DEBATE CONSTITUCIONAL

Expertos discrepan sobre el seguro de paro para los trabajadores públicos

Empleados estatales siguen cobrando el 100% de su salario como lo hacían ordinariamente, aunque no estén realizando sus tareas laborales.

El abogado Bernardo Porras entiende que en este momento no hay diferencias en los regímenes de trabajo del sector público y el privado. Foto: Gerardo Pérez
El abogado Bernardo Porras entiende que en este momento no hay diferencias en los regímenes de trabajo del sector público y el privado. Foto: Gerardo Pérez

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El primer antecedente de beneficios a desocupados en Uruguay surgió en 1919 cuando se creó un seguro para los trabajadores públicos. La medida se extendió a los trabajadores de las sociedades anónimas y a trabajadores zafrales. Luego, en 1958, se creó un programa de seguro de paro propiamente dicho para los privados que pierden sus empleos, el cual recibió cambios con el paso del tiempo.

Así lo señala un estudio titulado “Análisis del seguro de desempleo en Uruguay y discusión de propuestas para su modificación”. El informe fue publicado en 2008 en Cuadernos del Claeh por las investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas, Verónica Amarante y Marisa Bucheli.

Hoy son alrededor de 107.000 trabajadores privados cuyos empleadores solicitaron enviarlos al seguro de paro. De esa manera, mientras no pueden trabajar reciben una prestación de seguridad social que les ayuda, pero que es inferior, a veces muy inferior a su salario. Naturalmente, a su turno, esto alivia a sus empleadores.

Sin embargo, en el sector público idénticas situaciones se presentan y la solución es que el funcionario siga percibiendo el 100% de su salario como lo hacía ordinariamente, aunque no trabajen.

¿Qué justifica este tratamiento legal?

Para el abogado especializado en derecho administrativo y socio del estudio Hughes & Hughes, Bernardo Porras, este es un anacronismo hoy totalmente injustificado.

Es decir, hace 90 años se pensaba con cierta intransigencia que quien trabajaba para el Estado tenía una relación muy diferente con su empleador que aquella del empleado privado.

Empresarios trabajando en una oficina. Foto: Shutterstock
Empresarios trabajando en una oficina. Foto: Shutterstock

La terminología utilizada en la Constitución para referirse a uno y otro es distinta, reservándose la de “funcionarios” para los trabajadores públicos y la de empleados u obreros para los trabaje del sector privado.

Los artículos pertinentes son el 53 y siguientes y provienen mayormente de la Constitución de la República de 1934. Esta diferente caracterización supuso ya a mediados del siglo pasado discusiones tales como si a los funcionarios públicos les correspondía o no el derecho de huelga. Hoy eso ya no se discute.

Porras agrega que, en todos estos años se ha ido afirmando la idea de que por encima de alguna particularidad menor lo que debe predominar es la relación general del trabajo.

“Y así poco importa si se es empleado público o privado pues en cualquier caso corresponde que la remuneración sea justa, que haya un descanso diario, uno semanal, un respeto de su conciencia moral y cívica, etc.”, dice el profesional.

Y advierte que esas situaciones muestran que los diversos regímenes dirigidos a públicos y privados terminen teniendo más o menos los mismos contenidos solo que con una dispersión grande en los públicos que se agrava aún más por la existencia de un régimen de “estatutos múltiples”, sostiene.

El Decreto ley 15.180 no prevé un seguro de paro para la desocupación forzosa de los empleados públicos.

No obstante, Porras considera que tendría lógica que así fuera y recuerda que el artículo 67 de la Constitución establece entre otras cosas, que los seguros sociales por desocupación forzosa se organizarán para todos los trabajadores, terminología bastante amplia.

Reforma constitucional.

El abogado constitucionalista Martín Risso Ferrand dice que no es posible enviar a los trabajadores públicos al seguro de paro porque se trata de un régimen establecido por la Constitución de la República. Es decir, Risso Ferrand entiende que los regímenes de los trabajadores públicos y de los privados son totalmente diferentes.

Una opinión similar señala el también abogado constitucionalista, Rubén Correa Freitas. “Los regímenes de los dos tipos de trabajadores son absolutamente distintos”, dice el especialista en derecho constitucional. Y agrega que la Constitución de la República regula el trabajo de los funcionarios del Estado, mientras que la relación entre el empleador y el trabajador privado proviene de un contrato.

Correa Freitas entiende que para enviar al seguro de paro a los funcionarios públicos es necesario cambiar los estatutos de los trabajadores del Estado establecidos en la Constitución de la República.

Recorte resuelto por el gobierno a salarios elevados es constitucional
Luis Lacalle Pou, este jueves en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: Darwin Borrelli

El abogado constitucionalista Rubén Correa Freitas dice que es constitucional el recorte que hará el gobierno para aquellos salarios y jubilaciones de trabajadores públicos y cargos de confianza que perciban más de $ 80.000 y $ 100.000 líquidos respectivamente. Las quitas abarcarán a sueldos de funcionarios de las intendencias, entes autónomos y el Poder Judicial.

Correa Freitas explica que ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto cuando declaró constitucional el IRPF. “Eso está dentro de las potestades constitucionales del gobierno. Y a mi juicio no viola el principio de igualdad porque trata en forma igualitaria a quienes perciban sueldos líquidos por encima de los $ 80.000”, dice.

El abogado constitucionalista Martín Risso Ferrand también considera constitucional la decisión. Y entiende que el gobierno lo que hace es poner un impuesto similar al IRPF. “No hay problema alguno”, concluyó.

Un impacto devastador para la economía

En 2002, el número de trabajadores en el seguro de paro alcanzó los 37.302 y la tasa de desempleo llegó a 17%. El 13 de marzo de 2020 se conocieron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay. La cifra de solicitudes de envío al seguro de paro ya supera las 107.000 y ese número podrá crecer si se cumplen los anuncios de operadores de distintos ramos de la actividad. Estos advierten que se podría cortar la cadena de pagos en las próximas semanas por la caída de la actividad generada por la emergencia sanitaria. La medida fue decretada por el presidente Luis Lacalle Pou para evitar más contagios.

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