RECLAMO POR PRISIÓN IRREGULAR

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El abogado boliviano Alejandro Melgar Pereira citó al Poder Judicial y al Ministerio del Interior a una audiencia de conciliación para el 21 de septiembre próximo, previa al juicio por daños y perjuicios que iniciará ese mismo día contra esos organismos.

Melgar Pereira reclama más de $ 39 millones (unos US$ 915.000) por haber sido encarcelado cinco años en forma indebida, según el escrito de su abogado, Carlos Bustamante, al que accedió El País.

El documento dice que Melgar Pereira sufrió una prisión ilegal en el marco de un arresto administrativo con fines de extradición para ser juzgado por un supuesto delito de terrorismo cometido en Bolivia. En Uruguay, Melgar estuvo preso entre el 12 de abril de 2012 y el 6 de enero de 2016 y por la aplicación de medidas sustitutivas de la libertad entre el 6 de enero de 2016 y el 26 de septiembre de 2017.

“La Policía efectuó la detención de mi defendido en forma ilegítima, en tanto no existía la orden escrita de un juez competente ni una orden de captura internacional librada por Interpol que fuera obligatoria para las autoridades de Uruguay”, dice Bustamante en su escrito.

Una sentencia de primera instancia que hizo lugar a la extradición de Melgar Pereira fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno y confirmada por la Suprema Corte.

Según Bustamante, la Corporación entendió en su fallo inapelable que se violaron los derechos de Melgar Pereira a tener un proceso justo.

“La sentencia de primera instancia, que concedió la extradición de Melgar Pereira a Bolivia, transgredió la Constitución de la República, el orden público interno y el derecho positivo vigente de Uruguay y del país del antillano. También violó el orden público internacional, los principios generales del derecho penal y los tratados internacional vigentes”, advierte el abogado penalista.

Melgar Pereira es de profesión abogado. Y es ciudadano natural de Uruguay y de Bolivia. Él fue “víctima de persecución política e intento de homicidio en Bolivia. Esta situación que, como es obvio, no fue singular, sino que afectó a un importante número de ciudadanos bolivianos que se exiliaron en los países vecinos buscando protección mediante el asilo o el refugio político”, expresa Bustamante en otro escrito.

Y agrega que, en cambio, Melgar Pereira decidió vivir en Uruguay, que también es su patria. Pero luego de dos años de residencia, fue detenido y sometido a arresto administrativo por parte de las autoridades que tomaron intervención en el caso, las que actuaron por “motivos políticos”.

En su documento, Bustamante recuerda que la comparecencia de Melgar Pereira ante el juez de Ciudad de la Costa, Juvenal Javier, y la fiscal Adriana Umpiérrez fue “absolutamente nula” porque, si bien el ciudadano boliviano contó con la asistencia de un abogado, este no tuvo acceso al expediente. Ello “impidió” a la defensa controlar la regularidad de la detención de Melgar Pereira y reclamar sus derechos, dice Bustamante.

El expediente fue remitido del Juzgado de la Costa a la jueza Especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos y se tramitó con intervención del fiscal Ricardo Perciballe, quien fue luego sustituido por Juan Gómez. En esa sede, la defensa pidió la nulidad del caso por indefensión y se opuso al pedido de extradición.

Bustamante recuerda que Melgar Pereira alegó la nulidad del pedido de extradición por razones formales, en tanto la solicitud violaba requisitos previstos en el Tratado de Extradición del Mercosur y a la vez incumplía el Código del Proceso Penal de Bolivia.

En ese sentido, señala que el juez del caso debía ser de la ciudad de Santa Cruz, lugar donde se produjeron los supuestos hechos de terrorismo y alzamiento armado cuya participación se le atribuye a Melgar Pereira y no el de La Paz, que pretendía juzgar al ciudadano boliviano.

Por eso, dice la defensa de Melgar Pereira, el expediente sobre la extradición era nulo.