FALTA DE PRESUPUESTO

Una nueva instrucción de la Fiscalía General de la Nación obliga a los fiscales a priorizar su actuación en la órbita penal sobre su intervención en materia aduanera o de faltas. De esa forma, el organismo hizo suya la Instrucción N° 14 resuelta el viernes 11 por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales. Dicho consejo asesor actualiza los cometidos de la Fiscalía General de la Nación.

“Ante la falta de asignación de nuevos recursos presupuestales, la Fiscalía debe, necesariamente, retomar el camino de la redefinición de sus cometidos en materias que no refieren a su tarea misional, como es el caso de la intervención en el proceso aduanero y como ya se realizó en materia civil y de familia”, dice la resolución del Consejo Honorario.

Según la Fiscalía, esa redefinición de cometidos permitirá el “redireccionamiento de recursos humanos y materiales a la materia penal con la visión y el compromiso de ser siempre una institución confiable”, “altamente profesionalizada” y “comprometida con su accionar”, afirma.

Según el texto, los beneficios de la redirección “son múltiples”. Por un lado, sostiene, evita la duplicidad de actuación estatal no técnicamente justificable en un gran número de procesos y por otro agilita los procesos.

El nuevo enfoque dispuesto por la Instrucción N° 14 “reduce” los costos económicos. Además, la circunstancia de limitar el ámbito de actuación de la Fiscalía la “fortalece” como institución pues permite reforzar la cantidad de personal, capacitarlos y direccionar la infraestructura en aquellos asuntos en que su intervención fue dispuesta por leyes.

El tema presupuestal es clave para la Fiscalía General de la Nación. Desde fines de 2020, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se ha venido quejando de que el organismo no recibe mejoras presupuestales desde 2015.

Tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto del Senado, Díaz advirtió por un recorte en el presupuesto de la Fiscalía que deja a la institución en un escenario “muy complejo”.