Año intenso

Trabajo extra para la Corte en 2019 con plebiscitos y elecciones

Patrocinantes declaran auspiciosos avances en los intentos de consulta a los ciudadanos

Corte Electoral. Foto: EFE
Corte Electoral. Foto: EFE

El año próximo va a ser muy intenso para la Corte Electoral que, además de organizar las elecciones internas de los partidos políticos y la primera y -eventualmente- segunda vuelta presidencial, tendrá que verificar las firmas reunidas por distintos movimientos que aspiran a introducir cambios en la Constitución que, en todos los casos, son muy optimistas respecto a que podrán conseguir sus objetivos.

Por un lado, quienes impulsan una reforma constitucional para prohibir que se puedan aplicar impuestos a las jubilaciones dicen que ya reunieron más de 120.000 rúbricas con el aporte significativo de algunos movimientos entre los que está “Un solo Uruguay”, dijo a El País Sergio d´Oliveira uno de los impulsores de esta iniciativa. Hay 160 puntos de recolección de firmas en todo el país en los que se busca conseguir un total de 260.000, aproximadamente. “El año pasado estuvo muy quieto pero ahora está creciendo exponencialmente. Somos muy optimistas”, dijo D´Oliveira.

Este movimiento quiere agregarle al artículo 67 de la Constitución un inciso que diga: “las pasividades, las pensiones, y en general, todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el Banco de Previsión Social, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos, o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligaciones alimentarias, de salud, o las que consienta su titular.”

La iniciativa se funda en el rechazo al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que comenzó a aplicarse luego de que fuese considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a las pasividades. El movimiento recibe donaciones a través de Redpagos. El IASS recaudó en 2016 US$ 195 millones y grava a las jubilaciones que superan las 8 Bases de Prestaciones y Contribuciones (unos $30.784 aproximadamente al día de hoy) con alícuotas de 10, 24 y 30%.

BANCARIZACIÓN.

 El rol de “Un Solo Uruguay” también fue destacado por Tomás Casas, presidente del Centro Comercial de Lavalleja, una de las organizaciones que está detrás de una iniciativa para terminar con la inclusión financiera obligatoria que cuenta con el apoyo de la organización que se dio a conocer en el acto del pasado 23 de enero en Durazno.

“Vamos a hacer una serie de eventos a fines de octubre, el último domingo de ese mes vamos a estar en Maldonado. Y vamos a contratar una agencia de publicidad”, adelantó. Casas señaló que si bien la resulta difícil estimar en esta etapa cuántas firmas se han obtenido, en los departamentos del Este del país (Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Maldonado, Rocha y en las ciudades de Chuy y Pando), en los que nació la iniciativa, ya se rebasó el 25% del padrón electoral, al que necesitan llegar a nivel nacional. Este movimiento pretende que el dinero físico no pierda nunca su valor cancelatorio y que se agregue al artículo 52 de la Constitución un texto que prohíba expresamente la bancarización obligatoria.

AGUA.

El sindicato de OSE y organizaciones ambientalistas quieren dejar sin efecto la “ley de riego” que el Parlamento aprobó el año pasado, con la intención de incrementar la inversión privada en obras.

El vicepresidente del sindicato de OSE Hugo Prieto dijo que la recolección de firmas “viene bien, se han superado las 350.000 firmas y cada vez estamos más cerca porque muchos sectores se están dando cuenta que esta ley es contaminante y privatizadora”.

Los impulsores de esta campaña entienden que la ley viola el artículo 47 de la Constitución que establece que “las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico”.

SEGURIDAD.

La campaña que claramente está captando más atención pública es la impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga que tiene cuatro puntos: la adopción de disposiciones transitorias para la creación de una Guardia Nacional, con 2.000 efectivos, el cumplimiento efectivo de las penas, la creación del instituto de la prisión permanente revisable y dejar sin efecto la prohibición total de los allanamientos nocturnos en hogares que hoy está vigente porque así lo establece la Constitución.

En el “larrañaguismo” hay satisfacción. Sus estimaciones son que se superaron ampliamente las primeras 100.000 firmas. El pasado martes, Larrañaga recibió en Paysandú, de parte de una de las agrupaciones locales encabezadas por el diputado Nicolás Olivera, 10.000 firmas. Y mañana martes el senador Carlos Camy entregará en San José otras 10.000 firmas a la comisión que impulsa la recolección.

LA DECISIÓN DE LA POBLACIÓN

Firmas por medidas de seguridad

La campaña que tiene más atención pública es la impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga para implementar en la Constitución una serie de medidas para mejorar el combate a la inseguridad que se vive en el país.

No más impuestos a pasivos

Se quiere agregar al artículo 67 de la Constitución un inciso que diga que las pasividades, las pensiones y todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el BPS, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza.

Contra la polémica ley de riego

El sindicato de OSE y otras organizaciones promueven la anulación de la ley de riego por considerar que viola el artículo 47 de la Constitución que establece que las aguas superficiales, así como las subterráneas, constituyen un recurso subordinado al interés general.

Cambios en inclusión financiera

La ley llamada de “bancarización” establece el pago de salarios en forma obligatoria por vía electrónica (cuenta bancaria o dinero electrónico), pero luego la persona puede utilizar el dinero de la forma que crea conveniente: en efectivo, débito, cheque, entre otros.

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