Caso en Venezuela

Un exfuncionario chavista es indagado en Uruguay por coimas

Lo investigan por presuntamente haber cobrado sobornos de millones de dólares a China.

El entonces ministro Rafael Benítez, y Chávez, recorriendo obras de infraestructura. Foto: AFP
El entonces ministro Rafael Benítez, y Chávez, recorriendo obras de infraestructura. Foto: AFP

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Se trata del mayor caso de corrupción de América Latina. Superior aún a la causa Lava Jato de Brasil. Funcionarios chavistas fueron acusados por la Justicia de Andorra de vaciar la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y cobrar coimas millonarias a cinco compañías chinas a cambio de obras de infraestructura energética por US$ 20.000 millones.

Esos contratos, concretados entre Venezuela y China en 2010, se denominaron el "Gran Volumen". Los proyectos terminaron en un fabuloso negocio de comisiones ilegales por US$ 2.000 millones que involucran al empresario de los seguros venezolano Diego Salazar y al entonces primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, L.E.T., hoy radicado en Uruguay, y a otros 27 jerarcas chavistas, según informó El País de Madrid. A través de sociedades anónimas, ese dinero fue depositado en la Banca Privada d`Andorra (BPA), cerrado en 2015 por blanqueo de capitales por las autoridades de ese pequeño estado ubicado en los Pirineos.

La Justicia de Andorra investiga el megacaso que hoy involucra a cuatro países (China, Venezuela, el principado europeo y Uruguay).

Un exhorto firmado por la jueza de Andorra, Canòlic Mingorance, solicitó a la jueza especializada en Crimen Organizado de 4° Turno, María Helena Mainard, que cite al exdiplomático chavista para ser indagado por videoconferencia.

A las 10.15 horas del miércoles 5, el exdiplomático venezolano, acompañado por un abogado uruguayo, declaró como indagado ante la jueza Mainard a través de esa modalidad. En la imagen se apreciaba a la jueza Mingorance realizando preguntas al exdiplomático mientras pasaba las páginas de un voluminoso bibliorato que contenía documentos y facturas de empresas chinas.

Operadores judiciales presentes en la indagatoria señalaron a El País que la jueza Mingorance mostraba un conocimiento profundo de la red de corrupción que involucraba a dirigentes chavistas en cargos de dirección de Petróleos de Venezuela y en empresas energéticas venezolanas que concretaron contratos millonarios con compañías chinas.

Desmedida.

Salazar no era un empresario más de seguros en Venezuela. Es primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo de Venezuela entre 2004 y 2012, quien presidió Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La jueza Mingorance descubrió que Salazar contactó con empresas chinas para facilitarles adjudicaciones a cambio de coimas. Para ello, Salazar se sirvió del primer secretario de la embajada de Venezuela en Pekín, L.E.T., hoy radicado en Uruguay. Para ocultar los beneficios, L.E.T. creó una sociedad panameña, Phomphien Corporation, y abrió una cuenta en la Banca Privada dAndorra.

Durante años, el esquema de corrupción funcionó en forma aceitada. Highland Assets, la sociedad tras la que se ocultaba Salazar y un colaborador, firmó un acuerdo con la compañía china Camc Engineering por el que le asesoraban en la obtención de los contratos millonarios que licitaba el Ministerio de Petróleo y Energía. Los contratos provenían especialmente de Petróleos de Venezuela y Corpoelec, en el marco de la obra que se ofrecían en el plan "Gran Volumen". Mingorance accedió al contrato.

Según El País de Madrid, la magistrada utilizó el texto para procesar a Salazar y otros 27 personas acusadas de hacerse de US$ 2.000 millones. Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó un escándalo de sobornos, pagó US$ 15 millones en comisiones a empresarios y altos funcionarios peruanos a través de ocho cuentas en la Banca Privada dAndorra (BPA).

La revelación forma parte de un informe confidencial de la Policía del Principado al que ha tenido acceso el diario El País de Madrid. Se trata de un documento fechado el 8 mayo de 2017 que rastrea las transacciones de la firma brasileña en este banco de Andorra entre 2008 y 2015, y que fue encargado por la jueza del caso BPA, Canòlic Mingorance. El texto desgrana la ruta del dinero que diseñó la mayor contratista de Latinoamérica para pagar sobornos.

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