JUSTICIA

u201cHay otras personas que firman por acusados o éstos dan direcciones falsasu201d.

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El fiscal Fernando Romano tomó dos decisiones polémicas en 2018: a un acusado de participar en disturbios en la marcha contra el G20 le permitió firmar en la seccional luego que volviera de sus vacaciones en Valizas y no acusó a un líder de la banda de los Chingas que amenazó a un jerarca del Ministerio del Interior.

El 28 mayo de 2018, Romano imputó a dos jóvenes -uno de ellos tenía antecedentes penales- de haber participado con un tercero en una rapiña agravada a un repartidor en la calle Bartolomé Vignale, a la altura de José Belloni.

Tras la detención, Romano le propuso al defensor de uno de los acusados, Pablo Pisciottano, un acuerdo de prisión efectiva de siete años por la rapiña. Pisciottano se negó.

Un tercer individuo fue preso por receptación por adquirir mercadería robada de la camioneta del repartidor asaltado. Y un cuarto delincuente se fugó al exterior.

Los dos acusados estuvieron siete meses en prisión -desde mayo a setiembre en el Comcar y luego en su domicilio- y enfrentaron un año de investigación penal, según dijo Pisciottano a El País.

El 14 de mayo de 2019, el fiscal Romano se presentó en el Juzgado solicitando el sobreseimiento de los dos imputados por falta de pruebas.

Ahora Pisciottano prepara una demanda civil por prisión indebida donde reclamará US$ 100 por cada día de cárcel de los dos acusados.

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El audio de la audiencia de solicitud de formalización de la investigación penal planteada por Romano a la Justicia muestra que la jueza del caso dudaba en otorgar la prisión preventiva a los dos acusados como planteaba la Fiscalía.

Romano solicitó dicha medida alegando peligro de fuga, por la gravedad del delito (rapiña), los imputados podrían obstaculizar la investigación e intimidar a testigos. También, sostuvo el fiscal, los acusados son conocidos de la zona comercial donde la víctima realizaba el reparto y, según testigos, andan armados.

La jueza preguntó a Romano sobre las pruebas que tenía para realizar la acusación de que los imputados eran peligrosos. u201c¿La víctima recibió mensajes de texto o de Facebook amenazantes?u201d, preguntó la magistrada.

Romano respondió que la víctima no le había manifestado eso. Sin embargo, señaló a la jueza que los acusados y el fugado son amigos de Facebook. En el audio se escucha a uno de los imputados decir: u201cAmigo mío no esu201d.

Romano también señaló que la víctima recogió pruebas en la zona comercial donde trabaja que llevó a la detención del individuo que compró la mercadería robada.

La magistrada, en otro tramo del audio, decidió la prisión domiciliaria para los acusados. u201cUna réplicau201d, dijo Romano, en la audiencia. u201cAntes de salir para acá, yo ya sabía cual iba a ser la decisión judicial. Por tanto, no tenía tanta expectativa que usted fuera a decretar la prisión preventivau201d, agregó.

Luego se dio un diálogo entre ambos operadores.

Jueza: Es la posición de la Sede en la mayor parte de los casos, si eso es lo que se refiere el señor fiscal.

Romano: Lo que digo es que tenemos que llegar a un homicidio para que se llegue a una prisión preventiva. Puedo entender lo que usted señala en la medida en que se garantice con alguna caución (garantía de cumplimiento de un pacto) de que se no van a fugar o lastimar a otras personas. O el hecho de que no van a firmar otras personas (por el acusado). Usted (la jueza) me habla de procedimientos y de procesos judiciales. Los procesos judiciales en otros países necesitan otro tipo de garantías que acá no se dan. Acá no se da (garantías) al hecho de que se van a otros domicilios (los acusados). Que se pongan pulseras supuestamente que no confirmamos que existan.

Jueza: Si quiere lo confirmamos con el organismo correspondiente.

Romano: Me gustaría confirmarlo, doctora. Me gustaría confirmar si existen dispositivos electrónicos. ¿Hay que destinar más policías para custodiar a personas? Las sedes policiales no dan abasto de todos los pedidos. En cualquier momento van a quedar vacías.

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La rapiña al repartidor ocurrió en la Zona III (Sayago y zonas aledañas) que tiene 150 funcionarios de 650 destinados a la custodia personal.

A pedido de la Fiscalía, la jueza ordenó a la actuaria que se comunicara con el Ministerio del Interior para que informara sobre la existencia de dispositivos electrónicos de custodia.

Una fuente carcelaria confirmó los dichos de Romano: el sistema de control de prisión domiciliaria tiene fallas. Y agregó que la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA) carece de recursos económicos, suficientes autos ni realiza seguimiento de personas bajo dicho régimen.