CORRUPCIÓN POLICIAL

La Fiscalía perdió un juicio penal relacionado con un asalto a un local de cobranzas ocurrido en 2018 en el Barrio Reus, porque participaron en el operativo policías de la Zona IV (Cerro, La Teja y otros barrios) acusados de corrupción.

Uno de los detenidos, Ángel R. reclamó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno una indemnización al Poder Judicial por prisión indebida. Argumentó que el fiscal de la causa, Fernando Romano, lo había sobreseído porque las pruebas estaban contaminadas.

En un escrito, la Suprema Corte de Justicia solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno que cite a la Fiscalía General de la Nación, porque entiende que esta es responsable de la prisión indebida. Es decir, la Fiscalía también debía ser demandada.

El juez Gabriel Ohanian hizo lugar al pedido de la Suprema Corte de Justicia.

El demandante Ángel R. falleció asesinado seis días después de haber realizado una audiencia de conciliación donde exigió una indemnización de $ 600.000. Su madre, patrocinada por el abogado Santiago Alonso, continuó el juicio contra el Poder Judicial en la Justicia de lo Contencioso Administrativo que tramita demandas contra organismos estatales.

En un decreto emitido el jueves 6, el juez de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, Gabriel Ohanian, recordó que el Poder Judicial citó en el juicio a la Fiscalía General de la Nación por considerar que a esta también le alcanza la demanda.

El escrito del abogado Alonso, en representación de la madre de Ángel R., señaló que no se opone a lo solicitado por el Poder Judicial. Sin embargo, aclaró que la normativa vigente (Ley N° 15.859) establece que el Estado debe resarcir del daño en el caso de prisión indebida, sin especificar si le corresponde al Poder Judicial, a la Fiscalía o a otro organismo.

Precisó que la solicitud de formalización de una investigación penal por parte de la Fiscalía contra un imputado no se trata únicamente de una actividad puramente argumentativa donde se comunican los hechos por los cuales el imputado se encuentra investigado, sino que implica nada más ni nada menos que su sometimiento a proceso con las consecuencias que ello implica.

En su resolución, el juez Ohanian entendió pertinente la citación de la Fiscalía General de la Nación para que ayude al Poder Judicial en su defensa en el juicio civil dado “el rol preponderante” que el nuevo Código del Proceso Penal le ha asignado a los fiscales. Y agrega que la Fiscalía puede ser alcanzada por el fallo en que se arribe en dicho reclamo civil.

Por lo expuesto, Ohanian resolvió emplazar por el término de 30 días a la Fiscalía como codemandada en el reclamo que le realiza al Poder Judicial la madre de Ángel R.

El caso que derivó en una demanda civil por parte de la familia del rapiñero ocurre a menudo en Montevideo. El 9 de agosto de 2019, cinco personas arribaron a un local de cobranzas en un Nissan Sunny robado el día anterior. Tres delincuentes bajaron del vehículo con armas cortas y largas, un hacha y un marrón e ingresaron al local.

Dos personas, Ángel R. y Leandro A. se quedaron afuera del comercio. Un móvil policial los obligó a huir del lugar en el Nissan cubriendo su fuga a tiros y “miguelitos”. Fueron capturados dentro de un rancho. En la captura participaron dos de los diez policías de la Zona IV imputados de corrupción.

Tras ser acusados los agentes por la Fiscalía de Rosario, el fiscal Romano que investigaba la rapiña pidió el sobreseimiento de Ángel R. y Leandro A. por entender que su evidencia se desvaneció porque los policías-testigos del caso quedaron desacreditados.

Romano dijo, en su escrito, que la participación de los efectivos investigados hace caer plenamente la certeza generando un “camino de incertidumbre y desconfianza” sembrado por la participación de estos funcionarios policiales en hechos “delictivos de extrema gravedad”.

Este es el primer caso que cae por la participación de policías acusados de corrupción de la Zona IV. También es la primera vez que la Fiscalía General de la Nación debe responder por un reclamo civil por prisión indebida.