La semana próxima al plenario del Senado

El FA se vale de la oposición para aprobar cambios al CPP

Sector de Constanza Moreira dio la espalda al FA, que tuvo respaldo externo.

El Senado vota el lunes el proyecto de Rendición de Cuentas. Foto: archivo El País
Senado: el proyecto con cambios en el CPP irá a sala. Pese al apoyo, se espera que haya un debate de varias horas. Foto: archivo El País.

A nosotros no nos está yendo bien". La confesión del senador Rafael Paternain, suplente de Constanza Moreira (Casa Grande) pintaba a media tarde de ayer cómo venía la votación de los cambios al Código del Proceso Penal (CPP) en la comisión de Constitución del Senado: con distintas mayorías que incluyen a los partidos de la oposición y con el rechazo de ese sector del Frente Amplio, particularmente a las normas sobre la limitación de la libertad anticipada y la prisión preventiva.

Los votos del grupo de Moreira en el plenario, y quizás de algún otro sector frenteamplista, a partir de la semana que viene no serán necesarios para aprobar esas disposiciones que contarán con suficientes manos en alto de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.

El senador oficialista Charles Carrera (MPP), presidente de la comisión, confió en que estos cambios traigan una mejora en la aplicación del CPP. Tras la reunión, el senador del MPP terminó confesando que "no se había hecho hasta ahora una aplicación del Código con la racionalidad adecuada", abonando las diferencias existentes entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía de Corte con determinadas normas, lo que en definitiva impulsó esta reforma a siete meses de la entrada en vigencia del Código.

Charles Carrera, senador. Foto: Ariel Colmegna.
Charles Carrera. Foto: Ariel Colmegna.

En la discusión que se diera en la bancada de senadores frenteamplistas, en virtud de la oposición a algunas normas impulsada por Casa Grande y el Partido Socialista en la persona de la senadora Daisy Tourné, se acordó que mientras no corriera peligro la aprobación del proyecto en el Parlamento, los sectores podían ser libres de votar o no determinadas disposiciones. Así, en la comisión del Senado Paternain no votó cuatro artículos de los quince de la iniciativa, manifestó su malestar, y el proyecto igual salió adelante.

Aportes.

Los partidos de la oposición en la comisión presentaron y consiguieron aprobar una norma que establece sobre la prisión preventiva que los fiscales en determinados supuestos tienen que pedirla específicamente, y que los jueces podrán disponerla presumiéndose que existen determinados riesgos cuando el imputado tenga antecedentes, es decir cuando el mismo sea reincidente o reiterante. La mayoría del FA lo apoyó, pero no Casa Grande.

Para el senador colorado Pedro Bordaberry "esto es un avance" en el capítulo sobre prisión preventiva que diera tantos dolores de cabeza al FA y que rompiera su —a veces— monolítica posición. "Esa norma no es preceptiva para el juez pero sí lo es para el fiscal y nadie podrá objetar la inconstitucionalidad", analizó. "Es una buena solución, el proyecto tiene algunas mejoras", sostuvo el senador colorado.

Reacción: Pedro Bordaberry analiza cómo responderle a Sendic. Foto: Ariel  Colmegna
Pedro Bordaberry. Foto: Ariel Colmegna

Se rechazó, por otra parte, otra propuesta de estos partidos sobre el procedimiento policial, que señalaba que los policías podrían revisar a personas sobre las cuales tienen indicios —por ejemplo a partir de la labor de inteligencia— de que están por cometer un delito. "Eso es ilógico. Hay que dejar la parte teórica de lado", reclamó Bordaberry.

El senador Carrera explicó que no le llevaron la propuesta porque esa posibilidad ya se cuenta comprendida en la ley de procedimiento policial y que la misma establece todas las fases de actuación de la Policía, como prevención, disuasión y represión.

En la comisión Bordaberry también vio el rechazo del oficialismo a una norma sobre los procesos abreviados, es decir los acuerdos entre la Fiscalía y el imputado. Su planteo fue en el sentido de no permitir que en tales circunstancias de negociación se pudiera sumar la libertad anticipada para el caso porque ya se reduce la pena de hecho con el acuerdo.

Días atrás el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Jorge Chediak informó a los senadores que el 80% de los fiscales van a un acuerdo. "Es natural ante tanto trabajo", opinó el senador.

Al respecto, desde la bancada del FA se respondió que estaba implícito en otra ley y que no se colocaría a texto expreso en la reforma.

"Con los cambios se dictan instrucciones sobre política criminal a los operadores judiciales. Le estamos diciendo que en ciertas situaciones de delitos gravísimos o delincuentes reincidentes, debe solicitarse la prisión preventiva en forma prescriptiva", aseguró.

Otra novedad es la mejora del mecanismo de proceso abreviado (acuerdo del fiscal con el imputado) en donde antes no tenía participación la víctima y que ahora sí la tendrá. Esto alcanzará a los delitos gravísimos donde no podrá haber un acuerdo debajo del mínimo legal. Según fuentes del oficialismo, en el caso de los acuerdos algunos eran "ilegales".

Carrera se congratuló de las "mejoras" que le hicieron a la iniciativa en la bancada del Frente Amplio y en la propia comisión del Senado. Los cambios se redactaron sobre un consenso alcanzado entre dos sectores mayoritarios como los son el MPP y el astorismo, pero tienen el respaldo también de otros como la Lista 711 y Rumbo de Izquierda, de Marcos Otheguy. El Partido Socialista y Casa Grande ya pidieron libertad de acción a la bancada para no votar las limitaciones a la prisión preceptiva y la libertad anticipada que remitió al Parlamento el Poder Ejecutivo. Los comunistas no lo solicitaron, pero tampoco respaldan estos cambios planteados.

Las víctimas y las tobilleras

La Rendición de Cuentas a punto de ingresar al Parlamento incluirá una disposición sobre la custodia de las personas amenazadas. Fuentes del gobierno adelantaron a El País que se trabaja en la creación de una programa que se dedicará a la atención de las víctimas. El mismo establecerá en cada caso que habrá un informe técnico en cada caso en que se determine que una persona debe tener custodia policial. En el ministerio del Interior hay preocupación porque en la actualidad hay unos 600 policías afectados como custodias de presuntas víctimas, los que podían estar patrullando en la vía pública, afectándose así la seguridad. La situación se debe a que faltan tobilleras de las que la Justicia dispone para los acusados de violencia doméstica.

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