No debe pagar a OAS

La sociedad conformada por UTE y Ancap para construir la fallida regasificadora desmintió en un comunicado que haya sido condenada a pagar US$ 13 millones a la empresa brasileña.

Gas Sayago, la sociedad conformada por UTE y Ancap para construir la fallida regasificadora, desmintió en un comunicado que haya sido condenada en primera instancia a pagar US$ 13 millones a la empresa brasileña OAS por la construcción de un gasoducto de 13 kilómetros como había informado a El País el diputado blanco Pablo Abdala.

"En primer lugar, a la fecha Gas Sayago no ha sido condenado por el Poder Judicial al pago de suma alguna en favor de OAS, ni de ninguna otra empresa relacionada directa o indirectamente al proyecto de la Planta Regasificadora", indica el comunicado. Señala también que el proceso por el cual OAS reclama US$ 13 millones "se encuentra en sus etapas iniciales, no habiéndose celebrado audiencia preliminar, distándose largamente de tener a la fecha un fallo siquiera de primera instancia sobre el particular".

La jueza letrada Susana Moll, efectivamente, no condenó a ese pago a Gas Sayago aunque sí declaró, en una resolución del pasado 11 de setiembre que es nulo el procedimiento que la sociedad de UTE y Ancap había comenzado para cobrarle a OAS garantías de anticipo financiero y de fiel cumplimiento de contrato por US$ 6,4 millones.

La magistrada entendió que no habiendo cumplido Gas Sayago el procedimiento de verificación de sus créditos, el procedimiento de ejecución de garantías resulta nulo.

"Por otra parte (...) se está intimando a una sociedad concursada, que bajo ningún concepto puede dar cumplimiento al pago de suma alguna a nadie, por estar sometido a las reglas concursales (principio de igualdad de acreedores)", agrega.

El proceso de adjudicación de las distintas obras vinculadas a la regasificadora fue objeto de la actuación de una comisión investigadora. Los distintos partidos políticos presentarán sus conclusiones en un plenario de la Cámara de Representantes el próximo 7 de noviembre. El informe elaborado por Abdala sostiene que lo ocurrido amerita el pasaje del tema a la órbita de la justicia. Abdala sostiene que el Estado sufrió un perjuicio de alrededor de US$ 174 millones. La obra quedó paralizada en 2015.

OAS también hizo una demanda por daños y perjuicios contra Gas Sayago por US$ 30 millones. El gobierno negoció en vano con la multinacional Shell la posibilidad de reanimar el proyecto.