
Los clientes del comercio se sorprendieron por la violencia de la rapiña. Foto: F. Ponzetto

El guardia venezolano José Sánchez, de 59 años, casi fue ejecutado por Christian "Kiki" Pastorino. El disparo le impactó en la espalda y dañó su médula espinal, según dijo a El País el abogado de la familia del guardia, Roberto Gossi.

En la rapiña, ocurrida el 17 de febrero pasado en el comercio ubicado en Luis Alberto de Herrera y Urquiza (La Blanqueada), "Kiki" mató de un disparo por la espalda a la cajera, Florencia Cabrera, cuando ya tenía el dinero que buscaba robar en su poder, unos $ 2.000. Días después, "Kiki" se autoeliminó al verse rodeado por la Policía.

El guardia venezolano continúa sin poder mover las piernas. La bala se encuentra alojada en su cuerpo. Los médicos que lo evaluaron consideraron que era más riesgoso intentar extraer el proyectil que dejarlo en el cuerpo de Sánchez.

Gossi se reúne hoy con otros abogados para preparar la demanda contra el Ministerio del Interior, la que será presentada en breve.

El próximo lunes, Gossi solicitará al Ministerio del Interior y la Fiscalía medidas probatorias vinculadas con supuestas descoordinaciones entre la Justicia, la Fiscalía y el Ministerio del Interior que facilitaron que "Kiki" continuara prófugo después de matar a su pareja, Alison Pachón en diciembre de 2017.

Diana Salvo, fiscal penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género, libró cinco órdenes de allanamiento para dar con el paradero del asesino, Christian "Kiki" Pastorino. El femicida no pudo ser detenido y meses después mató a Cabrera durante una rapiña al Súper Vero de La Blanqueada.

Salvo planteó al fiscal de Corte Jorge Díaz su preocupación por el escaso avance en la investigación para ubicar al entonces sospechoso y criticó los inconvenientes en los procedimientos de allanamiento realizados. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), mostró los registros de la Oficina Penal Centralizada (OPEC) e indicó que los trámites se realizaron "en tiempo y forma" y que "todas" las órdenes de allanamiento "se resolvieron de forma inmediata", a pesar de que habían sido solicitadas para el día siguiente.

El juicio.

Gossi entendió que las desinteligencias entre los organismos estatales permitieron que Pastorino se escapara de la acción policial y luego realizara la rapiña mortal en el Súper Vero. "Eso fundamenta la responsabilidad del Estado; no funcionó el servicio público", dijo el abogado.

Citando al semanario Búsqueda, Gossi dijo que hay más de 200 personas que tienen órdenes de captura policial y agregó que el Ministerio del Interior estimó que esa cifra podría ser más elevada.

A su juicio, la realidad muestra que la Policía no logra ubicar a las personas imputadas de delitos por parte de la Justicia y que ello impacta en la seguridad del país.

Las medidas probatorias que solicitará Gossi apuntan a determinar la responsabilidad del Estado en los meses previos a la rapiña al Súper Vero y a probar que el Ministerio del Interior "no funcionó" en forma correcta. "La demanda será contra el Estado personalizado en el Ministerio del Interior. Será ejemplarizante; la suerte de todos nosotros va en ello", explicó el abogado en alusión a que la seguridad pública es una prioridad para los uruguayos.

Gossi prefirió no dar cifras sobre la demanda civil que presentará contra el Ministerio del Interior. No obstante, dijo que el monto de la misma "será abultado".

El juicio, dijo el abogado de Sánchez, procurará crear conciencia de que el Estado es responsable si no cumple con todos los servicios que ofrece a la ciudadanía que para ello paga impuestos. Por el momento la familia del guardia no piensa iniciar una demanda contra el dueño del Súper Vero, que ayudó a la familia.

Gossi dijo que hay una negociación en curso con el propietario del comercio de La Blanqueada.

Fiscalía analiza rol de cómplice del "kiki"

El fiscal especializado en Homicidios Juan Gómez estudia la responsabilidad del peluquero Gonzalo Barrera, quien trasladó en moto al "Kiki" a una chacra ubicada cerca de Solís de Mataojo. Aníbal Martínez Chaer, abogado del joven, dijo que su cliente actuó amenazado por el delincuente. "El Kiki le manifestó a (Gonzalo) Barrera que lo mataría si no lo ayudaba", dijo el penalista. Gómez accedió al pedido de Martínez Chaer de que Barrera aguarde el juicio en libertad.

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