JUSTICIA

Fiscal pide 10 años de prisión para cinco policías corruptos

Ayer fueron acusados de peculado, privación de libertad y extorsión.

Patrullero. Foto: Gerardo Pérez.
investigación: Fiscal de Rosario, Ana Laura Roses, consideró que los policías acusados se aprovecharon de su condición para cometer delitos. Foto: Gerardo Pérez.

El caso sacudió el sistema judicial uruguayo. Y el daño aún no fue cuantificado. Un grupo de policías de la Zona IV (Cerro, La Teja y barrios aledaños) fueron acusados por la fiscal de Rosario, Ana Roses, de solicitar a la Fiscalía ordenes de allanamientos “truchos” con el objetivo de irrumpir en “bocas” de drogas para chantajear a los traficantes que las regenteaban. Por ejemplo, le pedían al fiscal de turno una orden de allanamiento para ubicar a un sospecho de homicidio y lo que tramaban en realidad era ingresar a la casa en busca de dinero y drogas.

Horas más tarde, informaban a jueces y fiscales que no habían encontrado nada en las bocas. Posteriormente, realizaban el “coloque”, término del lunfardo referido al reparto del botín obtenido.

Ayer la fiscal de Rosario, Ana Laura Roses, solicitó al juez Sebastián Amor, la extensión de la prisión preventiva para cinco de los seis policías imputados y presentó la acusación pidiendo diez años de prisión para los agentes investigados.

“Se trata de los mismos delitos por los cuales los policías fueron formalizados”, dijo la fiscal a El País.

Esto es, extorsión, violación de domicilio, peculado, privación grave de libertad y asociación para delinquir.

Los policías continuarán en prisión, ya que el juez Amor hizo lugar al planteo de Roses. En una nueva audiencia, el magistrado se expedirá sobre la acusación fiscal.

La fiscal no llegó a un acuerdo con las defensas de los policías. La Fiscalía ofreció una pena de seis años de prisión efectiva, según fuentes del caso.

Los defensores pretendían una pena más leve en atención a que los imputados eran primarios y habían colaborado con la investigación, agregaron.

A los profesionales les llamó la atención que la fiscal Roses utilizara el artículo 23 de la ley 18.026 que rige para delitos de lesa humanidad.

El artículo 23, que refiere a la privación grave de libertad, dice: “El que cometiera el delito previsto en el artículo 281 del Código Penal del Estado o que sin serlo hubiera contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, será castigado con seis a doce años de penitenciaría”.

La fiscal Roses explicó a El País que aplicó este artículo porque los policías son funcionarios públicos y agentes del Estado e incurrieron en una privación de libertad de un comerciante de Rosario.

Amenaza

El principio del fin para los policías llegó el 22 de mayo pasado. Los agentes policiales ingresaron a la casa de un comerciante, ubicada en Nueva Helvecia (Colonia) sin una orden de allanamiento. Sabían que el hombre estaba siendo investigado por estafa y que tenía dinero, y ese día le dijeron que ellos dejarían sentado que no encontraron nada dentro de la vivienda si a cambio les entregaba $ 500.000.

Él respondió que no tenía esa suma de dinero, ante lo que los policías decidieron trasladarlo a la sede de la Zona IV de Montevideo. Al llegar a ese lugar lo amenazaron diciéndole que lo iban a enviar al Comcar dentro de una celda con ocho personas y que ahí lo matarían.

“¿Cuánto?”, fue la pregunta de la víctima ante esa situación. “$ 500.000”, respondieron los policías.

El hombre ofreció darles todo lo que tenía: $ 270.000. Fue ahí que la víctima salió de la unidad policial y fue a un banco, sacó el dinero y se los dio a los agentes. Ellos le dieron $ 5.000 para que se tomara un taxi de regreso a Colonia.

La Policía de ese departamento se enteró de la detención del hombre porque un familiar se presentó a la seccional ya que no sabía dónde estaba la persona. Poco después, la fiscal Roses inició el proceso de investigación en contra de los efectivos.

El 31 de mayo, el fiscal de Corte Jorge Díaz se preguntó sobre qué pasará con decenas de causas por homicidios y drogas que fueron llevadas a cabo por la Zona IV de Policía de Montevideo. “Hay un daño potencial considerable”, dijo Díaz según informó Subrayado. (Ver nota aparte)

El 10 de junio de 2019, el Ministerio del Interior cambió las autoridades de la Zona IV. En el acto, el jefe de Montevideo, Ricardo Pérez, dijo que “no toleramos ni toleraremos ningún acto de corrupción de policías que empañen la abnegada, sacrificada, riesgosa y ardua tarea que cumplen diariamente la inmensa mayoría de los integrantes de nuestra institución”. Y designó como jefe de la Zona IV al comisario mayor Álvaro García; mientras que el puesto de subjefe lo ocupó el comisario mayor Antonio Da Silva.

Corte deberá pronunciarse sobre nulidad de actuaciones en Zona IV

La Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre una casación presentada por el abogado penalista Daniel Lamela, donde pide la nulidad de los procedimientos hechos por los policías de la Zona IV en la investigación de un homicidio.

Lamela pidió la libertad de un adolescente acusado por la Justicia en base a “pruebas plantadas”. El documento, que fue presentado el 17 de junio pasado ante la Corporación, señala que el menor de edad fue encarcelado por un homicidio que no cometió. En su contra, dice Lamela, se utilizaron pruebas falsas y allanamientos irregulares realizados por los policías hoy procesados e investigados por la Fiscalía por robar “bocas” de drogas mediante allanamientos truchos.

Ese expediente va lento en la Suprema Corte de Justicia. En seis meses lo estudió uno de los cinco ministros.

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