UN RECURSO ANTE LA SCJ

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El 24 de julio un abogado presentó un recurso de revocación ante la Suprema Corte de Justicia contra un fallo que culpó a un menor de un homicidio ocurrido en una zona aledaña al Cerro de Montevideo en 2017. El menor fue atrapado por varios efectivos de Investigaciones de Zona IV, los que después fueron acusados por la fiscal de Rosario, Ana Roses, de varios ilícitos.

El escrito del abogado, al que tuvo acceso El País, señala que el menor acusado, su madre y varios de sus familiares denunciaron los atropellos de los funcionarios en esta causa y aún antes en otro juicio en el mismo Juzgado de Adolescentes de Montevideo.

Posteriormente, la fiscal de Rosario, conocida como “Anita”, les imputó a los policías gravísimos delitos como extorsión, abuso de funciones, violación de domicilio, privación de libertad, peculado, pero fundamentalmente asociación para delinquir.

El 18 de julio pasado, el fiscal especializado en Homicidios, Juan Gómez, dijo que policías de la Zona IV presos por corrupción ocultaron pruebas del homicidio en 2017 de un sujeto cuyo alias es “el Peladito”.

Según Gómez, al día siguiente del asesinato dos testigos fueron a la Zona IV, señalaron al autor del crimen y ello no le fue informado por los policías acusados de corrupción por la fiscal de Rosario.

“Los policías involucrados jamás le hicieron saber al fiscal de la existencia de esos testigos ni el contenido de su declaración”, dice el escrito del abogado del menor enviado a la Suprema Corte. Y posteriormente pide a la corporación que cite a declarar a Gómez para que detalle “su experiencia con los hombres de la Zona IV”.

Bajo el subtítulo “Exacta contemporaneidad”, el escrito del profesional sostiene que el expediente donde se acusa al menor de homicidio “está plagado, verdaderamente infectado” de aparentes fortuitos o causalidades.

“He aquí, otra nueva y sorpresiva ‘casualidad’. El homicidio imputado a mi defendido, ocurrió el 27 de noviembre de 2017. El asesinato que refiere el fiscal Gómez sucedió, según los medios periodísticos, el 29 de diciembre de 2017. Apenas 32 días después, lo que habla por sí solo de la contemporaneidad de las conductas de los hombres de la Zona IV”, dice el escrito presentado a la Corte.

Sin embargo, el escrito precisa aún más las coincidencias entre los dos casos.

“El allanamiento fraudulento y la posterior detención de mi menor defendido se produjo el 11 de enero de 2018. O sea que, entre el ocultamiento (30 de diciembre de 2017) y la imputación falsa (11/1/2018) apenas mediaron 10 días. Así también la contemporaneidad de las acciones es total y completa”, agrega el documento.

Y acusa a los policías venales de ocultar a la Fiscalía, a la jueza de Garantías y al Juez de Conocimiento que no habían incautado los proyectiles que supuestamente ubicaron en el allanamiento de una casa en la calle Tapes, donde vive el menor acusado. “Como se advierte una vez más, para los hombres de la Zona IV, tanto da ocultar una prueba como plantarla. En materia de falsedades, resulta indiferente, da lo mismo imputar un homicidio (a un menor) que volverlo impune”, reza el escrito. Y agrega que la sentencia recurrida mantiene en prisión a un menor inocente. “En suma, se prolonga la injusticia”, dijo el recurso.

Según el profesional, la Corte negó el lunes 12 la libertad al menor y sigue estudiando el fondo del tema.