INSEGURIDAD

Con el paso del tiempo continúa aumentando su eficiencia el nuevo proceso penal de tipo acusatorio, que comenzó a implementarse en noviembre de 2017. Eso dice la conclusión global del informe de indicadores del primer semestre de este año 2019 que se presentó ayer por la Fiscalía General de la Nación, y que fue elaborado por el politólogo Diego Gonnet.

Los números que permiten constatar logros de la norma y su aplicación, colocan sin embargo “nuevamente a Uruguay ante la perspectiva de mantener una de las tasas de prisionización más altas del mundo”, sin “un correlato de disminución en la cantidad de delitos ocurridos”, y con todos los costos sociales y económicos que eso conlleva.

Con el nuevo código, la cantidad mensual de imputaciones de personas es en promedio 8,6% mayor que dos años atrás. Entre febrero y junio de 2019 se logró 28,3% más de imputaciones de adultos por denuncias de hurto y 42,1% más por denuncias de rapiña que en 2017.

En relación a la eficiencia del sistema acusatorio en términos de la rapidez con que se resuelven judicialmente las investigaciones, el informe sostiene que “mientras en 2017 los procesos penales inquisitivos duraban en promedio 570 días en los juzgados del interior del país y 402 días en Montevideo”, la extensión promedio para las investigaciones terminadas en el pasado semestre bajó a 24 días con el nuevo código.

Al traducirse el balance de lo ocurrido en el sistema carcelario, se afirma que logró invertirse la realidad en tanto bajó el porcentaje de personas privadas de libertad sin condena, lo cual vulnera siempre el principio de presunción de inocencia. En este sentido se dice que mientras en 2017 el 69,8% de los reclusos permanecían tras de rejas sin sentencia, con el nuevo código, en once meses, la cantidad de penados pasó a ser superior a la de quienes tienen prisión preventiva, o sea, sin sentencia.

“En junio de 2019 poco más de uno de cada tres privados de libertad permanecía en régimen de prisión preventiva”, sostiene el texto.

En el informe se recuerda que la discusión acerca de si el nuevo código establece un sistema menos punitivo para los delincuentes que la legislación anterior se amparó en el hecho de que en un momento hubo un real descenso de la cantidad de presos. Pero esa disminución, según la perspectiva del informe, obedeció a falta de adaptación de Fiscalías, Policía, Juzgados, Defensoría y hasta el Instituto Técnico Forense, actores que en principio no supieron “aprovechar los diferentes mecanismos de persecución penal que brinda” el nuevo código. Para dar datos de confirmación de tal fenómeno, el informe anuncia que “al 31 de julio de 2019 había 11.121 privados de libertad, es decir, solo 1,2% menos que el máximo histórico registrado en abril de 2017”.

En otras páginas se afirma que llegó incluso a manejarse como hipótesis que el menor uso de la prisión preventiva y la aplicación más frecuente de penas alternativas a la prisión provocarían un estancamiento o directamente una disminución de presos en el mediano y largo plazo. Sin embargo, la utilización de la prisión preventiva no parece haber tenido efectos en la cantidad de personas que van a prisión, “porque aumentó significativamente la cantidad de personas condenadas, la mayoría de las cuales lo son muy poco después de la formalización mediante el mecanismo de Juicio Abreviado”.

En cuanto al Juicio Oral, el informe explica que la tendencia de uso verificada en Uruguay durante los primeros veinte meses de aplicación del Código del Proceso Penal “es perfectamente compatible con la observada en otros países que llevaron adelante reformas procesales similares”. El Juicio Oral es la vía procesal menos utilizada, solo en un 2,5% de los casos de denuncias con investigación concluida. En los sistemas acusatorios, es el mecanismo usado para resolver las investigaciones más complejas, en las que no es deseable una condena acordada con el imputado.