Justicia

Fiscalías investigan denuncias por maniobras con cabañas, casas prefabricadas y contenedores

Como se agrandó su familia con la llegada de un nieto, el visitador médico Carlos Céspedes (nombre ficticio) decidió construir un apartamento en el primer piso de su coqueta casa ubicada en el Buceo.

Una persona allegada le recomendó una empresa constructora ubicada en el barrio Cordón.

Carlos es una persona minuciosa. Además de la recomendación, ingresó en Internet y buscó referencias de la empresa. En su página web, la firma mostraba distintas obras en curso en Montevideo y en Punta del Este.

No contento con ello, Carlos se entrevistó con el propietario de la empresa. La misma contaba con un lugar físico y el dueño aparentaba ser un hombre de fiar y capaz.

Al final Carlos se decidió. Compró un apartamento prefabricado llave en mano. Supuestamente, una grúa lo colocaría encima de unos pilares que la empresa construiría encima de la azotea de su casa.

Mediante la compra, Carlos suponía que iba a librarse de pagar impuestos y de lidiar con albañiles incumplidores.

Antes de entregar dinero, el visitador médico exigió la firma de un contrato donde estipulaba formas de pago y plazos de entrega de la obra. Luego en-tregó aproximadamente un 50% de lo pactado; alrededor de US$ 16.000.

Poco después, comenzaron a surgir hechos que le llamaron la atención: el único obrero que envió la empresa a su casa no tenía muchas herramientas. Ni siquiera una escalera. Carlos debió prestarle una. En una de las visitas a la obra recién iniciada, el dueño de la empresa llegó con una camioneta doble cabina cero kilómetro. Luego de finalizar los pilares, el obrero desapareció. Y el dueño de la empresa alegó que tenía problemas económicos y que devolvería el dinero entregado. Nunca lo hizo.

Durante las negociaciones, llovió. Como el obrero había destruido los pretiles y la membrana de la azotea, entró agua por el techo al interior de la casa. Carlos debió contratar a otra empresa para que le reparara el techo.

Asesorado por un abogado, Carlos presentó en julio de este año una denuncia en la fisca- lía penal dirigida por Mónica Ferrero.

Otras denuncias fueron realizadas por víctimas de estafas en la fiscalía especializada en Delitos Económicos, cuyo titular es el fiscal Enrique Rodríguez.

Miguel Reyno (nombre ficticio) pactó, con una empresa de Pando, la construcción de una cabaña de madera de dos dormitorios en un terreno que había adquirido en Marindia.

Reyno entregó el 30% del precio de la cabaña. La empresa construyó la platea de hormigón y luego colocó varios tirantes y columnas.

El dueño de la constructora dijo a Reyno que había tenido problemas y que necesitaba más dinero para materiales. Reyno realizó otras entregas de dinero a cuenta acercándose al precio final pactado (US$ 25.000). El constructor colocó el techo de chapa, terminó el baño y desapareció.

Reyno debió pagar a otros obreros para que le construyeran la cocina; instalaran la sanitaria y colocaran cerámicas en el piso de la cabaña. No denunció a la empresa.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos investiga una estafa de una empresa que cobró dinero para construir casas usando contenedores. Las víctimas residen en el interior del país. "Son varias las denuncias contra la misma empresa", dijo el fiscal Rodríguez.

El ex fiscal penal Gustavo Zubía procesó con prisión a varios estafadores que cobraban dinero por adelantado para construir casas prefabricadas y cabañas.

En las fiscalías hay dos corrientes: una considera que si el constructor realizó una parte de la obra pactada no tiene responsabilidad penal y el caso debe dirimirse en la Justicia civil. Y otra que señala que si hay una gran diferencia entre el monto económico desembolsado por la víctima y lo realizado por la constructora, se configura la estafa. "Tiene que haber además otros indicios. Que la empresa no pague al BPS, DGI, ni registre la obra ante esta. Esos son indicios de que actúan con mala fe", dijo Zubía.

"Los estafadores estaban bien asesorados por los abogados. Enseguida decían que no podían cumplir con lo pactado por problemas económicos y el tema debía dirimirse en la Justicia Civil", recordó.

Señaló que, en algunos casos, los estafadores devolvieron el dinero que habían percibido para no ir a prisión. Y agregó que varios constructores denunciados tenían antecedentes penales por el mismo delito. "Hay que cuidarse de esa organización. La gente tiene que cuidar sus pesitos", agregó Zubía.