INVESTIGACIÓN

"Daría mi sangre y mi corazón por el Frente”. Así lo señaló el dueño de Fripur, Alberto Fernández, en una concurrencia a una comisión investigadora de Diputados que investigaba los financiamientos de los partidos políticos. Fernández también es conocido por prestarle su avión privado a los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica y pidió a las Hermanas Oblatas que confeccionaran la banda presidencial que lució el líder del MPP en su asunción. El empresario, en una oportunidad, dijo que no pagó la banda porque nunca le llegó la factura. Pero sí financió con US$ 15.000 la fiesta de asunción de Mujica.

Otra fue su actitud hacia el Estado uruguayo. Fernández vendió 4.700 toneladas de pescado prendadas por el Banco República y el Banco de Previsión Social por montos que superan los US$ 12 millones, señala el dictamen de la fiscal Gabriela Fossati publicado ayer en la web de la Fiscalía de Corte.

Según el expediente judicial, al que accedió El País, ambas instituciones pretendieron ejecutar las prendas tras incumplir Fripur los contratos firmados y descubrieron que gran parte del pescado había desaparecido. La pesquera cerró en 2015.

La fiscal Fossati pidió el procesamiento y prisión para Fernández, informó ayer el programa Todo Pasa de Océano FM. Pretende que la Justicia le tipifique dos delitos específicos a la ley de prenda que tienen características similares al fraude, Ese expediente se inició en 2016 a partir de una denuncia penal del Banco República (BROU).

No es la única investigación que enfrenta Fernández. La Justicia Especializada en Crimen Organizado lo indaga por préstamos del Banco República que recibió Fripur sin tener suficientes garantías. Y un Tribunal de Apelaciones analiza un fallo de primera instancia que lo condena por extraer una mansión de su patrimonio para evitar su remate

Según el dictamen de Fossati, los hechos que motivaron la investigación se vinculan con dos garantías de prenda sin desplazamiento que contrató Alberto Fernández y un familiar en nombre de Fripur con el BROU. Esos documentos fueron firmados el 6 de julio de 2012 por Alberto Fernández y una de sus sobrinas y el otro el 20 de agosto de 2013 por el empresario y su cuña- da, por US$ 7.300.000 y por US$ 3.000.000 respectivamente.

Ante el no pago de los créditos, el Banco República inició la ejecución de la prenda ante la Justicia. Cuando concurrieron al domicilio de Fripur para efectivizar el embargo y secuestro, detectaron que “gran parte de la mercadería no estaba”, dice la fiscal. Es, agrega, el equivalente a 1.383 toneladas de pescado.

Una sobrina de Alberto Fernández explicó a Fossati que no integraba el directorio de Fripur, que era asistente de su padre, que este y su hermano (Alberto Fernández) gestionaban la empresa y que concurrió a firmar el documento de prenda a pedido de su padre junto a su tío. Y relató que su padre le dijo que había decidido vender el pescado para volver a sustituirlo para cumplir con la prenda, pero que luego “vino el cierre de la empresa y obviamente eso no se pudo llegar a hacer”.

Señaló que los directores de Fripur fueron removidos por el síndico cuando se presentó a concurso, quien habría acordado con el Banco República que se habría quedado con la casi totalidad de los US$ 3 millones que tenían.

El 25 de noviembre de 2016 se presentó el BPS ante la Justicia denunciando el “faltante de mercadería prendada” a su favor por 3.300 toneladas de pescado. Dicho contrato, según la Fiscalía, garantizaba la suma de US$ 2.500.000 y toda la deuda que contrajera Fripur en el futuro. En ese caso, los contratos con el BPS fueron suscritos por el hermano y la cuñada de Fernández.

En el expediente, Alberto Fernández alegó su condición de vendedor de Fripur, que era su hermano, sobrina y su familia quienes tomaban decisiones de la empresa, que alguna vez concurrió al banco enviado por su hermano, que ignoraba la mercadería que se encontraba prendada, que él solo firmaba lo que se le decía y punto.

Fossati dice que, en el expediente, queda suficientemente probado que Fernández no era un simple vendedor como pretende sino socio fundador, integrante del directorio y vicepresidente del Fripur. “La desaparición de la mercadería (pescado congelado) se produjo porque se vendió, no por la muerte de algunos animales prendados como se alega (en el expediente), por lo que no rige la cláusula 4 del contrato”, dice el pedido de procesamiento de Fossati.

La fiscal expresa que Fernández violó el artículo 12 de la ley 17.228 (disposición de bienes prendados) especialmente agravado por el monto del perjuicio causado. El artículo 12 de dicha norma dice: “El dador que disponga de las cosas prendadas en violación a lo dispuesto por el artículo 10 de la presente ley, o que constituya prenda sobre bienes ajenos como propios, o sobre éstos como libres estando gravados, será castigado con una pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”.

Si el juez Nelson dos Santos determina que el delito recibirá pena de penitenciaría, Fernández irá a la cárcel. Ayer el empresario pidió al juez prórroga de la audiencia por cinco días por fallecimiento de un hermano y agregó avisos fúnebres y certificado médico.

A través del trabajo realizado por sus áreas Recuperación y Servicio Jurídico Contencioso, el BROU ha recuperado US$ 21.770.000 de lo adeudado por Fripur. El monto de la deuda con el BROU cuando pasó a ser gestionada por el Área Recuperación en setiembre de 2014 era de US$ 37:000.000 por capital y US$ 2:800.000 por intereses, informó el banco.